Legislador es acusado del delito de concusión
11/06/19 | 10:19am
La Fiscalía General de la República remitió a la Corte Plena una acusación penal contra el diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas Víquez, para que inicie el trámite de levantamiento de inmunidad y sea juzgado por el delito de concusión.
La petición fue enviada este lunes, según informó el Semanario Universidad y confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía.
A Vargas se le acusa de, supuestamente, haber obligado a su exasesor legislativo, Andrés Monge Marranghello, a destinar la mitad de su salario para cancelar favores políticos.
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La causa, tramitada bajo el expediente 18-000175-033-PE, fue abierta por un aparente delito de concusión, que el Código Penal castiga en su artículo 355 con entre dos y ocho años de prisión. Esta falta ocurre cuando un "funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial".
El 13 de mayo anterior, AmeliaRueda.com informó sobre la denuncia contra el legislador, en la cual el exasesor indica que Vargas le ofreció un puesto en su despacho para controlar sus redes sociales, con la condición de que la mitad de su salario -de ¢406 mil mensuales- fuese dado a Marco Montenegro Aguilar, esposo de la tesorera y excandidata a una diputación por San José del Partido Republicano Social Cristiano, Mariana Fernández Sing, con quienes tenía un compromiso relativo a la campaña. Los dos últimos son funcionarios actuales de la bancada, según el legislador.
"El día 3 de setiembre, sin previo aviso, porque de hecho ese día había estado don Otto Roberto particularmente feliz con mi trabajo, me llamó al Plenario como de costumbre y para sorpresa de todos empezó como a ponerse molesto y a pedirme que borrara las conversaciones de WhatsApp", narró el exfuncionario en la denuncia.
La Corte Plena deberá designar a un magistrado de la Sala Tercera para que estudie la acusación de la Fiscalía General. Posteriormente, ese alto juez emitirá un informe al pleno de la Corte.
Si la Corte decide que procede el levantamiento de inmunidad, envía la solicitud a la Asamblea Legislativa, pues es en ese poder donde se debe decidir si se levanta o no ese fuero del cual goza el diputado.
Una vez en el Congreso, el presidente de la Asamblea Legislativa debe conformar una comisión que analizará el caso y emitirá un informe a los 57 diputados para que voten por levantar o no la inmunidad. En caso de que sea levantada, el expdiente vuelve a la Corte y luego a la Sala Tercera, a la cual le corresponde realizar juicios contra miembros de Supremos Poderes.
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