Fiscal subrogante de caso "Cochinilla" se postula para dirigir el Ministerio Público

El fiscal subrogante del caso policialmente conocido como "Cochinilla", Miguel Ángel Ramírez López, postuló su nombre para sustituir a Emilia Navas Aparicio al frente del Ministerio Público.

La tarde de este viernes -día en el que cierra el plazo de inscripciones, a las 11:59 p.m.- el nombre del abogado de 57 años apareció en el listado de aspirantes a fiscal general de la República disponible en el sitio habilitado por la Corte Suprema de Justicia, para dar transparencia al proceso.

El actual fiscal adjunto de Fraudes y Cibercrimen había evitado responder a AmeliaRueda.com el pasado 23 de julio si buscaría o no ser nombrado en ese cargo. En esa oportunidad, también se negó a conceder a este medio una entrevista.

Ahora, en su currículo, manifestó cuatro puntos por los cuales quiere hacerse con el puesto vacante desde el 29 de junio pasado:

1. Cambiar las políticas de persecución penal para adecuarlas a nuevas tendencias delictivas en crimen organizado, delitos financieros, corrupción de funcionarios, cibercrimen internacional, entre otros.
2. Fortalecer el Consejo Fiscal, de manera que las decisiones en el Ministerio Público se tomen por consenso de las fiscalías Adjuntas y Especializadas.
3. Procurar un ambiente laboral sano para "devolver" el respeto y la dignidad a los fiscales, así como la seguridad institucional.
4. Renovar capacidades y visiones de los fiscales, principalmente aquellos considerados "de nuevo ingreso", que representan más del 60% del personal.

"Estos cuatro puntos nos encaminan a realizar un cambio en las estructuras del Ministerio Público actual en donde se distingue el perfil de cada compañera y compañero y poder ofrecerle un nombramiento donde sea más eficiente y su labor eficaz, lógicamente al amparo de una Ley de Carrera Fiscal que se debe realizar con fuerza para que esta se promulgue y evitar con ellos procesos engorrosos de nombramientos. Con ello se fortalecería ese anhelo de querer ser fiscal e ir escalando puestos conforme a la experiencia, años de servicio y desempeño. Si se fortalecen estos puntos, se tendría un Ministerio Público uniforme, con participación de equipos de trabajo y en donde la división interna no tendría cabida.

"Es una tarea ardua más no imposible ya que el Ministerio Pública cuenta con el personal necesario para realizar el cambio. Hoy en día se utiliza comúnmente la fase 'trazar la ruta', el Ministerio Público ha andado un camino estos primeros 46 años, pero existe la total necesidad de que entre todos tracemos la nueva ruta de todas las Fiscalías y porqué no decirlo el destino de la democracia de este país", destacó al responder a la pregunta de cuál es su interés por convertirse en fiscal general.

A Ramírez López, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, lo juramentó el 22 de junio pasado como fiscal subrogante en el escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública durante un año. Esto a raíz de la inhibitoria -y posterior retiro- de Navas Aparicio así como del fiscal subrogante Warner Molina Ruiz.

En el caso de la primera, se tiene que su pareja es el defensor de la propietaria de H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como de tres personeros de la constructora Meco; todos ellos imputados en la investigación penal. En cuanto al segundo se tiene que porque es cuñado de Elsie Carmona Rivas, una funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) implicada en el caso de presunta corrupción.

Al cargo de fiscal adjunto de Fraudes llegó el 1° de julio de 2019. Tiene 30 años en el Ministerio Público, tanto como fiscal auxiliar, fiscal y fiscal adjunto en Limón, Puntarenas, San Ramón y Heredia.

En 2020, Navas Aparicio le encomendó la creación de la Unidad de Cibercrimen en el despacho máximo del órgano acusador. A través de esta, el jurista desarrolló pesquisas complejas con enfoque de ingeniería social, abocadas a la persecución de estafas telefónicas realizadas por grupos organizados -algunos de ellos operan desde centros penales- que se hacen pasar por servidores públicos o bancarios.

También es reconocido por llevar juicios de gran despliegue mediático, como el relacionado a las irregularidades que llevaron al cierre del Banco Anglo Costarricense, el homicidio del periodista Parmenio Medina Pérez y el asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval.

