14 funcionarios del AyA ayudaban a banda criminal a ganar contratos públicos, según OIJ

Catorce funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ayudaban a una banda criminal a ganar contratos públicos. Se trata de administradores de zona, ingenieros y abogados de la entidad.

Así lo reveló este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realiza 37 allanamientos para desarticular este grupo acusado de varios delitos: narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción.

De acuerdo con el director del OIJ, Walter Espinoza, el grupo criminal era investigado por el tráfico de drogas y luego se logró su ligamen con funcionarios públicos, ya que ellos crearon empresas para participar en procesos de licitación de obra pública.

“Para ese efecto habían contratado funcionarios para que les dieran facilidades en la adjudicación de las licitaciones, de esa manera, el dinero en efectivo, sucio, ilegítimo y de origen oscuro (que conseguían con el tráfico de drogas), se mezcla con dinero bancarizado del Estado y eso les permite dar una apariencia de legalidad insertado en el sistema financiero.

“¿Qué hacían los funcionarios públicos? Les avisaban cuándo eran las licitaciones, les indicaban los momentos, manera y montos que debían licitar. Les ayudaban a confeccionar las ofertas; adicionalmente, les brindaban criterios jurídicos que los favorecían y al mismo tiempo les indicaban cuáles eran los proyectos y cuál era el presupuesto asignado”, explicó Espinoza.

Precisamente, el trato preferencial que esta banda de narcotráfico tenía en los contratos del AyA le permitió ganar, solo en los últimos ocho meses, al menos 17 licitaciones que suman más de ¢700 millones.

Además, de los funcionarios de Acueductos, se indica que la banda criminal tenía la colaboración de un empleado de un banco estatal, quien también les ayudaba a bancarizar los fondos que venían del lavado del dinero y combinarlos con los pagos que les daba el Estado.

Se indica que este empleado bancario también les ayudaba a hacer los cambios de dólares sin despertar sospechas y cómo superar los filtros antilavado que tienen las entidades financieras.

De acuerdo con la investigación del OIJ, la banda, por medio de testaferros, logró adquirir 22 bienes inmuebles y 30 vehículos de uso personal y de construcción.

Los 37 allanamientos que se realizan por este caso, llamado el “caso Azteca”, se desarrollan en Puntarenas, Cartago, Alajuela, San José, San Isidro del General, Esparza, Orotina, San Mateo y Pérez Zeledón. En los sitios se ha ubicado maquinaria de construcción que pertenece a las supuestas empresas constructoras creadas por esta banda.

Hasta el momento se confirma la detención de 23 personas.

Para el director del OIJ el caso que se revela este martes es “gravísimo” para el país, ya que muestra cómo el narcotráfico y “el mundo del crimen” puede introducirse en las entidades del Estado.

Se indica que el grupo de funcionarios públicos involucrados recibía dinero, bienes muebles e inmuebles a cambio de la ayuda a la banda criminal, a la cual, años atrás ya se le habían realizado decomisos de droga en vías nacionales.

Dentro de la ayuda que daban al grupo criminal, se incluye la confección de facturas falsas, gastos inexistentes y simulación de situaciones de emergencia para generar contrataciones que luego los favorecían.