En tres años de gestión como fiscala general, Emilia Navas acumuló cinco investigaciones penales

El Ministerio Público tramita cinco causas penales contra la exfiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio.

Todas estas investigaciones permanecen en su etapa inicial en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), confirmó a AmeliaRueda.com el despacho mediante su oficina de prensa.

La más reciente de las pesquisas abierta a la exjerarca es por aparente incumplimiento de deberes, la cual tiene su origen en una denuncia interpuesta por el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas el 29 de junio pasado, dada a conocer por Noticias Monumental.

Al caso se le asignó el expediente 21-000136-1218-PE, en el que además figuran otros tres fiscales de apellidos Guido Howell, Miranda Hurtado y Barrientos Núñez.

Bolaños Rojas, figura central del escándalo de supuesta corrupción conocido como "cemento chino", le atribuye a la exfiscala y su equipo supuestas omisiones y arbitrariedades en las investigación seguida en su contra.

El incumplimiento de deberes refiere al momento en que un funcionario omite, rehúse a hacer o retarde un acto propio de sus labores; o bien, no se abstenga, inhiba o excuse cuando está obligado a hacerlo. Para este delito, el artículo 339 del Código Penal establece entre uno y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Por este mismo ilícito, el órgano acusador abrió la causa 20-000199-1218-PE a Navas Aparicio en 2020.

En ese año, a la exjerarca del Ministerio Público se le iniciaron las investigaciones 20-00005-1218-PE y 20-000124-619-PE, por aparente divulgación de secretos y falsedad ideológica, respectivamente.

Para el primero de los delitos, el ordinal 203 del Código Penal establece entre un mes y un año de cárcel o entre 30 y 100 días multa (el salario de la persona dividido entre 30, de acuerdo con el exjuez Ewald Acuña Blanco) de pena a quien "teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa". Si se trata de un servidor público, además se le impondrá inhabilitación por entre seis meses y dos años.

El segundo tiene que ver con insertar o hacer insertar "en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio", según reza el artículo 367 de esta misma norma. Como sanción, se establece de uno a seis años de prisión.

A la pesquisa restante se le asignó el número de referencia 19-000266-1218-PE, en el que se persigue un presunto delito de nombramientos ilegales.

El numeral 344 del Código Penal dispone un castigo de entre 30 y 90 días multa al funcionario que proponga o nombra para un puesto público a una persona que no reúne los requisitos legales para tal.

Todos estos casos se encuentran en la fase de investigación, que consiste en la recolección y análisis de prueba. Esta fase es de carácter privado para terceros en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

Salida atropellada

Emilia Navas Aparicio asumió el cargo de fiscala general de la República el 12 de marzo de 2018 y lo dejó el 28 de junio de 2021, luego de que adelantara repentinamente su jubilación sin explicar las razones de su decisión.

La jerarca del Ministerio Público informó un día antes por correo electrónico a la Corte Plena que durante el fin de semana avanzó en la redacción de sus informes para la respectiva transición al fiscal subrogante Warner Molina Ruiz. De esta manera, la abogada de 56 años pidió su jubilación se hiciera efectiva el 29 de junio en vez del 25 de agosto, como inicialmente lo planteó ante una oleada de críticas por su inhibitoria en el caso "Cochinilla".

"Me permito saludarles nuevamente y hacer de su conocimiento de que dado el arduo trabajo que estuve realizando este fin de semana, he logrado avanzar con la preparación de la información para efectos de la transición del cargo al fiscal subrogante don Warner Molina Ruiz.

"En razón de ello, he tomado la decisión de adelantar la fecha de mi jubilación, cuyo derecho ya ha sido aprobado, para el martes 29 de junio de este año. Lo que significa que mañana lunes 28 de junio es mi último día de trabajo", señaló la fiscala general en su oficio a los magistrados.

También indicó que este 28 de junio realizó la comunicación respectiva a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que en el transcurso de la mañana comunicó al presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, que la jubilación de Navas Aparicio ya fue debidamente aprobada.

Este cambio en la fecha ocasionó críticas de parte de la magistrada Roxana Chacón Artavia.

Con 17 votos, la Corte Plena se inclinó por dar por conocida la nota de Navas Aparicio. Otros dos jueces votaron por mantener en suspenso su decisión, a la espera de que se conocieran otros asuntos de la agenda que incluían quejas contra la labor de la fiscala general.

El retiro de Navas Aparicio se dio tras una serie de cuestionamientos debido a las constantes inhibitorias de la fiscala general en casos importantes en donde su pareja, el abogado Francisco Campos Aguilar, participa como defensor de alguna de las partes involucradas, lo que provoca que ella deba separarse de la investigación.

La situación más reciente se dio con el caso de "Cochinilla", donde su esposo defiende a la dueña de la constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como a tres trabajadores de la empresa Meco.

El anunció de jubilación de la fiscala general se dio tan solo una semana después de que en conferencia de prensa descartara esta opción indicado que "al país le conviene que yo esté al frente de la Fiscalía".

También en ese espacio, la jerarca dijo que se enteró del escándalo de aparente corrupción el mismo día de los allanamientos; sin embargo, el auditor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Reynaldo Vargas Soto, dijo que él se había reunido con Navas Aparicio en octubre del 2018 para conversar sobre supuestas irregularidades en dicha entidad.

Además, Diario Extra dio a conocer el 24 de octubre que Campos Aguilar estaba en las oficinas de Meco el día de los allanamientos e incluso llegó antes que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Pese a todos los cuestionamientos, ambos descartaron una y otra vez que existiera conflicto de intereses en este caso.

Tras las críticas y solicitudes de salida de Navas Aparicio, la Corte Plena analizó el 21 de junio pasado el caso y decidió no investigarla.