Gerente de empresa investigada en caso "Cochinilla" queda libre pero con impedimento de salida

El gerente operativo de la constructora Also Frutales S.A., Juan Carlos Abarca Quesada, quedó libre aunque con impedimento de salida de Costa Rica mientras se le investiga por su aparente participación en el caso "Cochinilla".

De esa manera lo resolvió la mañana de este 19 de junio el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea, al culminar una de las dos audiencias de medidas cautelares que se llevan a cabo desde hace cuatro días por el escándalo de aparente corrupción con obras viales.

Abarca Quesada además deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

• Entregar inmediatamente su pasaporte como condición de liberación.
• Mantener el domicilio señalado en su indagatoria. Firmar una vez por semana en la Fiscalía de Turno Extraordinario del II Circuito Judicial de San José a partir del 20 de junio.
• Abstenerse de realizar trámites personales o por cualquier medio ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de comunicarse con los coimputados del proceso que sean funcionarios de dicho órgano.

Así se desprende de una resolución del juez Félix Castellón Ruiz, suministrada a AmeliaRueda.com por el defensor del empresario, Luis Alonso Salazar Rodríguez.

Con esta determinación, se rechazaron los 12 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

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En esta misma cita se discutieron y rechazaron las medidas cautelares peticionadas contra el ingeniero y topógrafo de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Luis Ureña Villalobos. Este último fue de inmediato libreado sin ningún tipo de disposición.

La presente audiencia de medidas se inició por separado de la principal, con el fin de evitar un atraso en esta última, toda vez que los defensores de los encartados no pudieron presentarse a tiempo para el arranque de la cita.

Hasta el mediodía de este 19 de junio, la audiencia principal se mantenía en curso con la exposición de las defensas técnicas de 13 indilgados contra los que el Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva. Estos son:

• Abel González Carballo, gerente general de Meco.
• Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de Meco.
• Tobías Arce Alpízar, empleado de Meco.
• Oscar Martínez Martínez, presidente de ITP S.A.
• William Herrera Chacón, gerente general de Constructora Herrera.
• Alister Cervantes Morales, gerente de la empresa Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (DICCOC).
• Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad.
• Hugo Fallas Zúñiga, funcionario de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.
• Elsie Carmona Rivas, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• Harold Mora Obando, funcionario del Consejo Nacional de Vialidad.
• Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad.

Adicionalmente, se tiene que el órgano acusador pedirá disposiciones alternativas -que no han sido precisadas- contra:

• Alejandra Bonilla Guillén, empleada de Meco.
• Laura Chaves Mora, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• José Manuel Rojas Monge, director financiero del Consejo Nacional de Vialidad.
• Edgar May Cantillano, ingeniero de proyectos del Consejo Nacional de Vialidad.
• Marlon Zamora Zamora.
• Edwin Castro Rodríguez, presidente de Constructora Montedes.
• Érick Rodríguez Araya.
• Abraham Sánchez Castro, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad.
• Eliécer Rivera Campo, funcionario de Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• Luis Quesada Pérez.
• Mauricio Ortiz Vega, funcionario del Consejo Nacional de Vialidad.
• Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo Nacional de Vialidad.
• Marcela Monge Aguirre, gerente de Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad.
• Mario Quesada Aguirre, vicepresidente de Tribunal Administrativo de Transporte.
• Sonia Solís Vargas, dueña de Also Frutales.

La Fiscalía Anticorrupción defendió que las medidas solicitadas se fundamenta en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, tales como el peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva. El jefe de ese despacho, Glen Calvo Céspedes, defendió que estas disposiciones son proporcionales, necesarias y racionales .

Sin embargo, las medidas ahora deben ser confirmadas por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Este último órgano primero tendrá que escuchar los argumentos de las defensas de los sospechosos en cuestión y sopesarlo con la exposición que dio el Ministerio Público por tres días.

Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera y Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso -al que se le asignó el expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

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Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.