Exjueza de San José llega a una Sala III golpeada por caso del cemento chino
Será juramentada este miércoles en el Congreso
06/11/18 | 12:41pm
La jueza penal jubilada de San José, Patricia Solano Castro, fue electa este martes por la Asamblea Legislativa como la nueva magistrada de la Sala de Casación Penal, tribunal que durante el último año sufrió constantes embates por el caso del cemento chino.
Solano, de 58 años, recibió el apoyo mínimo de 38 congresistas en la cuarta ronda, en las votaciones previas siempre fue la candidata con mayor respaldo para ocupar el cargo que dejó José Manuel Arroyo Gutiérrez desde el 1 de enero del 2017.
El pasado 13 de marzo de ese año, la exjueza fue seleccionada por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para integrar la terna final que se recomendó al Plenario, en un procedimiento que fue cuestionado por los legisladores de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA), debido al faltante de criterios.
No obstante, en el tiempo en el que hicieron uso de la palabra previo a la votación secreta, representantes de ambas bancadas anunciaron que apoyarían a una mujer en el entendido de que la conformación de la Corte Plena hasta este jueves tiene 11 hombres y 4 mujeres.
A Solano la siguieron Patricia Vargas González, con 10 votos; Omar White Ward, con 4; y Gary Amador Badilla, con 1.
La presidenta del Congreso en ejercicio, María Inés Solís Quirós, explicó que se procederá con el nombramiento de la nueva magistrada este miércoles.
Ni a media máquina
Patricia Solano Castro llega a ocupar un lugar en el órgano de la Corte Suprema de Justicia que se vio más cuestionado tras las revelaciones del caso de corrupción que se conoce popularmente como el cemento chino.
De hecho, desde el estallido del escándalo hasta la fecha, la Sala Tercera ha visto caer a tres de sus cinco jueces titulares.
El primero fue Celso Gamboa Sánchez, a quien el Parlamento lo despidió por sus nexos con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien se encuentra preso desde noviembre del año pasado como parte de una investigación por supuestas irregularidades en la obtención de una línea de crédito por $30 millones en el Banco de Costa Rica (BCR).
Lea: Celso Gamboa despedido por nexo con empresario del cemento chino.
Fue el 10 de abril anterior que 39 diputados decidieron remover a quien habían elegido 2 años y 59 días antes, a partir de un acuerdo de la Corte Plena de pedir su salida luego de que se determinara que había incurrido en una falta gravísima por su vínculo con el empresario.
También a partir de un castigo de ese órgano, el entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, decidió acogerse a su pensión el 16 de julio del 2018, una semana después de haber sido sancionado junto a sus compañeros de la Sala Tercera por desestimar una causa penal contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth por presunto tráfico de influencias en el caso del cemento.
De igual manera ocurrió con la entonces presidenta del Tribunal de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, quien informó de su jubilación en la sesión de Corte Plena del 30 de julio del año en curso.
Actualmente, la Comisión de Nombramientos tiene en fase de audiencias los tres expedientes de sustitución.
El único magistrado que sobrevive al escándalo es Jesús Ramírez Quirós, quien fue electo en 1985 y desde entonces ha repetido en 4 periodos, lo que le permitiría mantenerse en el caso hasta 2025.
30 años de experiencia
La nueva magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, acumula 30 años de experiencia como jueza de lo penal en el Poder Judicial.
Fue defensora pública en Cañas, Puntarenas y Desamparados, e integrante del Juzgado de Instrucción en Cañas y San Ramón en 1988.
En 1989, estuvo en la alcaldía mixta de Cañas y fue juez mixta de Puriscal.
A partir ahí, pasaría cuatro años como jueza penal de Puntarenas, tres en Alajuela y uno como jueza del Tribunal del Superior del Segundo Circuito Penal de San José, Sección Tercera.
Luego pasó a ser juez cuatro del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José; finalizó su función en el Tribunal Penal de Goicoechea, hasta el 15 de febrero de 2017, cuando se jubiló con una pensión de ¢4 millones..