Errores en entregas de bono Proteger son “tolerables”, dice ministra de la Presidencia a diputados

La entrega de los bonos Proteger fue una “medida que le cambió la vida a las personas para poder comer” y los errores señalados en las entregas son “tolerables”. Así lo describió la ministra de la Presidencia, Giannina Dinarte, exministra de Trabajo que lideró el plan de entrega de ayudas económicas durante la pandemia.

La funcionaria compareció ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde se investigan las posibles anomalías en las entregas de los bonos.

Para la jerarca, los errores corresponden a menos del 5 por ciento de los casos y agregó que de los 66.298 casos señalados por la Contraloría General de la República (CGR), con posibles irregularidades, solo en 5.962 se determinó que sí era necesaria la apertura de una investigación, esta cantidad de bonos con supuestas anomalías representan un monto superior a los ¢1.172 millones “por recuperar”.

Para Dinarte, el informe de la CGR que señaló "serios problemas en la asignación de los beneficiarios” tiene debilidades, premisas incorrectas, imprecisas y hallazgos con falencias. La funcionaria agregó que tras el informe se hicieron revisiones de los datos que redujeron las cifras de los “errores” señalados. La funcionaria dijo que lo dicho por el ente contralor son "oportunidades de mejora" y minimizó su impacto.

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Por ejemplo, se indicó que de los datos señalados de 45 depósitos a fallecidos, se determinó que la muerte de las personas se dio durante la pandemia y que el depósito del bono se dio antes de su fallecimiento y del análisis realizado solo se determinó un caso donde alguna persona utilizó datos de un fallecido para obtener el bono, situación que ya fue remitida ante el Ministerio Público.

En el caso de los 670 depósitos realizados a posibles funcionarios públicos durante los primero meses, el Ministerio de Trabajo descartó 384 expedientes y mantiene en investigación los restantes 286 casos.

“No hubo desorden”, dijo la ministra quien reiteró una y otra vez que a su criterio el programa fue exitoso y que por el momento todos los posibles casos de error se encuentran en investigación porque se debe dar “el derecho de defensa” a las personas involucradas.

La funcionaria justificó los errores indicando que se confió en la declaración jurada de las personas que pedían la ayuda social y que, además, fue una medida excepcional ante la emergencia que atravesaba el país.

Sobre el informe de la Contraloría, la jerarca de Presidencia presentó una revocatoria de los resultados, sin embargo, fue rechazada debido a que la CGR mantiene que los hallazgos son reales.

De acuerdo con los datos al cierre de diciembre del 2020, el Gobierno entregó 724.524 bonos y en total se recibieron más de 1.03.640 solicitudes, esto quiere decir que más de 313 mil personas se quedaron inscritas y a la espera de la ayuda económica.

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Dinarte explicó que a lo interno del Ministerio de Trabajo existieron alertas emitidas por su propio sistema que permitieron la apertura de investigación de 7.756 casos, de los cuales ya se avanzó con el análisis de 2.322 casos de los cuales se determinó que 1.009 efectivamente no debieron recibir el bono y los restantes 5.434 casos aún están pendientes de resolver.

Las investigaciones realizadas -a la fecha- ya han arrojado un primer monto de ¢8 millones que se deben recuperar, sin embargo, según la jerarca de la Presidencia aún no inician los procesos.

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Los diputados de la Comisión cuestionaron en múltiples ocasiones la improvisación que se tuvo para el otorgamiento de los bonos y los errores en el proceso de filtros para lograr que las ayudas llegaran a quien más lo necesitaban, sin embargo, para la ministra encargada del programa, todo se hizo de manera correcta y las irregularidades señaladas son menores.

Dinarte será convocada nuevamente en las próximas semanas a la Comisión legislativa que investiga el caso, debido a que "aún quedaron muchas preguntas sin responder", según indicaron los diputados.