Fiscala niega haber ingresado a correos del presidente previo a audiencia de caso UPAD

La fiscala general Emilia Navas Aparicio negó este 11 de enero que se haya ingresado a los correos electrónicos del mandatario Carlos Alvarado Quesada, previo a la audiencia pactada para ese fin, con motivo de las investigaciones del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

En su atención a los medios de comunicación, la cabeza del Ministerio Público rechazó los señalamientos que le hizo horas antes el gobernante, al denunciar que el órgano acusador accedió, sin presencia de un juez y de sus defensores, a información contenida en los dispositivos que le fueron decomisados como parte de las pesquisas.

"Yo le doy garantía a ustedes, al país y a todas las partes intervinientes del proceso de investigación que no hemos entrado en conocimiento de ninguna información de ningún dispositivo", aseveró la fiscala general al ser consultada por la prensa.

Navas Aparicio evitó mencionar cuáles elementos dieron pie a que Alvarado Quesada y sus abogados se refirieran al supuesto ingreso a las comunicaciones del gobernante, al aducir que aún estaba pendiente por conocerse una gestión planteada por la defensa sobre la que el órgano acusador debía pronunciarse ante la Sala de Casación Penal.

"Procesal y conceptualmente es incorrecto", se limitó a decir sobre el trámite emprendido por la representación legal del presidente.

El jurista Rodolfo Brenes Vargas, en conversación con AmeliaRueda.com, explicó que el 8 de enero pasado presentó una protesta de actividad procesal defectuosa, luego de encontrar un folio en el que la propia Navas Aparicio registró que el 26 de agosto de 2020 se hizo una apertura del disco duro que contenía los correos de Alvarado Quesada. Dicha diligencia se dio sin que se informara a las partes del proceso, aseguró, y un día antes de que los magistrados conocieran otra gestión presentada por la defensa, en la que se alegaba que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se extralimitaron al descargar los emails de Alvarado Quesada.

Con esa gestión, la defensa del mandatario busca que los altos jueces convoquen a una audiencia al Ministerio Público y que se pronuncien sobre su accionar, que en apariencia incluye el acceso de una parte de las pruebas electrónicas.

"Nos parece una actuación que es muy grave y que nosotros consideramos que lesiona los derechos de la defensa", mencionó Brenes Vargas.

Esta protesta de actividad procesal defectuosa será conocida hasta que el caso regrese a manos de la Sala Tercera; es decir, una vez finalizada la audiencia de apertura de dispositivos.

La audiencia para la apertura de los dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos del 28 de febrero de 2020 en la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) así como en cuatro viviendas particulares; arrancó a las 9:39 a.m. de este 11 de enero en el en el auditorio de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, en San José.

Sin embargo, las diligencias arrancaron hasta a eso de las 11:40 a.m. -luego de que se rechazara una solicitud para suspender la cita, presentada por una de las partes involucradas en el proceso- con la creación de una imagen forense de la computadora del gobernante, que consiste en levantar un respaldo del contenido del aparato. Por ese mismo proceso pasarán dos celulares y dos dispositivos de almacenamiento incautados al mandatario.

Una vez concluida la apertura y copia de la información, se procederá a hacer un análisis de esta, en aras de identificar evidencias para aportar al expediente 20-005434-042-PE, donde se investiga a Alvarado Quesada por aparente violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Todo ese procedimiento tendrá que aplicarse a los dispositivos decomisados a los demás imputados en la causa: el diputado y entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; la exjefa de despacho del mandatario, Felly Salas Hernández, el exasesor legal Luis Salazar Muñoz; así como a los asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Daniel Fernández Montero.

La duración de esa diligencias dependerá, según Navas Aparicio, de la cantidad de información que contenga cada aparato.

Consultada por un criterio respecto al tiempo que pasó entre los operativos y la apertura de los dispositivos, la fiscala general manifestó: "Esto se hace hasta ahora porque las partes intervinientes, en concreto, en la mayoría de ellas, los defensores del señor presidente han hecho muchas gestiones que han venido atrasando esta diligencia judicial, que se está realizando casi un año después de que secuestraran los aparatos".

Asimismo, la jefa del Ministerio Público mencionó que, en caso de que se encuentren pruebas que indiquen la comisión de un delito diferente a los investigados por el caso de la Unidad de Análisis de Datos, entonces se pondrá en conocimiento de los magistrados de la Sala Tercera y se les solicitará autorización para iniciar una nueva causa.

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Escándalo mediático

La Fiscalía General de la República investiga a ocho personas por el manejo de información relacionado con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. A ellos se les investiga por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Entre los imputados figuran el presidente Carlos Alvarado Quesada, el diputado y entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; la exjefa de despacho del mandatario, Felly Salas Hernández, el exasesor legal Luis Salazar Muñoz; así como a los asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Daniel Fernández Montero.

Dichas indicaciones fueron realizadas por el Ministerio Público como parte del comunicado de prensa en el que informó sobre la realización de 10 allanamientos relacionados con esta causa (expediente 20-005433-0042-PE). Estas gestiones se activaron el 28 de febrero anterior en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas que no se detallaron.

Según detalló el órgano acusador, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado Quesada tenía conocimiento".

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos y Fernández Montero se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.

"Al parecer, Alvarado Quesada, Morales Mora y Soto Castro emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa.

Los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.

El primero se castiga con entre uno y tres años de prisión (con agravantes que aumentan el plazo en un año), el segundo con entre tres meses y dos años, y el tercero con entre dos y seis años.

La pesquisa judicial busca determinar si, efectivamente, el entonces equipo asesor de la Presidencia tuvo acceso a "datos confidenciales", una facultad que se le intentó asignar a través de un fallido decreto que se publicó el lunes 17 de febrero y se derogó cinco días después ante las críticas de ciudadanos, políticos y medios de comunicación.

Presidencia ha alegado que el equipo asesor de datos funcionaba desde hace año y medio, y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso legalmente.

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