​Ganancias en el extranjero de empresas domiciliadas en Costa Rica pagan impuesto de renta: Sala IV

Si una empresa está domiciliada en Costa Rica e invierte en el extranjero, igualmente debe pagar en el país el impuesto sobre la renta de esos rendimientos por ser costarricense su fuente productora de recursos, determinó la Sala Constitucional en un fallo del 12 de octubre dado a conocer la semana pasada.

Así respondieron los magistrados a sendas acciones de inconstitucionalidad presentadas por los bancos BAD, Promérica y Lafisse, que reprochaban la jurisprudencia emitida por la Sala Primera con respecto a la interpretación de algunos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esos bancos afearon que, a raíz de la jurisprudencia de dicha Sala, la Administración Tributaria iniciara una acción fiscalizadora para revisar las declaraciones del impuesto sobre la renta de una entidad bancaria en 2012 y 2013, lo que derivó en ajusta que aumentó la base imponible para ambos años.

La Administración Tributaria tuvo a bien ampliar la base imponible de ese banco por concepto de "ingresos por depósitos a la vista e inversiones en entidades en el exterior", considerando que las rentas en el extranjero tenían "fuente costarricense" por estar la entidad localizado y domiciliado en Costa Rica.

En resumen, las entidades bancarias cuestionaron que esta lectura vulnere el principio de territorialidad del impuesto sobre la renta, pues la interpretación de la Sala Primera es que dicho principio no se refiere exclusivamente a un asunto geográfico, posición con la que estas empresas no concuerdan.

Territorialidad no es necesariamente geografía

En su fallo, la Sala Constitucional ratificó la visión de la Sala Primera y de la Administración Tributaria, al confirmar que el principio de territorialidad no tiene que exclusivamente con un aspecto geográfico. Hay casos en los que "existe una vinculación económica" entre los ingresos en el extranjero y la fuente local.

"Es evidente […] que si la empresa accionante es una empresa domiciliada en Costa Rica, su fuente productora de renta es costarricense y el capital invertido en el extranjero es costarricense, los rendimientos obtenidos forman parte de los ingresos gravables de la empresa en Costa Rica", reza el fallo de la Sala IV.

"Existe una vinculación económica entre los ingresos producidos en el extranjero y la fuente productora de empresa domiciliada en Costa Rica, lo que no lleva en sí mismo un cambio del concepto de renta territorial —vigente al momento de las actuaciones fiscalizadoras— por el criterio de renta mundial", añade el fallo.

"Se concluye que no se vulnera el principio de legalidad tributaria y lo que corresponde es declarar sin lugar esta acción", dice la argumentación de los magistrados, de los cuales solo uno se separó del criterio de la mayoría, por lo que las acciones de inconstitucionalidad fueron declaradas sin lugar.

"Se limitan los accionantes a afirmar que la jurisprudencia cuestionada promueve un escenario de doble imposición, sin que se identifiquen las exacciones que recaen sobre el mismo objeto impositivo, ni se aporten elementos apropiados" para corroborarlo, añade la resolución.

"Nos quieren meter la renta mundial a la fuerza"

Este lunes, en el programa Nuestra Voz, el diputado Eliécer Feinzaig dijo que la resolución de la Sala IV da a entender que "nos quieren meter la renta mundial a la fuerza sin que la Asamblea Legislativa haya aprobado una ley al respecto". Según el legislador, "eso ya no es renta territorial".

Calificando de "muy curiosa" la resolución de la Sala Constitucional, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) señaló que la ley "es muy clara en decir que se paga el impuesto sobre las rentas generadas en territorio nacional, y ahora la Sala IV ha dado un criterio extendido donde dice que se paga impuesto sobre rentas generadas en el exterior con dinero generado en Costa Rica".

El legislador recordó que en junio su partido presentó un proyecto de ley de "interpretación auténtica del concepto de territorialidad" en el impuesto sobre la renta, e instó al Gobierno a convocarlo porque "lo que aprobó la Sala IV pone en riesgo una vez más la seguridad jurídica" para los inversionistas.