Exministra rumana que pedía asilo: "El sistema costarricense no fue garante de mis derechos"

Las expolíticas rumanas Elena Udrea y Alina Bica, quienes estuvieron detenidas en Costa Rica el año anterior y buscaban que el Estado costarricense les concediera refugio, arremetieron contra las autoridades nacionales antes de abandonar el país y desistir así del proceso de asilo.

Udrea, quien fue ministra de Turismo, diputada y una de las políticas más famosas de Rumanía, envió un desistimiento de la solicitud de refugio al Tribunal Administrativo Migratorio, la Comisión de Visas y Refugio y el Subproceso de Refugiados de Migración y Extranjería. La misiva la remitió el pasado 6 de julio, mismo día en que salió de Costa Rica para regresar a su país.

En la nota, de la cual AmeliaRueda.com tiene copia, Udrea indica que desiste del proceso no como una renuncia voluntaria, sino que enumera una serie de hechos que la llevaron a tomar esa decisión.

"Hoy, diecisiete meses después, con profunda tristeza y sin una respuesta aún por parte de Costa Rica a mi solicitud de ayuda y protección, puedo concluir que esa respuesta no vendrá a pesar de mi urgente necesidad de protección…El sistema costarricense no fue garante de mis derechos ni de los de mi hija (la cual nació en septiembre del año anterior en Costa Rica)", indicó Udrea.

Ella llegó a Costa Rica en febrero de 2018, alegando que era víctima de una persecución política en su país. Sin embargo, el 3 de octubre de ese mismo año fue detenida en vía pública, cerca de La Sabana, por parte de las autoridades de Interpol, pues en su país se emitió una solicitud de extradición para que enfrente una condena por corrupción, la cual después fue suspendida y por eso las autoridades rumanas desistieron del proceso para que fuera enviada a ese país.

Misma situación pasó con Alina Bica, quien fue fiscal de Crimen Organizado y Corrupción en su país.

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Tanto Udrea como Bica estuvieron presas hasta el 24 de diciembre, cuando el Tribunal de Pavas ordenó que fueran liberadas tras recibir la notificación por parte del Ministerio de Justicia en el que desistía de la extradición.

"Mi confianza y percepción del sistema de asilo costarricense a estas alturas había cambiado sustancialmente. Aún así, una vez en libertad decidí continuar mi lucha por ser reconocida como refugiada y no como una fugitiva", señaló en la misiva.

"Permanecí en Costa Rica, demostrando que nunca fue mi intención huir… No obstante, empezaba a ser claro para mí, que desde siempre existió por parte de las autoridades costarricenses una injusta y subjetiva percepción sobre mí de la cual no se dieron las garantías ni la oportunidad de defenderme conforme a derecho y que no valdrían los argumentos esbozados en estricto apego a la legislación local y el derecho internacional que me permiten concluir que reúno todos y cada uno de los criterios para tenerme reconocida como refugiada", enfatizó Udrea.

Alegato de tortura

Al igual que Udrea, Alina Bica envió una carta a las autoridades migratorias; no obstante, ella lo hizo el 5 de julio, mismo día en que salió de Costa Rica. En el caso de ella no regresó a Rumania y se desconoce en cuál país se encuentra actualmente.

De acuerdo con la carta de Bica, ella fue víctima de tortura en su país, uno de los argumentos que presentó para solicitar el refugio, pero "la comisión desconoció mi condición de sobreviviente de tortura" y analizaron "pobremente" el riesgo de volver a ser víctima de esa situación si era enviada a su país.

La solicitud de refugio de Udrea y Bica fue rechazada en dos ocasiones por parte de la Comisión de Visas y Refugio. Actualmente, estaba pendiente de la resolución final de una apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio.

Este medio consultó al Tribunal sobre las notas enviadas por las expolíticas rumanas; sin embargo, por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Gobernación indicaron que no se iban a referir al caso por el principio de confidencialidad.

Las notas de Udrea y Bica también fueron copiada a la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Agencia de la ONU para refugiados ACNUR.