Fiscalía abre investigación a Emilia Navas por aparente incumplimiento de deberes

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una causa a Emilia Navas Aparicio por aparente incumplimiento de deberes a la hora de redactar su informe de labores como jerarca del Ministerio Público.

El inicio de la causa lo confirmó la oficina de prensa del órgano acusador ante una consulta de AmeliaRueda.com.

Al caso se le asignó el expediente 21-000167-1218-PE, de acuerdo con la información proporcionada a este medio.

Esta investigación se da a conocer dos días después de que la Corte Plena remitiera al Ministerio Público el informe de rendición de cuentas de Navas Aparicio por considerar que el documento está incompleto.

Además de esa medida, los magistrados acordaron trasladar el informe a la Contraloría General de la República (CGR) “para lo que estime resolver” y a la Auditoría del Poder Judicial a fin de que esta determine si el documento incompleto ocasiona algún daño a la Hacienda Pública.

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Todas esas disposiciones se tomaron el 12 de julio pasado, a partir de un reporte dado por el órgano fiscalizador interno de la Corte Suprema de Justicia, solicitado una semana antes por altos jueces en medio de críticas y cuestionamientos al documento.

La discusión tomó cerca de 40 minutos de la primera parte de la sesión, después de que se mencionara que estaba incluido en la agenda del 5 de julio. Tan pronto fue mencionado, las juezas Roxana Chacón Artavia e Iris Rocío Rojas Morales expresaron su disconformidad con el informe y pidieron se incluyera entre las opciones a votar una alternativa que apuntara a dar el documento por "no rendido".

Sin embargo, al final, 17 de los integrantes de la Corte se inclinaron por una propuesta del magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, de limitarse a trasladar el documento al órgano fiscalizador interno y tomar las decisiones del caso una vez que el informe sea revisado. La otra posibilidad tuvo cinco votos.

"A mí me parece que el informe es incompleto. No cumple con los requisitos establecidos por la Contraloría General de la República para un informe. Ella tiene que señalar números de expedientes y avance, e inclusive, si fuera del caso, remitirlo de manera confidencial para que lo examine su superior. Pero tiene que hacer una rendición de cuentas de todos esos asuntos que le ingresaron, hasta dónde los gestionó ella, cuáles prescribieron, cuáles fueron elevados a juicio... todos estos son aspectos estadísticos que tienen rango constitucional; o sea, ella está obligada a rendir el informe y para mí no ha cumplido con el deber constitucional de rendición de cuentas y me parece que no podríamos nosotros tenerlo por rendido porque no está completo. Nosotros incurriríamos en responsabilidad de hacerlo porque hay una normativa de desarrollo que ella la conoce porque es norma de control interno y eventualmente podrían existir responsabilidades con la forma que se remitió el informe, por lo que yo diría que el informe se envió incompleto y que en esa condición no lo puedo tener por recibido", manifestó Rojas Morales.

Por su parte, Chacón Artavia señaló que el documento en cuestión debe cumplir con los puntos señalados en la resolución D-1-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de la República de "Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión":

• Referencias sobre la labor de la institución a su cargo.
• Cambios ocurridos durante su gestión.
• Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional al inicio y final de la gestión.
• Acciones emprendidas para establecer, mantener, mejorar y evaluar el sistema de control interno institucional durante el último año.
• Principales logros alcanzados en la gestión de conformidad con la planificación institucional.
• Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional al inicio de su gestión y los que dejó pendientes de concluir.
• Administración de los recursos financieros asignados en la gestión.
• Estado actual del cumplimiento de las gestiones giradas por la Contraloría General.
• Estado actual del cumplimiento de las disposiciones giradas por órganos externos.
• Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna.
• Sugerencias para la buena marcha de la institución.
• Otras observaciones de actualidad.

