Contralora: flexibilizar presupuesto y golpear evasión, entre las 7 reformas que le urgen al país

La delicada situación de las finanzas públicas, que se agravó con la pandemia del nuevo coronavirus, obligan que el país ejecute siete grandes reformas estructurales, según la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga.

En entrevista con AmeliaRueda.com, la jerarca comentó que el país ha pospuesto medidas como flexibilizar su presupuesto, eliminando o replanteando destinos específicos, y potenciar su trabajo contra la evasión; dos cuestiones que ahora parecen indispensables para que el país resista la situación de emergencia, que ya drenó sus ingresos en ¢1,17 billones.

Acosta señaló que el país debería realizar una minuciosa revisión de los destinos específicos; es decir, de las obligaciones presupuestarias de ley, que —a criterio de la Contraloría— deberían ser temporales y no permanentes. "Deberían revisarse y valorarse por sus resultados, y seguir otorgándose si se requieren”, comentó.

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En cuanto a la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, la contralora subrayó que el país debería plantearse reformas que van desde obtener mejores sistemas informáticos hasta una utilización de los procesos de cobro. "El país no cuenta con inteligencia tributaria, con sistemas tecnológicos eficientes, con controles cruzados entre aduanas y administración tributaria, y los procesos legales son bastante lentos”, subrayó.

Además de estos dos grandes focos de acción, la funcionaria —que este año se reeligió por un segundo período de ocho años en el cargo— afirmó que existen al menos otros cinco grandes espacios de mejor que deben trabajarse.

En esa línea, comentó algunos que ya se analizan y se discuten en comisiones de la Asamblea Legislativa, como posibles cambios en los sistemas de contratación administrativa y en los regímenes de empleo público; así como algunos otros que apenas se mencionan sin tal fuerza, como revisar el gasto fiscal (exoneraciones), revisar las normas de administración financiera y asegurar una utilización generalizada de la caja única del Estado, para evitar que instituciones acumulen recursos ociosos en bancos o bonos de Hacienda.

La jerarca recordó que realizar reformas en empleo público, con mejoras en la distribución salarial, permitiría aplanar la curva de crecimiento en las partidas que paga el Estado por remuneraciones y que ya se comen una cuarta parte del presupuesto de la República; mientras que una mejora decidida en los procesos de contratación administrativa podría ahorrarle al país hasta un 1,5% del PIB (más de ¢600.000 millones).

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En cuanto a las exoneraciones, Acosta señaló que el país debería mantener una constante privatización de las mismas y ser más transparente con su contabilidad en el presupuestos nacional, de modo que se contabilice el gasto tributario que representan (estimado en casi un 6% del PIB por el Ministerio de Hacienda). "Con cada una de ellas además se debería definir su temporalidad y luego analizar si el país requiere continuar con ellas o si mejor desea canalizar esos ingresos en otras direcciones”, afirmó.

Según Acosta, estas reformas se aplazaron por años y ahora recobran total relevancia en medio de una situación de emergencia que llegó para “agravar todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista social”.

Desajuste financiero agravado

El país ha registrado déficits financieros sostenidos desde mediados de la década de los 2000. El desajuste entre gastos e ingresos del país ha sido una constante desde mucho antes; sin embargo, Costa Rica se vio favorecida por una bonanza en el crecimiento económico en aquellos años que derivó una mayor actividad económica y, por ende, mejores cifras fiscales.

No obstante, los tiempos de crecimiento se detuvieron y los niveles de recaudación fiscal se hicieron cada año más estrechos para enfrentar los crecientes gastos del Estado, en transferencias y remuneraciones.

El país aprobó una reforma fiscal en diciembre de 2018 que significó un avance considerable para intentar balancear los gastos y los ingresos, sin contar con el pago de la deuda ya adquirida; sin embargo, la pandemia del Covid-19 frenó su impacto, por la abrupta caída en la actividad económica y en la recaudación tributaria.

Solo para este 2020 la Contraloría General de la República (CGR) estima que el país alcanzaría una brecha entre sus gastos y sus ingresos de casi ¢4 billones, para un déficit presupuestario del 11,2% del PIB, "no visto en el pasado".

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Al respecto, la contralora Acosta ha advertido que medidas como revisiones presupuestarias y recortes sobre gastos superfluos son necesarios, pero que no son suficientes para aliviar el desajuste real en las arcas estatales.

"La premura de estas reformas es para ayer, más bien se nos ha hecho tarde, porque no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero si hubiéramos tomado medidas estructurales en el pasado esta pandemia quizás nos habría encontrado más fortalecidos. El espacio fiscal de nuestro país es muy poco y lo que urge ahora es comprender el reto, entender la situación y ponernos de acuerdo para tomar las decisiones", concluyó.