Fiscal anticorrupción sobre caso “Cochinilla”: Es bastante complejo

“Es un caso bastante complejo, que involucra no solamente temas penales sino administrativos. Y hay que dejar claro no solamente a la señora jueza, sino que, a los señores imputados, cuál es la tesis del Ministerio Público.

De esa manera se pronunció por primera vez el fiscal adjunto de Probidad, Glen Calvo Céspedes, sobre el escándalo de aparente corrupción con obras públicas que policialmente es conocido como “Cochinilla”. Su declaración ante la consulta de medios de comunicación al llegar el receso del almuerzo del tercer día de la audiencia en la que se definirá si proceden o no medidas cautelares contra los 30 detenidos por el caso el 14 de junio.

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El jefe de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) dijo que se tiene previsto terminar la exposición eel órgano acusador este 17 de junio.

"Nosotros desearíamos que la participación del Ministerio Público termine el día de hoy (17 de junio), a la hora que levante la jueza (Carolina Lizano Salazar)", declaró el funcionario.

Por la mañana, cinco abogados intervinientes en el proceso afirmaron a AmeliaRueda.com que el día antes, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó al órgano acusador culminar su intervención antes del mediodía; situación que finalmente no ocurrió; en parte porque la audiencia sufrió una interrupción porque el abogado Simón Angulo Arredondo, defensor de una funcionaria pública de apellidos Madrigal Rímola, sufrió una subida de presión que ameritó atención médica.

"La señora jueza aclaró en la mañana que no nos ha limitado el tiempo a nosotros ni a las partes. Es una malinterpretación que se ha hecho de parte de algunas personas, pero no existe una orden como tal. En este tipo de medidas hay una jueza de garantías que avala el tiempo para todos. Entonces, limitar el tiempo de una exposición vendría a ser perjudicial para el derecho de defensa más que todo de los imputados", señaló Calvo Céspedes.

Este medio intentó obtener una versión de parte del órgano jurisdiccional, pero a través de su oficina de prensa se indicó: "En aplicación del artículo 295 del Código Procesal Penal no es posible ahondar en aspectos propios de la investigación y de lo que ocurre en la audiencia la cual es privada, este es un caso en etapa preparatoria o investigación".

Por la tarde se prevé se seguirá en el conocimiento de la hipótesis del ente acusador. Hasta el mediodía, se estaba en la etapa de "indicio comprobado", que es donde se detallan los hechos identificados en la pesquisa. Luego se entrará a la exposición de riesgos procesales, donde se señalan las disposiciones para cada uno de los 30 detenidos en la causa penal 19-000025-1218-PE.

Cuando se le consultó sobre qué medidas cautelares se solicitarán, el fiscal adjunto Anticorrupción manifestó: "Sobre eso vamos a hablar posteriormente a que haya una resolución con el fin de no afectar el tema del proceso. Una vez que terminemos la audiencia, tenemos planteado dar una conferencia para poderles explicar someramente el tema".

Temprano, Angulo Arredondo fue uno de los juristas que señaló a AmeliaRueda.com que Lizano Salazar se amparó en el artículo 173 del Código Procesal Penal para ordenarle a la Fiscalía acelerar su intervención. Dicha norma reza:

"Audiencias orales - Los tribunales celebrarán las audiencias orales sin dilación y fijarán el tiempo absolutamente indispensable para realizarlas".

El abogado mencionó que la decisora hizo ver que "había un abuso del tiempo en la exposición de los hechos y que la mera lectura podría incidir en la transgresión de los derechos fundamentales de los imputados". Una violación de esas libertades podría acarrear consecuencias si alguna de las partes interpone un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional.

Dicha versión fue reconfirmada por otros cuatro defensores consultados por este medio: Érick Gatgens Gómez, Rodrigo Araya Solano, Érick Ramírez Barahona y Víctor Herrera Flores.

Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera y Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso -al que se le asignó el expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

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Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.