Nueva versión de proyecto sobre empleo público será presentada en febrero, según Gobierno

El Gobierno de la República propondrá una nueva versión del proyecto de ley para regular el empleo público en febrero, de modo que los diputados puedan reactivar la discusión de esa iniciativa. Así lo afirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante la consulta de AmeliaRueda.com.

La discusión del proyecto se pausó desde octubre pasado, cuando los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración decidieron suspender el trámite para solicitar mejoras por parte del Poder Ejecutivo.

La ministra Garrido indicó que la nueva versión del proyecto mantendría la propuesta de crear "subregímenes" de empleo, a pesar de las críticas que recibió ese sistema por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Según el Gobierno, esos "subregímenes" permitirían aplicar bases salariales más competitivas para ocho distintos modelos de empleo público, pero con una menor cantidad de incentivos económicos adicionales.

Los ocho bloques de trabajadores que propuso el Ejecutivo son un grupo general de empleados del sector público; junto con otras siete divisiones especiales para profesionales de la salud, policías, educadores, trabajadores de universidades públicas, empleados judiciales, servidores de confianza y diplomáticos.

Según señaló la ministra, la idea es continuar con estos "subregímenes", pero especificar una "columna salarial única" que los integre. De esta forma, dijo que quedarían definidos “los rangos de las familias de puestos según la responsabilidad, especificidad y funciones”.

“Una columna salarial es una herramienta eficiente de valoración de puestos que busca definir la remuneración de un puesto con base en factores como las competencias, especificidades, funciones y responsabilidad requeridos para desempeñar cada cargo”.

“Una vez que se cuenta con la definición de estos factores, se pondera su peso relativo, asignándoles un puntaje para determinar el valor que debe recibir cada cargo, procurando así una compensación objetiva y equitativa de las personas. Con la valoración de puestos, los trabajos que tengan la misma ponderación, recibirán el mismo salario”, detalló.

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Además, la ministra adelantó que el nuevo proyecto contemplaría definir al Servicio Civil como un órgano desconcentrado del Ministerio de Planificación, dejando la total rectoría de las contrataciones del Estado en manos del Mideplan, como solicitó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Actualmente, la DGSC es un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, sin embargo, para velar por la coherencia entre los lineamientos generales emitidos por Mideplan, como rector de empleo en el sector público, y para el ejercicio de sus funciones es pertinente y oportuno que sea un órgano desconcentrado del ente rector”, explicó la ministra, a través de su equipo de prensa.

La jerarca además aseguró que la nueva redacción del texto definirá una instancia para la resolución de conflictos en materia de empleo público.

A favor y en contra de "subregímenes"

Los "subregímenes" de empleo propuestos por el Gobierno recibieron fuertes críticas por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

La contralora Marta Acosta dijo ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración que sería mantener “las disparidades existentes en el sistema de remuneraciones”. La funcionaria aseguró que el proyecto mantendría “inalterable la multiplicidad de normas aisladas”.

Esa crítica fue respaldada por varios diputados de oposición, los cuales manifestaron no observar mayores reformas en materia salarial y de gasto público, pues los "subregímenes" podían mantener brechas importantes y autorregulaciones.

No obstante, el Mideplan ha sostenido que es valioso mantener algunas diferenciaciones. Según la cartera, esto tiene sentido por las especificidades de cada sector.

El Servicio Civil también dio una visión más favorable sobre los ocho subregímenes. Para ellos, estos bloques permitirían reducir -aunque sea parcialmente- la dispersión actual.

En esa línea, Alfredo Hasbum, director del Servicio, había indicado que el proyecto le parecía un gran avance, pues resultaría “sumamente complejo” manejar un solo régimen de empleo público, como propone la CGR.

Costa Rica contabiliza más de 300.000 empleados públicos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Ellos componen un 15% de la fuerza laboral.