Errores en liquidaciones generaron incumplimientos presupuestarios en entes estatales: Contraloría
Órgano contralor señaló problemas de análisis producto del ciberataque a instituciones públicas
02/05/23 | 08:58am
Una serie de errores en liquidaciones generaron “incumplimientos de principios presupuestarios” en entes estatales y una subestimación al déficit financiero.
Así lo señaló el “Conclusiones sobre la Ejecución Presupuestaria del Sector Público en el 2022”, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR).
El órgano contralor efectuó una evaluación en cuanto a la liquidación de ingresos y egresos del plan de gastos 2022 en donde identificó “gastos no registrados y revelados parcialmente”.
Citaron como ejemplo las transferencias corrientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o errores en la partida de remuneraciones provenientes de los reclamos administrativos no resueltos por diferenciales salariales de periodos anteriores.
También enumeraron incentivos no nominalizados y posibles sumas giradas de más en el Ministerio de Educación Pública, entre otros.
El análisis contralor determinó que esos elementos afectaron “de manera directa el cumplimiento de los principios presupuestarios en la liquidación de 2022”, específicamente “lo correspondiente a los principios de la universidad e integridad, especialidad cualitativa y cuantitativa y anualidad”.
La Contraloría citó la presencia de “gastos sin contenido presupuestario autorizado”, así como “cambio de destino a transferencias realizadas en virtud de leyes de presupuesto anteriores ya liquidados”.
Ciberataques
El informe de las conclusiones también contempla un inciso sobre el ciberataque que afectó una serie de instituciones estatales desde abril de 2022 como en el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La Contraloría sostuvo que desconectaron sus sistemas de información como medida preventiva ante los ataques.
“Esta situación afectó de manera directa la funcionalidad de las instituciones y no permitió obtener información oportuna sobre la ejecución presupuestaria”, señaló el informe del órgano contralor.
La Contraloría señaló que en el caso de Hacienda, uno de los sistemas que salió en funcionamiento fue el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), es decir, un “repositorio de información sobre la ejecución del Presupuesto de la República, en materia de ingresos y gastos”.
A su vez, la Dirección General de Contabilidad Nacional arrancó con el proceso de apertura y la actualización de la SIGAF en junio de 2022, sin embargo, fue hasta marzo de 2023 cuando se obtuvo información definitiva en cuanto al presupuesto devengado al gobierno posterior a marzo de 2022.
Información presupuestaria
El informe de la Contraloría detalla que el ciberataque afectó la información presupuestaria y el desempeño de la Programación Física.
Producto de esta situación, en los sistemas informáticos del MOPT “no se cuenta con datos de los resultados de la gestión física en dicho ministerio”.
En el caso de la CCSS, el problema de ciberataque hizo que “la institución dejó de adjuntar dentro de los plazos establecidos la información de la liquidación presupuestaria de 2022 en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
“No fue posible contar con estadísticas fiscales consolidadas del Sector Público por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) al momento del cierre del ciclo de rendición de cuentas, limitándose la posibilidad de apreciar y advertir de manera oportuna sobre la situación financiera del Sector Público en su globalidad, información que también resulta relevante en la toma de decisiones”, señaló la Contraloría.
Apuntó que el ataque cibernético que enfrentó el país durante el primer semestre de 2022 repercutió de forma directa en la completitud y confiabilidad de las cifras presupuestarias en el último año.
Eso trajo como impacto afectaciones en el proceso de rendición de cuentas, el seguimiento en la ejecución y la toma de decisiones.
Sostuvieron que aunque hubo planes de contingencia para habilitar la continuidad del pago y la recepción de los ingresos, no se finalizaron los procesos de revisión, “por lo que no se tiene cuantificado el efecto total del error en la Liquidación del Presupuesto”.
La conclusión del informe reveló que las variaciones producto de la regla fiscal incidieron en el cumplimiento de la misma y producto de eso se requirieron de la toma de decisiones que permitieran que el mecanismo cumpliera “su fin último de contribuir a la sostenibilidad fiscal del país”.