El ajuste propuesto por el país "ayudará a reducir la desigualdad de ingresos", según analizó la misión del organismo que entabló negociaciones con el Gobierno
22/01/21 | 16:44pm
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó la propuesta del Gobierno de Costa Rica y accedió, en primera instancia, a un acuerdo de financiamiento a través de un Servicio Ampliado, por $1.750 millones, en tres años.
Según indicó Manuela Goretti, jefa de misión del Fondo en Costa Rica, la propuesta de Costa Rica es balanceada y cumple con los parámetros necesarios para reducir el desajuste entre gastos e ingresos nacionales, y alcanzar un superávit primario de al menos un 1% del PIB en 2023.
"La conciliación fiscal que han presentado está impulsada por una combinación equilibrada de medidas para racionalizar el gasto en función de la regla fiscal y para movilizar ingresos de forma equitativa, manteniendo un margen que permita destinar adecuado y abundante gasto para cuestiones relacionadas con la pandemia (del nuevo coronavirus) y sin dejar de brindar apoyo a los sectores más vulnerables".
"Nuestras estimaciones, preparadas en colaboración con el Banco Mundial, sugieren que el programa de reforma fiscal presentado por las autoridades es progresivo y ayudará a reducir la desigualdad de ingresos", subrayó la representante en conferencia de prensa.
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Por su parte, el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el FMI, Rodrigo Cubero, aseguró que se trata de un acuerdo "histórico" para el país, que no solo aportará recursos frescos, sino que ayudará a construir mayor confianza en los mercados internacionales.
"Se trata, sin duda, de un hito para el país. El respaldo del FMI al marco de políticas macroeconómicas y estructurales de Costa Rica para el mediano plazo, que se inscribe en el seno de este acuerdo con el staff técnico del FMI, es verdaderamente histórico y representa un sello de confianza, de continuidad, que la va a permitir al país alcanzar mejores condiciones financieras y también mejores expectativas en los mercados, con implicaciones positivas para el crecimiento y el bienestar de todos los costarricenses", subrayó.
En la conferencia también participaron la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas; quien destacó que la agenda del acuerdo con el FMI ya está puesta sobre la mesa y que los proyectos legislativos que se necesitan como parte del mismo están todos en manos de la Asamblea Legislativa.
Ahora, el FMI aprobaría formalmente el crédito a través de su junta directiva en marzo, según estimó Goretti, y luego correspondería al país confirmar la aprobación del acuerdo en el Congreso en lo que resta del primer semestre del año.
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La representante Goretti subrayó que todos los puntos incluidos en la propuesta hecha por Costa Rica son esenciales para el acuerdo. De hecho, la funcionaria aseguró que cualquier improbación legislativa o incumplimiento sería "crítica" para la continuidad del mismo.
"Nuestro acuerdo se basa en el paquete completo de medidas que se nos han presentado, así como las reformas estructurales que han mencionado las autoridades. Por eso es crítico que todos estos elementos avancen en el procedimiento legislativo, para que el programa funcione", aseguró.
Goretti también señaló que la primera aprobación, y la más importante de todas, sería la del propio acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo antes de finalizar el primer semestre del año, de modo que el programa arranque antes que las revisiones semestrales usuales del organismo a mediados de año.
Según el presidente del Banco Central, el ajuste fiscal propuesto por Costa Rica es de un 5% del PIB para 2023, aproximadamente; sin embargo, enfatizó en que este incluye medidas de política monetaria y no solo de nuevos ingresos o ajustes en materia de gasto.
El país enfrenta un panorama fiscal alarmante, con un déficit financiero que cerró 2020 en un 8,3% del PIB. Esta diferencia engrosa cada vez más rápidamente la deuda pública, nacional, que ya supera un 70% de la producción y triplica los niveles de 2008.
Estas condiciones aumentan groseramente las necesidades de financiamiento de Estado, lo cual presiona indicadores como las tasas de interés y el tipo de cambio, y amenaza con desestabilizar la economía costarricense de manera definitiva si no se toman medidas. Lo esencial es cerrar el déficit primario (la diferencia entre gastos e ingresos, sin contar intereses, que obliga al Estado a adquirir cada vez más endeudamiento del que ya de por sí necesita para pagar sus viejas obligaciones crediticias).
Una eventual insolvencia del país para el pago de su deuda en el mediano plazo implicaría fuertes procesos inflacionarios y de devaluación, así como los efectos colaterales que todo esto acarrearía para la función del Estado y para el sector productivo.
En medio de este panorama es en el que Costa Rica busca su acuerdo con el FMI, no solo para acceder a financiamiento en condiciones más blandas, sino para comprometerse con un juste fiscal y para ganar credibilidad de otros oferentes.
Como parte de este proceso, el país presentó al Fondo una serie de medidas que podría asumir como compromisos fiscales en el mediano plazo. Entre ellos, destacan recortes presupuestarios, una estricta aplicación de la regla fiscal, la reforma al empleo público que se tramita en el Congreso y la aplicación de un sistema de renta global a partir de 2023, entre otras medidas.
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