Gobierno de Nicaragua acusa a Cancillería tica de intervencionista

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, reprochó mediante un comunicado la postura de la Cancillería de Costa Rica ante el recrudecimiento de la represión y la violencia contra la sociedad civil en Nicaragua y calificó la postura de su homólogo costarricense de "atrevida e injerencista".

"El gobierno de Nicaragua ha sido respetuoso de los múltiples y frecuentes conflictos, laborales, sociales, económicos, estudiantiles, o los graves problemas de seguridad ciudadana, que se han presentado y presentan a diario en ese hermano país", señala la misiva.

La Cancillería de Costa Rica solicitó al gobierno de Daniel Ortega el cese de los actos represivos contra la población nicaragüense, y la restitución de los derechos de manifestación, libertad de prensa y expresión por medio de un comunicado.

"Reclamamos al gobierno de Costa Rica respeto y contención, ya que su actitud injerencista e interventora en temas que no les pertenecen, chocan con las normas elementales de convivencia y buena vecindad que nosotros sí observamos y reconocemos" señaló el gobierno nicaragüense.

Para las autoridades del país vecino, "Costa Rica demuestra una vez más hipocresía e ignorancia, así como desinformación e inaceptable alineamiento sobre temas y con grupos que han difamado y continúan difamando a Nicaragua".

"Recordamos al Gobierno de Costa Rica que tiene techo de vidrio, y que Nicaragua es una patria valiente, libre y soberana con constitución, instituciones y estado de derecho; les recordamos que no somos, ni seremos, colonia de nadie", declaró el gobierno nicaragüense.

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Al menos 13 líderes sociales, entre ellos la estudiante belganicaragüense Amaya Coppens, fueron detenidos en Nicaragua el 14 de noviembre anterior cuando intentaban auxiliar a familiares de manifestantes detenidos que realizan una huelga de hambre.

Debido a este hecho y a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, las autoridades costarricenses exhortaron a que se restablezca el diálogo en la nación vecina con el fin de que el gobierno de Daniel Ortega y los grupos de oposición logren una salida a la crisis que garantice el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, además de que se instalen las bases para convocar a elecciones libres, participativas, transparentes y con observación internacional.