Congelar alza salarial, recortar horas extra y publicidad: acciones del Gobierno para contener gasto

Recortes en remuneraciones de empleados públicos, reducción en partidas presupuestarias y otras acciones administrativas forman parte del compendio de medidas que el Poder Ejecutivo expuso este miércoles ante la Asamblea Legislativa para contener el gasto.

Durante más de una hora, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, planteó las acciones que incluyen fijar el incremento salarial para cada funcionario público, recortar en publicidad, horas extra y viajes.

A continuación se detallan las medidas que emprenderá el Poder Ejecutivo, punto por punto:

En materia de remuneraciones:

-Se decretará semestralmente un mismo monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del Gobierno. Se calculará como resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al sueldo base más bajo. Impacto: ¢12.600 millones, incluidas las cargas sociales.

Esta medida permanecerá hasta que se introduzca una modificación en el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que defina que todos los pluses porcentuales se establezcan de manera nominal con el objetivo que las remuneraciones crezcan conforma a la inflación, o bien, con la entrada en vigencia de una nueva ley de empleo público.

-Desde el 1 de junio próximo, el monto por cada anualidad se mantendrá sin crecimiento. Impacto: ¢96 mil millones, incluidas las cargas sociales.

-El valor de los puntos que se asignan al incentivo de carrera profesional permanecerá sin variación. Además, no se reconocerá a los nuevos funcionarios el plus por el título que exija su puesto. Impacto: ¢1.500 millones anuales.

Un aumento fijo en el salario base de otras cargas, como dedicación exclusiva y prohibición, se dará un ahorro anual de ¢2.657 millones.

-Solo hasta un 25 por ciento de las plazas vacantes se podrán utilizar. Impacto: ¢17.343 millones en presupuesto del 2018.

-No se autorizarán nuevas reasignaciones de puestos. Impacto: ¢2.500 millones.

-Una nueva escala para reducir el pago del incentivo de dedicación exclusiva para los nuevos funcionarios. En el caso del bachillerato será del 10 por ciento y para licenciatura del 25 por ciento. Adicionalmente, se plantea una reforma de ley para reducir al 30 por ciento el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura.

-Las instituciones bajo autoridad presupuestaria pero fuera del Régimen del Servicio Civil se establecerá un sistema de salario único en el caso de los nuevos empleados.

En materia del presupuesto 2018:

-Los gastos corrientes, sin tomar en cuenta los intereses, procesos de compra y otros compromisos adquiridos, no ejecutado durante el primer semestre serán trasladados a una partida de sumas libres de asignación presupuestaria.

-Reducción de la partida para horas extra en un 50 por ciento. Impacto: ¢3.295 millones en 2018, aunque se mantendrá la medida durante toda la administración.

-Recorte al presupuesto de publicidad en un 30 por ciento, salvo el caso del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Impacto: ¢173,5 millones en 2018.

-Reducción de un 30 por ciento a la partida para viajes y viáticos al exterior, con excepción del Ministerio de Comercio Exterior, Cancillería e ICT. Impacto: ¢173,2 millones.

-Disminución del 50 por ciento en gastos de actividades protocolarias y sociales, salvo Casa Presidencial y la Cancillería. Impacto: ¢99,6 millones.

-Reducción del presupuesto de servicios económicos y sociales en un 20 por ciento. Impacto: ¢320,7 millones.

En materia presupuestaria para el 2019:
-Exceptuando el servicio de la deuda, pensiones y gastos del capital, el resto del presupuesto será igual al monto nominal del año en curso.

-¢60 mil millones del superávit libre se destinará anualmente para amortiguar la deuda.

Otras acciones administrativas:

-No se autorizarán reestructuraciones administrativas que impliquen aumento en gastos, tampoco se permitirán nuevos alquileres.

-Se propiciará el teletrabajo y el uso de la firma digital.

-No se autorizarán pagos a contrataciones que se realicen fuera de la plataforma del Sistema Costarricense de Compras Públicas (SICOP).

-Renegociación de las convenciones colectivas, donde se incorporará a la mesa de diálogo a representantes del Ministerio de Hacienda.

-Se retendrá la contribución solidaria de 200 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, con un impacto de ¢2 mil millones anuales.

-Uso de videoconferencias para al menos el 15 por ciento de las reuniones, uso de soluciones informáticas en la nube y convenios para el uso de centros de datos con capacidad instalada.

Acciones que le competen al Congreso:

-Fusionar el Banco de Crédito Agrícola de Cartago por parte del Banco de Costa Rica (BCR), lo cual permitiría recuperar ¢113 mil millones.

-Aprobar leyes como la de ordenamiento de las exoneraciones (expediente 19.531), uso de mecanismos de financiamiento en el mercado internacional (expediente 20.535); la reincorporación del apartado de destinos específicos al proyecto 20.580, así como un apartado que tome en cuenta pasar los actuales incentivos laborales establecidos como porcentaje a un monto nominal, y avanzar en la regla fiscal constitucional.

La Ministra explicó que el conjunto de medidas, además de la aprobación del expediente 20.580 y una ley de empleo público que empiece a regir dentro de dos años permitirá reducir el déficit financiero en 3 por ciento del Producto Interno Bruto.

Las acciones planteadas por el Ejecutivo se harán realizada por medio de directrices, decretos y procesos administrativos. Algunas también requerirán de nueva legislación.

El Gobierno aseguró que estas medidas no representarán una reducción del salario nominal que en la actualidad perciben los funcionarios públicos. De igual manera, se prometió no afectar los programas sociales.

Exigencia

Según la Ministra, la intención que tiene el actual Gobierno es poder llegar a una estabilidad en el déficit de al menos un 3 por ciento del Producto Interno Bruto.

Durante reuniones sostenidas los primeros días de la administración Alvarado Quesada, la mayoría de bancadas legislativas exigieron al Poder Ejecutivo mostrar un plan de contención del gasto si quería avanzar en la aprobación del proyecto 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Tras conocer estas solicitudes, el Gobierno prometió que la ministra de Hacienda acudiría con un plan en esa línea, tal y como lo presentó este miércoles.

Aguilar ha señalado que si bien el expediente 20.580 es insuficiente para combatir el déficit fiscal es fundamental su aprobación, y posteriormente se podrán llevar a cabo otros esfuerzos encaminados en la misma línea.

Antes de las medidas anunciadas por Aguilar, el Poder Ejecutivo anunció previamente otras medidas como el congelamiento de alzas salariales de los jerarcas del Gobierno y la reducción de los sueldos de gerentes de bancos estatales para equipararlos todos a ¢9,5 millones.