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Los 'Panamá Papers' se filtraron en 2006 con información hasta entonces clasificada de operaciones supuestamente fraudulentas contra el fisco. Foto ilustrativa: Freepik.

Tres proyectos contra fraude fiscal sin impulso del Gobierno en sesiones extraordinarias

​Iniciativas–que surgieron tras investigación Panama Papers– están listas para ser votadas en el plenario, pero no han sido convocadas por el Ejecutivo, según la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios

24/01/23 | 14:12pm

Tres proyectos de ley relacionados con la lucha contra el fraude fiscal, dictaminados en 2022 y listos para votar, no fueron convocados por el Gobierno de Rodrigo Chaves durante las sesiones extraordinarias, en las que el Ejecutivo controla la agenda de la Asamblea Legislativa.

Así lo explicó este martes la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, en un segmento del programa Nuestra Voz en el que se le dio seguimiento a iniciativas surgidas en la comisión del Congreso que investigó los nombres costarricenses que aparecieron en los Panamá Papers.

La exdiputada Patricia Mora, quien fue presidenta de esa comisión investigadora —que trabajó entre mayo de 2016 y marzo de 2017—, recordó que los diputados de ese foro presentaron un "informe exhaustivo" de los Panamá Papers y recomendaron una serie de proyectos de ley para luchas contra el fraude fiscal.

Por su parte, Ronny Monge, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) que participó en esa comisión, señaló algunas de las reformas nacidas después de los Panamá Papers que ya están vigentes, como la Ley de Protección al Inversionista Minoritario, que se aprobó en agosto de 2016.

No obstante, Ramírez hizo hincapié en tres proyectos de ley que bien podrían haberse votado en los últimos tres meses de sesiones extraordinarias. Uno de ellos es para crear una ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales, que fue dictaminado en Hacendarios el 23 de septiembre de 2022.

La presidenta de Hacendarios también mencionó el proyecto de ley para hacer transparentes las amnistías fiscales, que "ya fue dictaminado positivamente" pero "tampoco se convocó", así como la iniciativa para fortalecer el combate del delito de fraude a la hacienda pública, que "esperaríamos que en ordinarias siga su trámite normal".

Otro proyecto de ley encallado es el que busca la transparencia en las operaciones de bienes de registro, para el cual se presentó un texto sustitutivo, el cual "estaríamos por conocer en ordinarias porque tampoco fue convocado por el Gobierno" en extraordinarias, señaló Ramírez.

La presidenta de Hacendarios destacó que varios proyectos propuestos tras los Panamá Papers ya se han convertido en ley, como la creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, y la reforma a varios artículos de la ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

No obstante, también hay otras iniciativas emanadas de la comisión investigadora de los Panamá Papers que han sido archivadas, como las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Por otra parte, el país sí cuenta con una ley de fraude fiscal aprobada en 2016, lo que fue "bastante importante", según Ramírez.

Sin embargo, pese a que "hay mucha legislación" y muchas iniciativas para regular este asunto, hay "pocos mecanismos" para fomentar el cumplimiento y la ejecución de las leyes, dijo la presidenta de Hacendarios, que además criticó que el Gobierno de Chaves recortó más de ₡8.000 millones para la lucha contra el crimen organizado.

"Pese a que existe la ley, no hay una ejecución adecuada en Hacienda de toda esta legislación que está aprobada y que hoy no se ha ejecutado", dijo Ramírez.

"¿Por qué no convoca?"

Patricia Mora comentó que, "si el Gobierno del señor Chaves está tan interesado en reformar efectivamente el marco jurídico tributario, en fortalecer la aplicación de sanciones, en mejorar los sistemas de información, ¿por qué no convoca los proyectos que tienen seis años de estar en la corriente parlamentaria?".

"Nuestro país no avanza con la rapidez y prontitud que debería de hacerlo ante una situación alarmante en cuanto al robo a la hacienda pública", añadió la exdiputada del Frente Amplio.

Ronny Monge recordó que uno de los proyectos de ley pendientes pretende bajar el umbral de los 500 salarios base por un año que establece el código de procedimientos tributarios para definir el fraude a la hacienda pública. Actualmente, "si yo defraudo por 499 salarios base durante 10 años consecutivos no se considera delito", reprochó.

Por su parte, Paulina Ramírez concluyó que se requiere legislación y acciones para colocar al país dentro de las mejores prácticas tributarias a nivel internacional. Sin embargo, "pareciera" que esa no es la prioridad del Gobierno, afirmó. "Espero que en las próximas ordinarias podamos darle prioridad", dijo la legisladora del PLN.

Los Panama Papers evidenciaron cómo una industria global de abogados y grandes bancos vendieron confidencialidad financiera a políticos, estafadores y narcotraficantes, multimillonarios, celebridades y estrellas del deporte para la realización de acciones fraudulentas de evasión o elusión fiscal.

La investigación fue revelada en el 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en 2016; a través de una investigación internacional en la que participó AmeliaRueda.com y su plataforma de investigación databaseAR.com.

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