Por nueve años complementó su trabajo con la docencia en materias de Derecho Penal en las universidades de San José y Santa Lucía. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA).

En su carrera en la Fiscalía, Ramírez López acumula -hasta el 29 de junio anterior- 11 causas administrativas en la Inspección Fiscal y en todas ellas se le exime de pena y responsabilidad, de acuerdo con información proporcionada a AmeliaRueda.com por su departamento de comunicaciones. El funcionario no registra investigaciones disciplinarias en el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ).

Lea: Fiscal subrogante de caso "Cochinilla" evita responder si buscará dirigir el Ministerio Público

Otros nombres

La primera etapa del concurso para elegir al próximo fiscal general tiene hasta ahora -a ocho horas de que se cierre el plazo de inscripciones- 11 pretendientes adicionales a Miguel Ramírez López. Estos son:

Andrés Olsen Villegas, 41 años - Es juez penal. Anteriormente trabajó como fiscal y fiscal auxiliar, así como director de los Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Cuenta con una maestría en Derechos Humanos y habla inglés en nivel principiante.

"No creo ser elegido, por múltiples razones y circunstancias totalmente ajenas a mis atestados y capacidades, pero creo tener lo necesario para el puesto. En caso de ser electo, mi interés para ejercer el cargo es el de limpiar, modernizar y mejorar al Ministerio Público", escribió en su hoja de vida.

Manuel Fallas Calderón, 51 años - Es juez penal. Previamente fungió como oficial de investigación. Es máster en Derecho y tiene dominio básico del inglés.

Su interés para ocupar el cargo es "servir al país en el combate de las distintas formas de manifestación de delitos, complejos y comunes, con especial atención en la persecución penal del crimen organizado, el tráfico de drogas, lavado de dinero, delitos contra la Hacienda Pública, homicidios, penalización de la violencia contras las mujeres y delitos ambientales".

Álvaro Fernando Cubero Pérez, 58 años - Abogado litigante, funcionario judicial jubilado y profesor universitario. Fue fiscal adjunto de Puntarenas y San Ramón, así como fiscal en San José, Liberia y Puntarenas. También fue fiscal de juicio en Puntarenas y Liberia, así como fiscal de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público y fiscal jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público. Es máster en Ciencias Penales y tiene estudios de Filosofía.

"En este momento, mi mayor interés en concursar por el puesto de fiscal general de la República se ve motivado por las circunstancias de desear realizar un aporte significativo para potencializar el papel que debe desempeñar la institución en la recuperación del Estado Democrático de Derecho, mediante la implementación de un Ministerio Público independiente, alejado de toda influencia política y económica, con una política de persecución penal eficaz y eficiente, además de un respeto absoluto por los derechos y garantías de todos los ciudadanos, en especial las víctimas de los delitos", destacó.

Guillermo Hernández Ramírez, 61 años - Abogado litigante y funcionario judicial jubilado. Fue fiscal subrogante, fiscal adjunto de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, así como coordinador de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico. También fue director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como director ejecutivo del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (Cicad). Fungió como asesor de la Comisión Permanente Especial sobre Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Es doctor en Derecho Penal y tiene dominio básico del inglés.

"Tengo la madurez personal, la preparación académica y profesional requerida y la experiencia laboral necesaria para liderar el fortalecimiento y evolución del modelo legal e institucional del Ministerio Público", aseguró en su carta de presentación.

Edwin Retana Carrera, 58 años - Abogado litigante, funcionario judicial jubilado, consultor legal y docente universitario. Fue fiscal adjunto de Alajuela, Heredia, Cartago, San Ramón y Puntarenas. Cuenta con una especialización y maestría en Administración de la Justicia Penal.

"Mi intención primordial para aspirar al puesto de fiscal general de la República es con el fin de establecer una administración gerencial que permita 'mejorar lo que se hace', evitando regímenes totalitarios y de terror, iniciando con un diagnóstico de la realidad actual de la institución; luego tomando acciones en la distribución del personal profesional, ya que históricamente algunas jefaturas lo han hecho sin tomar en consideración las estadísticas y la zona particular donde se ubica el despacho, haciéndose de manera caprichosa", manifestó al responder cuál es su interés por dirigir al Ministerio Público.

