Mandatario es señalado por el delito de prevaricato
22/08/18 | 14:48pm
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, resolvió acusar y pedir llevar a juicio al expresidente de la República Óscar Arias Sánchez por el presunto delito de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos) en el caso conocido como Crucitas, relacionado al fallido proyecto de minería a cielo abierto en Cutris de San Carlos, en Alajuela.
La acusación penal se dio este martes y es parte del expediente 12-000124-0621-PE, por haber firmado en el 2008 un decreto de interés público para que la empresa Industrias Infinito pudiera realizar explotación minera en la zona mencionada.
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"Hoy, se comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) la acusación contra el señor Expresidente, por el caso conocido como “Crucitas”, tramitado en el expediente 12-000124-0621-PE", informó la Fiscalía.
¿Por qué la Fiscalía informa a la Procuraduría? La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado.
Ahora la Procuraduría tiene 13 días para decidir si se suma a la querella.
La causa, conocida mediáticamente como Crucitas, se encontraba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde el 2014, resolución fundamentada en la falta de elementos probatorios. Sin embargo, tras un nuevo análisis jurídico por la Fiscalía General, se determinó que era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación.
Por esa razón, el 8 de noviembre del año anterior la fiscala general lo citó para tomarle la declaración. Al salir de la Fiscalía, el exmandatario dijo hay mucho desconocimiento sobre el tema de firmar decretos. "Yo firmé 2.800 decretos. Son varios decretos todos los días y uno no puede estar viendo a ver lo que dicen los decretos. Uno confía en los ministros, los ministros confían en sus técnicos confían en departamentos legales, en la asesoría jurídica y tiene que ser así a base de confianza".
El decreto firmado por el gobierno permitía la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección.
Ecologistas apelaron la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual, el 24 de noviembre del 2010, anuló el contrato entre el país e Industrias Infinito. La sentencia fue ratificada en el 2011 por la Sala I, anulando el decreto de Arias y obligando a la transnacional a indemnizar al país por los perjuicios causados en el ambiente.
En la declaratoria de interés también aparecía la firma del exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, a quien el Tirbunal Penal de Hacienda lo había condenado por prevaricato.
Sin embargo, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Goicoechea, devolvió el caso de Crucitas a fase intermedia, para determinar si el expresidente debía enfrentar querella.
El prevaricato, estipulado en el artículo 350 del Código Penal, es un delito que ocurre cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley. Esta falta es sancionada con penas de entre los dos y seis años de prisión.
AmeliaRueda.com intentó conocer la reacción del expresidente Óscar Arias; sin embargo, en su casa indicaron que se encuentra en una reunión y no podía antender.
Noticia actualizada a las 5 p. m. con declaraciones de la fiscala general.
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