Estafadores que se hacen pasar por funcionarios de Hacienda robaron ¢1.500 millones a empresarios

Un grupo de estafadores que se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Hacienda lograron robar más de ¢1.500 millones de cuentas de empresarios en 2018.

La información fue dada a conocer la mañana de este martes por la jefa de Investigación de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Karla Chinchilla, en una conferencia de prensa que contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

El investigador de esa unidad, Jonathan Calderón, explicó que los delincuentes informáticos recurren a un software llamado AnyDesk, que funciona como un acceso remoto a computadoras. Ese programa es instalado por las propias víctimas, a pedido del estafador, quien se identifica como un servidor público que le ayudará a elaborar su factura electrónica.

Una vez que el software es instalado e iniciado, el estafador pide a la persona un número en pantalla, que resulta ser la dirección de IP del ordenador (compuesta por nueve números, divididos en tres grupos de tres). Posteriormente, el delincuente informático hace una llamada por medio de la computadora, con la que puede ver todo lo que la víctima realiza en pantalla desde una ubicación diferente.

Cuando logra consolidar el acceso remoto, el estafador procede a guiar a la persona en distintos trámites en la página de Hacienda, el Sistema de Compras Públicas (Sicop) y el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC). Para ese momento, la víctima desconoce que el supuesto trabajador puede ver en tiempo real lo que escribe en la pantalla, lo que es aprovechado por el delincuente informático para robar datos sensibles, como accesos a cuentas, contraseñas, entre otros.

Luego, ya cuando concluye la llamada, el estafador extrae dineros de las cuentas y los transfiere a las de intermediarios que son reclutados por la organización criminal. Finalmente, estos se apersonan a cajeros automáticos y extraen el dinero para entregarlo, lo que se les recompensa con una comisión.

De acuerdo con Bonilla, los montos de los fraudes oscilan entre ¢1 millón y ¢60 millones.

Asimismo, el investigador explicó que el año pasado se presentaron un total de 922 denuncias por esa modalidad en el Gran Área Metropolitana (GAM). Su superior, Chinchilla, indicó que las denuncias se volvieron más constantes a partir de abril, lo que coincide con la obligatoriedad de la factura electrónica.

Las causas se siguen con unas 1.700 personas, propietarias de las cuentas a las que fueron depositados los montos.

La pesquisa policial apunta a que las llamadas son originadas desde el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela (conocido como La Reforma). Ello ha requerido la revisión semanal de parte del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), que ha logrado el decomiso y evidencias que han sido aportados a la investigación.

Chinchilla dejó en claro que ninguna de las páginas en cuestión han sido vulneradas. "Es importante aclarar que es el usuario es quien está dando los datos por diversas metodologías al estafador para que finalmente se cometa la estafa", indicó la jefa de Investigación de la Sección de Delitos.

"Esta es una problemática que es bastante grande, realmente nos preocupa muchísimo porque en la ingeniería social, y eso es muy importante dejarlo en claro, el eslabón débil es el ciudadano, la persona, la víctima", añadió la funcionaria.

A colgar

El viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, reconoció el riesgo emergente que representa para los contribuyentes esa forma de estafa, situación por la cual recordó que de parte de Hacienda no se formularán llamadas ni se brindará asistencia remota o física para la realización de la factura electrónica.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para que en el momento en el que reciban llamadas de este tipo, cuelguen. No sean parte de este tipo de proceso de estafa", insistió.

Acosta señaló que en los últimos meses, la institución se ha abocado a hacer advertencias a la población por sus redes sociales y su sitio web, situación que podría haber generado una mutación del timo, hacia otros ministerios.

De hecho, el bloqueo de un sitio dentro del portal de Hacienda fue lo que generó que los estafadores comenzaran a visitar el Sistema de Información Empresarial.

La viceministra de Economía, Laura Pacheco, dijo que próximamente habilitarán una alerta en la parte superior del sitio de Economía, Industria y Comercio. La entidad también se encargado de enviar correos masivos a los pequeños y medianos empresarios, que son los principales afectados por la modalidad.

Ambos ministerios se unirán en una campaña junto a la Policía Judicial, se que se llamará "A cualquiera le puede pasar".

"No nos cansaremos de alarmar. Vemos esto con preocupación total, con profunda preocupación y las alertas las generaremos por todas las vías que tengamos a disposición", externó la jerarca.