"Él no se fugó, no existe rebeldía porque nunca fue comunicado del proceso", dice defensa de Víquez

El abogado en Costa Rica del exsacerdote, Mauricio Víquez, asegura que su representado no estaba en condición de fuga o rebeldía debido a que nunca existió una notificación formal del proceso penal en su contra.

"En realidad se ha hablado de que él está rebelde, que él se fugó y eso no es cierto, aquí no existe rebeldía porque él nunca fue comunicado de un proceso judicial. Nunca se le citó y él se fue del país, eso está claro, pero no hay fuga, él no se ha fugado, no ha sido objeto de ninguna causa en donde se le indicara que debía presentarse", dijo el defensor del excura , Rafael Rodríguez.

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Pese a sostener esa tesis, el jurista asegura que su recomendación con el detenido será someterse a la extradición voluntaria y venir al país a enfrentar las acusaciones por violación, sosteniendo el argumento de que Víquez no estaba en fuga.

"Él no se ha fugado, no hay fuga, entonces en este caso particular estamos realizando el análisis de sí están o no prescritos los hechos. Nuestra recomendación es que sí él había tomado la decisión de irse del país se someta a la justicia en Costa Rica y se determine la realidad o no de los hechos que se le están denunciando y además, que se verifique en qué condición es que se está manifestando de parte de la Fiscalía: si hay rebeldía, fuga o un implicado ausente del proceso porque a él no se le ha citado en ningún momento", enfatizó.

Proceso activo

Al exsacerdote Mauricio Víquez ya se le asignó un defensor público mexicano y se está a la espera de que las autoridades judiciales de Costa Rica envíen el documento formal donde se solicita la extradición y se detallen los hechos por los que debe ser juzgado.

"Queremos saber si van a pedir que él sea extraditado, repatriado o deportado, eso depende de cuál va a ser la situación que el juzgado tramite", explicó Rodríguez.

Además, se está a la espera que las autoridades mexicanas también tomen sus decisiones, debido a que el excura se encontraba en ese país con un estatus migratorio irregular.

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"Es conocido que todas las personas que ingresan a un país tienen un período de gracia como turistas de tres meses para poder circular dentro de la nación con un estatus migratorio lícito. El estatus migratorio de él no estaba al día, entonces tiene también esa posibilidad de ser deportado por no cumplir con los requisitos migratorios internos", reconoce el defensor.

Ayuda consular

El abogado en Costa Rica del excura confirmó que ya se dio una comunicación entre los familiares de Víquez y el detenido, ellos aseguran que se encuentra bien pero con necesidad de enseres básicos de uso personal.

"Él está tranquilo, la única situación que tenemos es el problema de sus efectos personales, estamos tratando de verificar si el consultado nos puede brindar apoyo para hacerle llegar a él enseres de uso personal que está requiriendo, como ropa, ya que él fue detenido y fue sacado del lugar en donde estaba radicando y no se previó la posibilidad de que pudiera llevar consigo algún tipo de utensilios de uso personal, vamos a solicitar a las autoridades que le faciliten la ayuda ya que él como extranjero tiene derecho al auxilio consultar.

"Él está tranquilo, está tranquilo también en el lugar en donde está detenido, no ha tenido maltrato ni un trato que nos ponga en alerta de que se encuentra en riesgo su salud o alguna condición particular", agregó Rodríguez.

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Víquez se encuentra actualmente en Ciudad de México, en el Reclusorio Sur, un centro de detención para personas con estatus migratorio irregular o en proceso de extradición.

Los hechos

El exsacerdote Mauricio Víquez deberá enfrentar en Costa Rica cuatro denuncias penales en su contra por violación a menores de edad.

Los hechos se dieron a finales de los años 90s y las primeras denuncias en su contra se dieron desde el año 2003 ante las autoridades católicas, quienes no actuaron de inmediato, si no hasta 15 años después.

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Ante la inacción de la Iglesia, las víctimas decidieron hacer públicos los hechos en medios de comunicación el año anterior, mientras que una de las supuestas víctimas interpuso la denuncia penal.

Otros tres presentaron la denuncia a principios de agosto aprovechando la reforma de ley que amplió a 25 años (después de cumplir la mayoría de edad) la posibilidad de denunciar abusos ocurridos a menores.