José Francisco Mena Castro, 43 años - Actual fiscal adjunto de Pococí y docente universitario. También fue fiscal auxiliar y de juicio en las fiscalías de Delitos Contra la Vida, contra la Delincuencia Organizada, Siquirres y Pococí. Antes trabajó en el Organismo de Investigación Judicial. Es doctor en Derecho, licenciado en Criminología y tiene un nivel intermedio de inglés.

"Consciente del momento histórico que atravesamos en el Ministerio Público, considero contar con la capacidad necesaria de liderazgo, conocimiento jurídico y experiencia, para potenciar el digno trabajo que llevamos a cabo y desarrollar todo un nuevo proyecto de gestión, que nos permitirá trascender significativamente", señaló en su currículo.

Carlo Israel Díaz Sánchez, 48 años - Actual fiscal adjunto de Ejecución de la Pena. Fungió como fiscal de juicio del Tribunal Penal de San José, fiscal adjunto de la Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías. También fue fiscal adjunto de Gestión de Fiscalías Territoriales, de Asuntos Indígenas, de San José en sus tres circuitos, de Alajuela, Heredia y Cartago. Fue fiscal coordinador en Desamparados y Pavas, así como auxiliar y coordinador en Limón. Es máster en Derecho Penal y tiene un dominio intermedio del inglés.

Su interés es "mejorar el Ministerio Público, insertándolo en la cultura organizacional moderna, de control, medición y evaluación continua de los rendimientos, para así maximizar el potencial de los recursos asignados en aras de brindar un servicio público de excelencia en todas las etapas del proceso".

Carlos Eduardo Cárdenas Chinchilla, 50 años - Actual fiscal auxiliar. Ha trabajado en las fiscalías de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, Legitimación de Capitales, Crimen Organizado y Narcotráfico. También en las fiscalías de Garabito, Quepos y Cóbano. Antes del Ministerio Público, fue defensor público en San José, Hatillo y Desamparados. También fungió como litigante y como asesor en Administración, Banca y Finanzas así como en Mercado de Valores. Es magíster en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas, máster en Derecho y tiene un dominio general del inglés.

"Poseo los conocimientos formales en el ámbito legal y de administración, para realizar una amalgama o enlace entre ambas habilidades, por ello, podré desempeñar con la capacidad y la actitud lo propuesto de manera consecuente", destacó en su postulación.

Christian Agustín Ulate Durán, 45 años - Abogado litigante y docente universitario. Fue fiscal y oficial legal Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En el Ministerio Público se desempeñó en las a de Delitos Sexuales y Violencia contra la Mujer, de Corredores, de Limón, de Puntarenas, de Osa, de Desamparados y de Hatillo. Fungió también en la Fiscalía de Grecia, la Fiscalía contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Apoyo a la Fiscalía General (posteriormente llamada Fiscalía contra el Crimen Organizado). También fue juez del Limón e interino en Heredia y Puntarenas.

"Existen personas con gran capacidad y trayectoria dentro del actual Ministerio Público para desarrollar este rol, no me cabe duda, pero, honestamente creo necesario traer nuevas visiones, no seguir cayendo en la constante de que el nuevo fiscal general será nuevamente un funcionario de la institución, dándose simplemente un cambio de nombre, pero continuando con los mismos lineamientos a los cuales le agregan únicamente pequeños cambios estructurales. Es hora de salir de esa zona de confort institucional, voltear a ver hacia otros horizontes y ver que existimos profesionales que estamos fuera por decisión propia, pero con una trayectoria profesional que nos avala", escribió en su currículo.

Gaudy Johanna Murillo Garita, 43 años - Abogada y notaria pública. Cuenta con una especialidad notarial y registral, así como inglés intermedio.

En su carta de presentación, aseguró que busca "honrar a mi país con excelentes valores sociales, morales y justicia".

Rodolfo Gerardo Corrales González, 50 años - Abogado litigante y curador procesal. Trabajó en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). Cuenta con una especialidad en Derecho Notarial y Registral.

Tiene interés en "ayudar a eliminar la corrupción y los delitos de cuello blanco en Costa Rica".

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