Más de 500 expropiaciones pendientes atrasan ejecución de obras viales; MOPT busca cambios en la ley

El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acumula más de 500 expropiaciones pendientes, lo cual retrasa la ejecución de obras viales en el país.

Ante este escenario, las autoridades buscan nuevos cambios en la ley para habilitar una nueva figura que les permita dar adelantos de dinero a los propietarios que voluntariamente permitan el ingreso a sus terrenos mientras, de forma paralela, se formaliza la expropiación.

El viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, dijo que este cambio es necesario para mejorar una práctica que ya se viene ejecutando, que consiste en “pedir permiso” a los dueños de terrenos para empezar a trabajar sin tener que esperar que concluya todo el proceso administrativo y judicial que conlleva una expropiación.

“Lo que hemos acostumbrado es pedir la ayuda del propietario, pedir la ayuda del afectado y, mediante una figura que es permitida constitucionalmente, lo que hemos hecho es pedirle un permiso para ejecutar en su propiedad sabiendo que le vamos afectar con una expropiación.

“En muchos casos en los que, sin dar ningún dinero, hay propietarios que bajo su libertad nos dan el derecho de ejecutar en sus propiedades aún estando pendiente el proceso formal de expropiaciones. A esa figura le hemos llamado entrada en posesión voluntaria y es una práctica que tiene más de 10 años y nos ha servido y funcionando en muchos proyectos”, dijo Figueroa ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

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La intención de las autoridades es tener herramientas para no judicializar todos los casos y tener un incentivo económico que haga que más propietarios cedan -voluntariamente- el uso de sus tierras antes de que concluya todo el proceso.

El expediente 21.986, Ley de Adquisición de Derechos para la Construcción de Infraestructura, propone que se pague -de forma adelantada- el 40% del total del avalúo base de cada expropiación, en caso de que el propietario ceda el uso del terreno de forma voluntaria.

“Lo que busca la propuesta es hacer más atractiva esa figura de entrada en posesión voluntaria, ofreciendo al afectado la posibilidad de un adelanto (de dinero). Esta figura no pretende sustituir la Ley de Expropiaciones en lo más mínimo, es una figura complementaria donde buscamos hacer más atractivo para el afectado, el poder darnos acceso”, agregó el viceministro, quien explicó que el acuerdo voluntario no se logra en todos los casos.

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Para las autoridades es necesario buscar estas herramientas de expropiación alternativas debido a que la reforma a la Ley de Expropiaciones del 2015 no ha logrado tener el resultado esperado y se mantiene un atraso importante en la resolución de los expedientes de expropiación.

Según los registros, el MOPT tarda en promedio de 12 a 24 meses formalizando una expropiación y existen “suficientes” casos donde se tarda más.

El ingeniero reconoció que el país sufre un rezago importante en la materia y agregó que existe una “tardía adquisición de los derechos de vías necesarios”.

“Los juzgados no están cumpliendo con los plazos que la ley establece”, dijo Figueroa al exponer la problemática que se tiene con las expropiaciones y la necesidad de habilitar herramientas alternas.

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Posesión voluntaria

La formalización de la figura de entrada en posesión voluntaria se basa en un proyecto de ley de siete artículos donde se establece un avalúo referencial que servirá de base para hacer un pago de adelanto al propietario del terreno que accede de forma voluntaria al uso de su terreno.

A esta persona se le pagará el 40% del avalúo de referencia y se establece la posibilidad de apelar el monto e iniciar un proceso judicial; sin embargo, esto se haría de forma paralela mientras el MOPT ya ejecuta obras en el terreno en disputa.

El abogado de la entidad, Fabio Ramírez, explicó que cuando un propietario acepta el uso de la entrada en posesión voluntaria y el pago adelantado, no estaría renunciando a la posibilidad de “pelear” por el precio justo.

Ramírez explicó que se estableció el pago adelantado del 40% del avalúo como una “estimación prudencial”, “dejando un 60% restante para la valoración definitiva” y agregó que esto les permite tener un margen de error mínimo de que se vaya a pagar más de lo que finalmente vale un terreno.

El funcionario agregó que se estableció ese porcentaje porque lo consideran atractivo, tomando en cuenta que ningún propietario se va a ver interesado por esta figura si se les ofrece un pago de 5% o 10%.

“Para cada caso se haría un avalúo y la oferta (de dinero) es sobre el avalúo, donde habrá un profesional responsable”, dijo el abogado.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos indicaron que esperan dictaminar este proyecto la próxima semana, para luego ser remitido al plenario legislativo.