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Tribunales

17/06/21 | 22:32pm

Un año de prisión preventiva pide Fiscalía para dueños de constructoras y 5 funcionarios de Conavi

Para 14 de los 30 detenidos por el caso "Cochinilla" solicitó la medida cautelar de prisión preventiva

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) pidió la noche de este 17 de junio un año de prisión preventiva para 14 de los 30 detenidos en el caso policialmente conocido como “Cochinilla”.

Entre los imputados contra los que se solicitó la medida destacan los dueños de las constructoras Meco y H. Solís, Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, respectivamente.

La información fue confirmada a AmeliaRueda.com por los abogados Erick Ramos Fallas y Francisco Campos Aguilar, defensores de Cerdas Araya y Solís Vargas, en el mismo orden.

Los demás encartados contra los que se pidió la prisión preventiva son:

  • Abel González Carballo, gerente general de Meco.
  • Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de Meco.
  • Tobías Arce Alpízar, empleado de Meco.
  • Juan Carlos Abarca Quesada, gerente de Also Frutales (se tramitó en audiencia separada).
  • Oscar Martínez Martínez, presidente de ITP S.A.
  • William Herrera Chacón, gerente general de Constructora Herrera.
  • Alister Cervantes Morales, gerente de la empresa Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (DICCOC).
  • Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Hugo Fallas Zúñiga, funcionario de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Elsie Carmona Rivas, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Harold Mora Obando, funcionario del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad.

Sin embargo, las medidas ahora deben ser confirmadas por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea.

Este último órgano primero tendrá que escuchar los argumentos de las defensas de los sospechosos en cuestión y sopesarlo con la exposición que dio el Ministerio Público en los últimos tres días.

De los restantes 16 detenidos, al cierre de esta publicación únicamente se conocía que se pidieron medidas sustitutivas, las cuales no fueron especificadas. Quienes están en este segundo grupo son:

  • Alejandra Bonilla Guillén, empleada de Meco.
  • Laura Chaves Mora, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad.
  • José Manuel Rojas Monge, director financiero del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Edgar May Cantillano, ingeniero de proyectos del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Marlon Zamora Zamora.
  • Edwin Castro Rodríguez, presidente de Constructora Montedes.
  • Érick Rodríguez Araya.
  • Abraham Sánchez Castro, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Eliécer Rivera Campo, funcionario de Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Luis Quesada Pérez.
  • Mauricio Ortiz Vega, funcionario del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Marcela Monge Aguirre, gerente de Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad.
  • Mario Quesada Aguirre, vicepresidente de Tribunal Administrativo de Transporte.
  • Sonia Solís Vargas, hermana de Mélida Solís Vargas.
  • Luis Ureña Villalobos, ingeniero y topógrafo (se tramitó en audiencia separada).

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Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera y Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso -al que se le asignó el expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

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Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.

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Nota del redactor: Esta publicación fue actualizada a las 9:30 a.m. del 18 de junio con confirmación de medidas solicitadas por el Ministerio Público.

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