Mitad de las causas abiertas a expresidente Solís fueron desestimadas a petición de Fiscalía General

La Fiscalía General de la República solicitó desestimar la mitad de las investigaciones que abrió al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera.

Hasta el 26 de marzo anterior, de acuerdo con información emitida por la oficina de prensa del Ministerio Público a solicitud de AmeliaRueda.com, contra el exmandatario se mantenían en curso únicamente dos causas: una por presunto prevaricato en el escándalo de corrupción del cemento chino, así como otra por aparente incumplimiento de deberes y malversación en el denominado "hueco fiscal".

El exgobernante se dice dispuesto y disponible para afrontar ambos casos, aunque se abstuvo de referirse a estos por estar en curso.

Asimismo se tienen otras dos pesquisas en las que el órgano acusador del Estado pidió una desestimación en favor del expresidente al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea.

Ese requerimiento conclusivo corresponde a una solicitud que hace la Fiscalía para archivar un caso cuando los hechos no constituyen delito o no existen pruebas suficientes para acusar, con la posibilidad de que este sea reabierto si se obtienen nuevos elementos tal y como lo dispone el Manual de términos prácticos para comprender el proceso penal en lenguaje no jurídico, elaborado por el departamento de prensa del Ministerio Público.

Dichas causas corresponden a las que tienen asignados los número de referencia 17-000093-1218-PE y 18-000097-0033-PE.

En la primera, a Solís Rivera se le investigó por supuestos nombramientos ilegales en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac). Según lo dio a conocer este medio el 5 de julio de 2018, esa pesquisa se abrió a raíz de una denuncia interpuesta el 27 de septiembre de 2017 por el abogado y piloto Everardo Carmona Estrada.

Las designaciones en las que aparentemente se presentaron los incumplimientos de requisitos son el de Enio Cubillo Araya como director general de Aviación Civil, el de Gianella Baltodano Andujo como subdirectora e integrante del Consejo Técnico, así como el de Federico Chavarría Kopper como miembro de ese último órgano.

Exdirector general de Aviación Civil, Enio Cubillo Araya. (Dinia Vargas | Archivo)

Sin embargo, después de que el caso fue pasado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) con la salida del exmandatario del poder, este despacho solicitó la desestimación el 1° de julio de 2019.

De la otra pesquisa solo se detalló que el exgobernante fue investigado por supuesto incumplimiento de deberes y que se pidió el archivo el 13 de septiembre del 2018.

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Procesos abiertos

Contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera se mantienen en curso los expedientes 17-000021-0033-PE y 18-000159-0033-PE (al que se le acumuló el 18-000143-1218-PE).

El primero de estos refiere a la presunta participación del exmandatario en el caso del cemento chino y tiene su origen en una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Investigadores de Criminalística (ANIC), que le atribuye un aparente prevaricato -o sea, el dictado de resoluciones contrarias a la ley- por hechos que hasta ahora no han sido confirmados.

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Al exgobernante, una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa le atribuyó el 18 de diciembre de 2017 una falta al deber de probidad (honradez y transparencia) al presionar -según sus propias conclusiones- a través del ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, para que se acelerara el desalmacenaje de cemento que la empresa de Juan Carlos Bolaños Rojas, Sinocem Costa Rica, traía desde China.

El 28 de mayo de 2018 la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) desestimó la denuncia interpuesta contra Solís Rivera debido a que no existían suficientes evidencias para determinar que él coaccionara para el rápido desalmacenamiento de un cargamento de 22.000 toneladas del material de construcción. No obstante, la pesquisa fue reabierta el 20 de septiembre de 2019 por orden del director de la oficina anticorrupción del abogado del Estado, José Armando López Baltodano, con base en una solicitud que le hicieron los diputados ya que estos no pudieron apelar el informe.

La otra causa tiene que ver con un faltante presupuestario en el Presupuesto Ordinario de la República de 2018, por ¢900.000 millones de un pago de bonos de la deuda pública del país.

En ese mismo expediente figuran su ex vicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada; la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado González.

Todos figuran como sospechosos de incumplimiento de deberes, pero además, el expresidente fue denunciado por aparente malversación -es decir, por dar a fondos públicos un uso diferente al que originalmente estaban destinados- aunque la queja se acumuló en una sola causa.

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AmeliaRueda.com pidió al exmandatario un descargo sobre estas pesquisas y el 5 de abril anterior, por medio de un mensaje de texto, este señaló: "Sobre estos temas, todos ellos en investigación con mi plena disposición y disponibilidad desde un inicio, he resuelto no opinar fuera del marco de los procesos en curso. Nada oculto, pero en vista de que la Asamblea Legislativa dispuso enviar las conclusiones de sus informes a la consideración de las instancias judiciales, será allí, cuando proceda, que evacuaré todas las preguntas que se me hagan".

El exgobernante evitó responder a si ha contratado a algún abogado para apersonarse en alguno de estos procesos o si ha sido llamado por el Ministerio Público en alguna ocasión para ser interrogado.

Más reciente

El Ministerio Público registra una causa más contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, pero la misma está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción..

Dicho expediente es el 20-000115-1218-PE por un supuesto fraude de ley -ejecutar acciones al amparo de una norma sin conformidad a la satisfacción de los fines públicos o el ordenamiento jurídico- e influencia contra la hacienda pública- en las inversiones realizadas por la anterior administración para evitar el cierre del extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).

Este caso se abrió a partir de una denuncia interpuesta por la Contraloría General de la República (CGR), según confirmó a este medio el exdirector jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal Pérez, quien defiende en la investigación al ex vicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas.

Además de Solís Rivera y Fallas Venegas, en la pesquisa figuran el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas; la extesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez; así como el subtesorero Mauricio Arroyo Rivera.

Por este caso, el 16 de marzo anterior, el despacho de probidad del Ministerio Público dirigió allanamientos simultáneos en las oficinas centrales del Ministerio de Hacienda, en San José, así como en las casas de habitación de Fallas Venegas (en Curridabat) y Arroyo Rivera (en Naranjo).

En el cuestionario remitido al exmandatario se le pidió su posición respecto a las diligencias como cabeza del anterior gobierno y se le preguntó si conocía o respaldaba las acciones impulsadas desde la cartera dirigida por Fallas Venegas, pero Solís Rivera no respondió a esas dos particularidades.

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