Fitch: Acuerdo con FMI "serviría como un ancla para la consolidación fiscal" de Costa Rica

Un eventual acuerdo de financiamiento ampliado (EFF, por sus siglas en inglés) entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue catalogado por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings como un posible "ancla para la consolidación fiscal del país".

Así lo indicó en un reporte publicado después de la aprobación legislativa del instrumento rápido de financiamiento (IFR) con el FMI por $500 millones.

"Si se aprueba, un EFF podría abrir más financiamiento, por ejemplo, préstamos adicionales del Banco Mundial. También serviría como un ancla para la consolidación fiscal para estabilizar la carga de la deuda de Costa Rica", escribió Fitch.

Lea: Gobierno presentará propuesta de acuerdo con FMI once días antes de iniciar negociaciones formales

El Gobierno negociará con el FMI, a partir de este 28 de septiembre, la posibilidad de acceder a $1.750 millones en tres años, a partir del cumplimiento de metas y compromisos relacionados con mejoras para una mayor equilibrio fiscal en el país. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, describió que se trataría de un acuerdo con desembolsos periódicos (trimestrales o semestrales), los cuales estarían atados a condiciones predefinidas.

La intención es reducir la brecha entre ingresos y gastos del país para cerrar al menos el déficit primario (la diferencia entre gastos e ingresos estatales sin contar el pago de intereses): el problema que obliga al país a seguir buscando elevadas sumas de endeudamiento todos los años.

Si bien Fitch afirmó que el acuerdo con el FMI podría colaborar en esa línea, también advirtió que ve riesgos en el plano político, como un posible "estancamiento" del acuerdo, pues el Gobierno requiere de la aprobación mayoritaria de dos tercios del Congreso para "cualquier endeudamiento externo , incluso de organismos multilaterales".

La entidad recordó que, solo la aprobación legislativa del crédito bajo la modalidad IFR, que no requirió de nigún acuerdo ni compromiso, tardó cuatro meses "a pesar de la falta de condicionalidad".

Lea más: Aprobado crédito por $504 millones con FMI de forma definitiva, $50 millones irán a la CCSS

La calificadora de riesgo mantiene una evaluación de B, con perspectiva negativa, para Costa Rica desde el 8 de mayo. En aquel momento argumentó riesgos de estrés financiero a corto plazo debido al aumento de los déficits fiscales, un cronograma de amortización pronunciado y restricciones de endeudamiento (el país no puede acceder a financiamiento externo sin autorización legislativa para cada empréstito).

La evaluación B es la penúltima antes de caer al escalón C, el más bajo, y afecta directamente las condiciones crediticias que obtiene el país dentro y fuera de su territorio, por la relación "mayor riesgo, mayor costo".

Sobre la política de endeudamiento del país, Fitch afirmó que el crédito por $500 millones recién aprobado con el FMI brinda un respiro al país; sin embargo, reiteró que la dependencia mayoritaria del mercado doméstico en los próximos meses y a partir de 2021 (que ofrece peores condiciones crediticias) "obstaculizará la consolidación fiscal".

Un desequilibrio fiscal alto

El Gobierno mantiene fuertes presiones de endeudamiento para cubrir sus necesidades. Fitch estima que el país cerraría este 2020 con un déficit financiero del 9,5% del PIB, mientras que en 2021 "se mantendría alto", en un 9% del PIB.

Según la calificadora, el país deberá enfrentar el reto de frenar sus gastos a pesar del pago de su deuda pública, que alcanzaría un 70% del PIB este año. La entidad advirtió que "nuevos aumentos en los pagos de intereses seguirán restringiendo la capacidad del gobierno para reducir el déficit".

No obstante, en su carta de solicitud del acuerdo ampliado con el FMI, por $1.750 millones, el Gobierno indicó a la entidad que su intención es "lograr un superávit primario y colocar la deuda en una clara trayectoria descendente".

El déficit primario no contabiliza el pago de intereses, y representa la diferencia entre gastos e ingresos del país sin contar el pago de intereses; en otras palabras, se refiere a la diferencia entre gastos e ingresos que obliga al país a aumentar cada vez más su endeudamiento.

Esta diferencia estaba proyectada a alcanzar un 1,3% del PIB, antes de la pandemia del SARS-CoV-2. Es decir, una diferencia negativa de ¢461.500 millones. No obstante, el desequilibrio ahora se estima en un 4% del PIB, casi ¢1,38 billones, producto de la situación de emergencia. El objetivo del Ejecutivo es pactar reformas para cerrar la brecha, que se complementen con una eventual recuperación económica posterior a las condiciones de recesión de este 2020, la cual redujo los ingresos tributarios del país en ¢1,156 billones.

Lea: Ante estrepitosa caída en ingresos, Gobierno pidió permiso para colocar deuda por ¢664.000 millones