Los diputados podrán hacer observaciones; sin embargo, los acuerdos los tomarán los sectores involucrados en la mesa de diálogo. El papel de los legisladores es esencial porque solo ellos podrían aprobar muchas de las reformas que acuerden los actores sociales.
12/10/20 | 13:01pm
Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa analizaron con optimismo la apertura de una mesa de diálogo multisectorial recién anunciada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el presidente legislativo Eduardo Cruickshank, este domingo 11 de octubre en horas de la noche.
Los diputados coincidieron en señalar como una ventaja que el proceso lo coordine el director del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel; quien les comunicó que la Asamblea Legislativa participará como un observador activo en el proceso de diálogo, en medio de una reunión desarrollada este 12 de octubre por la mañana.
Gobierno y jefes de fracción se reunieron en Presidencia, donde Vargas les presentó a los legisladores la metodología y operativización que se utilizará en el proceso. Esto incluyó la petición de que no se involucren de manera directa en el proceso de diálogo hasta que la mesa, y los distintos sectores representados en ella, genere sus propios resultados.
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El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, indicó analiza lo expuesto como un proceso que le esperanza, aunque enfatizó que el país urge responsabilidad y respuestas muy prontas para resolver problemas económicos y sociales cuanto antes.
El representante de la bancada más grande y que aglutina a la mayor cantidad de diputados de oposición en el Congreso (17 de 57 totales) señaló que su fracción será vigilante de que las medidas que se acuerden permitan atacar la pobreza, reducir la inequidad social y generar empleo, algo que definió como un mecanismo idóneo "para que exista paz social en Costa Rica".
Similar opinó la subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, quien destacó la oportunidad de abrir canales de diálogo "abierto y transparente", y agregó que hizo un llamado expreso para que las sesiones sean "públicas, transparentes y de conocimiento de todos y todas las costarricenses".
La jefa de bancada del Partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, también calificó el proceso como "oportuno" aunque más bien tardío; pero subrayó su confianza en Vargas Cullel y Estado de la Nación para "reunir los datos sobre los que podrían salir las propuestas correctas que lleguemos a ver en la Asamblea Legislativa".
Menos positivas fueron las observaciones del bloque independiente Nueva República, cuyo vocero Jonathan Prendas afirmó que el encuentro de este lunes no dejó "respuestas ni propuestas concretas" y que, desde su punto de vista, se deben "acelerar los acuerdos" todavía más.
El respaldo de la Asamblea Legislativa a la propuesta de diálogo del Ejecutivo es esencial, pues muchos de los acuerdos a los que lleguen los distintos sectores podrían implicar el impulso de proyectos de ley. De ser así, las iniciativas tendrían que ser votadas en el parlamento, donde existe una amplia segmentación y solo una bancada posee 17 escaños (el resto diez o menos de los 57 totales).
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, afirmó haber observado "una gran receptividad" de proceso por parte de los diputados, quienes participarán "en un cuarto adjunto a la mesa de diálogo". Según señaló, la idea es que tengan "una participación decisiva y muy importante en los acuerdos que se vayan generando".
Los presidente del Poder Ejecutivo y de Poder Legislativo anunciaron la noche de este domingo que el país abrirá una mesa de diálogo con la participación de 29 representantes de distintos sectores, para buscar soluciones a la difícil situación económica que vive el país y que ya amenaza con problemas de insostenibilidad financiera en el mediano plazo.
La mesa estará conformada por cuatro representantes del Poder Ejecutivo (Hacienda, Trabajo, Desarrollo Humano y Planificación), así como por 25 representantes de la sociedad civil: cuatro del sector empresarial, dos del sector agropecuario, dos de municipalidades, dos de asociaciones solidaristas, cuatro de sectores sindicales, uno de representaciones comunales, uno de agencias de desarrollo, uno del sector estudiantil, cuatro del sector cooperativistas, dos de asociaciones feministas y dos representantes de la Iglesia.
Según dijo Vargas Cullel, la intención del proceso es establecer las bases para revertir la relación negativa entre ingresos y gastos del Estado, mediante "una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos".
Sobre esta mesa, el diputado y jefe de fracción oficialista, Enrique Sánchez, afirmó estar seguro de que encontrarán "la posibilidad de construir los acuerdos que el país necesita en un corto plazo", y subrayó que será un proceso que garantice "escucha activa de todas las diferentes propuestas, solidez técnica y confianza entre los diferentes actores que participaremos en este proceso".
La situación de las finanzas públicas costarricenses es crítica. El Gobierno estima un déficit fiscal del 9,3% de la producción en 2020; es decir, augura una relación negativa entre gastos e ingresos de ¢3,1 billones. Sin contar el pago de intereses (únicamente los gastos y los ingresos el Estado parda la gestión regular de sus operaciones) la diferencia sería de un 4% de la producción: ¢1,34 billones.
El país ya esperaba un déficit importante este 2020, superior al 1% del PIB. Sin embargo, la situación se agravó intensamente con la pandemia del nuevo coronavirus, que redujo los ingresos estatales en poco menos de ¢1,17 billones (estimado hasta el momento) y que aumentó los gastos extraordinario en montos que crecen día a día.
Cerrar el desequilibrio es esencial para que el Gobierno detenga el deterioro de sus finanzas, que impulsa una abrupta adquisición de deuda pública. Para eso, el Ejecutivo impulsa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en pausa ante el descontento social que provocó una primera propuesta de ajuste hecha por el Gobierno, marcada mayoritariamente por nuevos impuestos.
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