Falta de quórum impidió realizar careo entre auditores del MOPT y Conavi por caso Cochinilla

La falta de quórum impidió que este jueves 29 de julio sesionara la Comisión Especial legislativa que investiga los supuestos actos de corrupción en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Para este jueves se tenía previsto realizar un careo entre la auditora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Irma Gómez, y el auditor del Conavi, Reynaldo Vargas.

Sin embargo, al iniciar la sesión, a las 8:15 a.m. sólo estaban presentes tres de los siete diputados que integran la comisión.

Los presentes fueron, el presidente de la Comisión, Pablo Heriberto Abarca (PUSC), además de José María Villalta del Frente Amplio y Paola Valladares del PLN.

Los ausentes fueron Franggie Nicolás (PLN), Enrique Sánchez (PAC), Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional) y Jonathan Prendas (bloque independiente, Nueva República) quien aseguró que tenía permiso para ausentarse.

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Careo

El careo previsto para este jueves en la Comisión del caso Cochinilla era necesario debido a que los auditores del MOPT y Conavi tuvieron contradicciones en sus comparecencias realizadas semanas atrás.

El auditor del Conavi indicó el jueves 15 de julio que le faltaba personal para poder realizar las investigaciones internas, sin embargo, una semana después, el jueves 22 de julio, la auditora del MOPT manifestó que su colega del Conavi rechazó que le ayudaran en la investigación del caso Cochinilla.

Incluso, indicó que no se había podido avanzar con la orden del ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de, entre ambas auditorías, investigar lo ocurrido en el caso Cochinilla y la supuesta corrupción en los contratos de obra vial.

Ahora se espera que los diputados reprogramen la sesión prevista para este jueves y se agenden sesiones extraordinarias para poder avanzar con la agenda prevista en esta comisión.

El caso cochinilla reveló la existencia de una red criminal creada entre funcionarios públicos y empresarios de la construcción. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se entregaban dádivas de todo tipo a los funcionarios a cambio de información privilegiada y trato preferencial en las grandes licitaciones de obra pública.

Por este caso se realizaron 57 allanamientos el pasado 14 de junio y se realizaron 30 detenciones. Actualmente 28 de los involucrados se encuentran en libertad con medidas cautelares y sólo los dueños de H. Solís y MECO descuentan cuatro meses de prisión preventiva.

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