Suspensión temporal de 13 funcionarios investigados por caso "Cochinilla", pide Fiscalía

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó suspender de sus cargos a 13 funcionarios públicos investigados por el caso "Cochinilla".

El planteamiento lo realizó el 17 de junio anterior, pero fue confirmado hasta seis días después por la oficina de prensa del Ministerio Público.

Los servidores en cuestión son:

• José Manuel Rojas Monge, director del Departamento Financiero del Consejo Nacional de Vialidad.
• Marcela Monge Aguirre, secretaria del Departamento de Adquisición y Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad.
• Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo Nacional de Vialidad.
• Mauricio Ortiz Vega, funcionario de Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• Eliécer Rivera Campo, funcionario de Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• Edgar May Cantillano, jefe del Programa de Inversión con Municipalidades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y exgerente de de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.
• Mario Quesada Aguirre, vicepresidente de Tribunal Administrativo de Transporte y exmiembro del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad.
• Abraham Sánchez Castro, ingeniero del Departamento de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.
• Laura Chaves Mora, abogada de la Unidad Ejecutora del puente binacional en Sixaola por parte del Consejo Nacional de Vialidad.
• Luis Ureña Villalobos, ingeniero y topógrafo de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).*
• Marlon Zamora Zamora, se desconoce puesto.
• Érick Rodríguez Araya, se desconoce puesto.
• Luis Quesada Pérez, se desconoce puesto.

*: se tramita en audiencia separada.

Además de la suspensión, que de adoptarse será por un tiempo determinado, se solicitaron las disposiciones de impedimento de salida del país sin debida autorización, prohibición acercarse a los testigos de la causa al menos a 500 metros y firmar una vez al mes.

Mismas medidas se pidieron para tres empresarios, sumada a una prohibición para realizar contratos con la Administración Pública. Estas fueron peticionadas para:

• Edwin Castro Rodríguez, presidente de Constructora Montedes.
• Sonia Solís Vargas, dueña de Also Frutales.
• Alejandra Bonilla Guillén, empleada de Meco.

Para los restantes 14 detenidos por el escándalo de aparente corrupción en contratos de obras viales se solicitó un año de prisión preventiva.

La resolución de estas medidas cautelares será comunicada el próximo 26 de junio a la 1:30 p.m. en los tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

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