Sujeto a aprobación legislativa, FMI aprueba oficialmente crédito de $1.778 millones para Costa Rica

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó oficialmente, este 1 de marzo, la solicitud hecha por el Gobierno de Costa Rica para acceder a una facilidad de servicio ampliado (Extended Fund Facility, originalmente en inglés) por $1.778 millones en los próximos tres años.

Así lo informaron de manera conjunta el Banco Central (BCCR), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación.

El Fondo Monetario ya había dado su aprobación técnica al acuerdo con Costa Rica, el 22 de enero pasado, después de que una misión virtual revisó las condiciones sociales del país y la factibilidad de un ajuste fiscal, a través de un conjunto de medidas impulsadas por el Ejecutivo, para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo.

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En aquel entonces, la jefa de misión del Fondo en el país, Manuela Goretti aseguró que la propuesta del Gobierno costarricense le pareció "progresiva y balanceada" al organismo, con "una combinación equilibrada de medidas para racionalizar el gasto en función de la regla fiscal y para movilizar ingresos de forma equitativa, manteniendo un margen que permita destinar adecuado y abundante gasto para cuestiones relacionadas con la pandemia (del nuevo coronavirus) y sin dejar de brindar apoyo a los sectores más vulnerables".

La operación ahora pasará del FMI a manos de Costa Rica.

El empréstito tendrá que ir a estudio del Congreso, en donde deberá recibir el visto bueno de al menos 38 congresistas (dos terceras partes del pleno), como solicita la Constitución Política, para la entrada en vigencia de cualquier instrumento de endeudamiento externo.

Para ello, el Gobierno anunció que enviará el debido contrato a la Asamblea Legislativa "en los próximos días".

Las condiciones del empréstito son blandas: con un plazo de 10 años y cuatro más de gracia, y una tasa de interés anual estimada del 2,05%. Asimismo, establece una comisión por compromiso del 0,3% anual del monto programado a desembolsar y un cargo por servicio del 0,5% sobre cada monto desembolsado.

El acuerdo al que se llegó con el FMI ligaría los desembolsos semestrales del crédito a la aplicación de distintas medidas, entre ellas la regla fiscal, mejoras económicas cíclicas producto de la recuperación pospandemia y la aprobación de una serie de reformas legales.

Entre ellas se encuentran la reforma al empleo público, el proyecto de renta global dual, la imposición de un gravamen a los premios de lotería, la eliminación de exoneraciones al salario escolar, la estandarización en un 15% de las tasas de renta a todas las rentas de capital y la reestructuración del impuesto a las casas de lujo.

También incluye un aporte extraordinario conjunto del 0,2% del PIB por parte de las empresas públicas del Estado durante los próximos cuatro años, proveniente hasta un 30% de sus utilidades anuales después del pago de impuestos y otras cargas parafiscales.

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Todas las medidas concernientes a proyectos de ley ya se encuentran en corriente legislativa, y buscan alcanzar un superávit primario (ingresos menos gastos sin contar intereses) del 1% del PIB para el año 2023, el cual, según los cálculos de autoridades costarricenses y del propio FMI, "permitiría iniciar una reducción sostenida de la deuda total en el mediano y largo plazo".

Reacciones

Rodrigo Cubero, presidente del BCCR y gobernador por Costa Rica ante el FMI, destacó que la aprobación es "un paso fundamental en el esfuerzo por restablecer la sostenibilidad fiscal" y para "promover un crecimiento económico más fuerte, más equitativo y más sostenible" para el país.

Cubero agradeció al FMI, a su directorio, a gerencia y equipo técnico para Costa Rica, "por el apoyo financiero y por el respaldo al programa de políticas macroeconómicas, financieras y estructurales del país que este convenio representa”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que el Gobierno ahora espera el apoyo legislativo para continuar con la agenda FMI, la cual, según dijo, "se enfoca en la reducción del gasto público, sin disminuir ni el gasto social ni el gasto de capital por ser indispensables para mantener el tejido social y el desarrollo del país”.

“Esperamos el apoyo de la Asamblea Legislativa para poder llevar adelante la aprobación de este acuerdo y su agenda como un mecanismo para lograr el ajuste fiscal que Costa Rica necesita, el cual será más sostenible en el mediano y largo plazo si contamos con el apoyo financiero, de seguimiento y reputacional que nos brinda el FMI", afirmó.

Finalmente, la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Poder Ejecutivo, Pilar Garrido, aseguró que espera que el acuerdo permita "acelerar transformaciones estructurales como (el proyecto de) empleo público e impulsar el crecimiento potencial resiliente e inclusivo de nuestra economía”.

Las autoridades económicas del país subrayaron que el acuerdo no solo es esencial para acceder a recursos que permitan refinanciar deuda que hoy se paga a mayores tasas, sino para que el país pueda comprometerse con una agenda que necesita para frenar su deterioro fiscal. El país cerró 2020 con un déficit financiero del 8,1% de su producción y una deuda pública del 67,5%.

De mantenerse esa tendencia y sin la realización de mayores ajustes, el país corre el riesgo de desajustar perjudicialmente principales indicadores como el tipo de cambio o las tasas de interés; así como de caer en una crisis financiera de proporciones mayores por falta de liquidez.

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