Fiscalía General confirma que se llevan a cabo 3 allanamientos en casas de exdiputados Céspedes y Víquez, y en CNE. Se pretende localizar prueba para fortalecer investigación de caso #cementazo
— MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) 21 de diciembre de 2017
En busca de pruebas en caso de cemento, Fiscalía allana CNE y casas de exdiputados Víquez y Céspedes
Excongresistas han sido relacionados con el empresario Juan Carlos Bolaños
21/12/17 | 08:40am
La Fiscalía General de la República confirmó la mañana de este jueves que allana las viviendas de los exlegisladores Wálter Céspedes, en Batán Limón, y Víctor Hugo Víquez, en Heredia, así como las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ubicadas en Pavas.
Las diligencias, que iniciaron a las 8 a.m., tienen como objetivo localizar pruebas que fortalezcan las investigaciones que el Ministerio Público lleva por el caso del cemento chino, donde presuntamente altos jerarcas de los Supremos Poderes han favorecido al empresario importador de ese producto, Juan Carlos Bolaños.
Víquez, legislador en el periodo 2010-2014 bajo la bandera del Partido Liberación Nacional (PLN), tuvo que renunciar en octubre anterior a sus aspiraciones a regresar a la Asamblea Legislativa luego de que el diario La Nación diera a conocer que intercedió por el apoderado de Sinocem Costa Rica mediante cuatro mensajes de texto enviados en 2013, en los que presionaba a la entonces presidenta de la CNE, Vanessa Rosales.
En ese momento Bolaños buscaba ganar una licitación en la entidad pública.
También trascendió que el empresario se acercó a Céspedes en 2010 con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuando el ahora asesor legislativo era miembro del Congreso, para manifestarle que afrontaba problemas para el cumplimiento de un contrato con la autoridad de la atención de emergencias relacionado a la reconstrucción de la ruta 36, Bribrí-Sixaola.
El Semanario Universidad reveló en noviembre que el exparlamentario reportó 291 contactos con Bolaños en poco más de un año, según consta en un informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).