Fiscalía General allana Casa Presidencial, Mideplan y cuatro casas por caso UPAD

La fiscala general, Emilia Navas, encabezó el grupo de trabajo del Ministerio Público que allanó este viernes la Casa Presidencial, en Zapote, como parte de la investigación por la la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que se iba crear mediante un decreto que les daría acceso a "información confidencial" de los ciudadanos.

El operativo inició a las 8 a.m., además de Presidencia, fue allanado el Ministerio de Planificación y cuatro viviendas.

En la investigación figuran ocho personas: el presidente Carlos Alvarado Quesada; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el ministro de Planificación, Daniel Soto Castro, así como los asesores Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Daniel Fernández Montero; Luis Salazar Muñoz y otro funcionario apellidado Salas Hernández.

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.

"Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Esta unidad ya realizaba trabajos de minería de datos en Presidencia desde hace año y medio; sin embargo, el decreto pretendía instaurarla oficialmente y obligaba a las instituciones públicas entregar información sensible al grupo asesor.

Además de darle acceso a "datos confidenciales", el decreto contenía otras indicaciones criticadas por actores civiles y políticos, como permitir que la entidad se financiara con recursos de organismos privados.

Ante las críticas a la norma, el Gobierno decidió derogar el decreto fundacional de la UPAD, el viernes 21 de febrero, cuatro días después de que fue publicado.

El texto contaba con las firmas del presidente Alvarado, del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y del viceministro de Planificación, Daniel Soto. Sin embargo, todos aceptaron que existieron errores en la redacción del texto.

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Incluso, Morales Mora afirmó ante la prensa que nunca dimensionó los problemas con la redacción que permitía el acceso a "datos confidenciales", hecho que, según dijo, luego derivó en "malas interpretaciones".

El caso UPAD acumula tres denuncias penales en la Fiscalía General, donde se señala al presidente de la República, Carlos Alvarado, al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, por accionar en contra de la Constitución Política.

Asimismo, la Asamblea Legislativa abrió una comisión investigadora sobre el tema, donde se pedirá cuentas del ministro Morales Mora y tiene pactado votar dos mociones de censura, el martes 3 de marzo, contra él y el viceministro Soto.

Expertos en ciberseguridad manifestaron este jueves en el programa NuestraVoz que la acción de la Fiscalía es tardía y que el decomiso de equipos tuvo que darse de manera inmediata luego de las denuncias.

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El grupo de expertos coincide en que la investigación se dificulta por la tardía intervención de la Fiscalía quien ahora deberá trabajar en la detección y recuperación de archivos modificados y borrados.