Exdirector de Proveeduría del Congreso investigado en Fiscalía por presuntos cobros ilegales

El exdirector del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa, un hombre de apellidos Laines Castro, es investigado en la Fiscalía del I Circuito Judicial de San José por supuestamente haber realizado cobros ilegales mientras ostentó ese puesto, del cual fue reubicado.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a AmeliaRueda.com que contra el sujeto se presentó una denuncia el pasado 27 de setiembre, la cual se sigue bajo el expediente 18-000776-0619-PE. La pesquisa permanece en la etapa de recolección y análisis de prueba; misma que es privada para personas ajenas al caso, según lo estipula el artículo 295 del Código Procesal Penal.

El 1 de octubre anterior, también ingresó una denuncia contra Laines por cobros improcedentes en la Dirección Ejecutiva del Congreso, que fue trasladada ese mismo día al Departamento de Asesoría Legal para su respectivo estudio.

No obstante, al concluir una investigación preliminar, esa oficina indicó que no contaba con suficientes indicios o elementos de juicio para determinar la procedencia de la apertura de un procedimiento administrativo o gestión de despido ante la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) contra el ahora trabajador del Área Económica del Departamento de Servicios Técnicos.

"De la prueba testimonial aportada por la denunciante, tenemos que los cuatro testigos afirman desconocer cualquier cobro indebido o irregularidad relacionada con los pagos ilegítimos que eventualmente pudo realizar el señor Laines Castro a la denunciante cuando ostentaba el cargo de Proveedor Institucional, igualmente los testimonios e informes recabados no apuntan o evidencian que existiera un trato distinto, para beneficiar o perjudicar a la señora XXX, en su calidad de proveedora, durante el período que va de 20 de mayo de 2013 al 26 de enero de 2015", determinó el área legal.

La resolución además recomienda esperar el resultado de la investigación de la Fiscalía para disponer de cualquier acción en el ámbito administrativo, "sobre todo tomando en cuenta que la administración tendría un plazo de cinco años a partir de la resolución en sede judicial, para incoar (iniciar) un procedimiento administrativo por actuaciones irregulares de los funcionarios, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica, Ley N° 7428.

"Lo anterior por tratarse de posibles faltas contra el erario, que involucran el manejo y administración de fondos públicos".

El documento en cuestión fue enviado el 29 de octubre del año en curso a la Dirección Ejecutiva, rotulado como "confidencial" por contener aspectos que son cubiertos por el principio de reserva, en protección del derecho a la intimidad de las partes involucradas en el proceso.

Reubicado por acoso laboral

El 28 de octubre del 2017, el Directorio de la Asamblea Legislativa ratificó un acuerdo previo que resolvió suspender a Laines Castro por 15 días y trasladarlo en un área diferente a la Proveeduría -donde era director- luego de que se le encontrara responsable de acoso laboral.

La reubicación del funcionario es por tres años con las mismas condiciones del puesto en el que se desempeñaba, o sea, que pese al cambio mantuvo su calificación y salario. una vez cumplido el plazo, el órgano parlamentario debe estudiar y evaluar el caso para garantizar el óptimo servicio público.

El procedimiento contra el trabajador encontró que este infringió los artículos 1, 2 y 3 del Protocolo de Atención del Acoso Laboral en la Asamblea Legislativa; el 34 inciso b) y el 36 inciso c) de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa; el 69 inciso c) y el 70 inciso i) del Código de Trabajo; así como el 34, el 35 inciso ñ), el 37 inciso b) y el 87 del Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa.

"Queda demostrado que el funcionario Laines Castro, presenta características y un estilo de liderazgo en su rol gerencial, con un ejercicio inadecuado y excesivo del poder y de sus potestades como jerarca; comportamientos que evidentemente han violentado durante un tiempo prolongado las condiciones y derechos laborales de los denunciantes, amén de que no favorecen la dinámica de trabajo, la interacción y la comunicación con sus colaboradores", indicó el órgano parlamentario.

De acuerdo con información suministrada por la Dirección Ejecutiva, el exdirector fue objeto de investigación en otros dos casos, aunque en ambas oportunidades resultó absuelto. Al respecto no se detallaron los motivos de los legajos archivados.