"¿Por qué las digo? Porque no se trata de agarrar en carrera un informe de un pantallazo de una página donde está el Sistema de Gestión institucional, traerlo y decir: recibí 490 casos. No se trata de eso, se trata de una obligación legal en la Ley de Control Interno, de las directrices giradas por la Contraloría General de la República y de acatamiento obligatorio para rendir cuentas en el puesto que ha desempeñado. Entonces sí me parece a mí que no vamos a dar por recibido esto y yo mociono para que la Auditoría le comunique que debe presentar el informe de acuerdo a las disposiciones que indica la Contraloría para que el informe pueda darse por recibido", agregó la alta jueza.

La magistrada suplente, Maureen Solís Madrigal, coincidió con Rojas Morales y Chacón Artavia: "Yo no puedo tener por rendido un informe que no cumple con los requisitos. Es evidente que el informe está hecho a la carrera, no por cumplir con la normativa que está establece la Ley de Control Interno".

Salida atropellada

Emilia Navas Aparicio dejó el 28 de junio la Fiscalía General de la República, luego de que adelantara repentinamente su jubilación sin explicar las razones de su decisión.

La jerarca del Ministerio Público informó un día antes por correo electrónico a la Corte Plena que durante el fin de semana avanzó en la redacción de sus informes para la respectiva transición al fiscal subrogante Warner Molina Ruiz. De esta manera, la abogada de 56 años pidió su jubilación se hiciera efectiva el 29 de junio en vez del 25 de agosto, como inicialmente lo planteó ante una oleada de críticas por su inhibitoria en el caso "Cochinilla".

"Me permito saludarles nuevamente y hacer de su conocimiento de que dado el arduo trabajo que estuve realizando este fin de semana, he logrado avanzar con la preparación de la información para efectos de la transición del cargo al fiscal subrogante don Warner Molina Ruiz.

"En razón de ello, he tomado la decisión de adelantar la fecha de mi jubilación, cuyo derecho ya ha sido aprobado, para el martes 29 de junio de este año. Lo que significa que mañana lunes 28 de junio es mi último día de trabajo", señaló la fiscala general en su oficio a los magistrados.

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También indicó que este 28 de junio realizó la comunicación respectiva a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que en el transcurso de la mañana comunicó al presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, que la jubilación de Navas Aparicio ya fue debidamente aprobada.

Este cambio en la fecha a partir de la cual se hará efectiva la jubilación de la fiscala general ocasionó críticas de parte de la magistrada Roxana Chacón Artavia.

Con 17 votos, la Corte Plena se inclinó por dar por conocida la nota de Navas Aparicio. Otros dos jueces votaron por mantener en suspenso su decisión, a la espera de que se conocieron otros asuntos de la agenda que incluían quejas contra la labor de la fiscala general.

El retiro de Navas Aparicio se da tras una serie de cuestionamientos debido a las constantes inhibitorias de la fiscala general en casos importantes en donde su pareja, el abogado Francisco Campos Aguilar, participa como defensor de alguna de las partes involucradas, lo que provoca que ella deba separarse de la investigación.

La situación más reciente se dio con el caso de "Cochinilla", donde su esposo defiende a la dueña de la constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como a tres trabajadores de la empresa Meco.

El anunció de jubilación de la fiscala general se dio tan solo una semana después de que en conferencia de prensa descartara esta opción indicado que "al país le conviene que yo esté al frente de la Fiscalía".

También en ese espacio, la jerarca dijo que se enteró del escándalo de aparente corrupción el mismo día de los allanamientos; sin embargo, el auditor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Reynaldo Vargas Soto, dijo que él se había reunido con Navas Aparicio en octubre del 2018 para conversar sobre supuestas irregularidades en dicha entidad.

Además, Diario Extra dio a conocer el 24 de octubre que Campos Aguilar estaba en las oficinas de Meco el día de los allanamientos e incluso llegó antes que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Pese a todos los cuestionamientos, ambos descartaron una y otra vez que existiera conflicto de intereses en este caso.

Tras los cuestionamientos y solicitudes de salida de Navas Aparicio, la Corte Plena analizó el 21 de junio pasado el caso y decidió no investigarla.