Empresas públicas en competencia quedan fuera de reforma a empleo público
Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración además eliminaron permisos especiales no remunerados que se pretendían otorgar a los empleados públicos para cuidar familiares, ampliar su licencia de maternidad o acceder a una licencia de paternidad.
26/01/21 | 15:47pm
Las empresas públicas en competencia quedarán fuera del ámbito de aplicación de la reforma al empleo público, decidieron los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración, que este martes arrancaron con la discusión y votación de las 301 mociones que se presentaron para el primero de los dos últimos espacios de modificación a la propuesta de reforma legal que se tramita en el Congreso.
La moción de acuerdo mayoritario fue presentada por el oficialista Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y también eliminó tres permisos que se pretendía otorgar a cualquier funcionario o funcionaria, sin goce de salario, para cuidar familiares con enfermedades o discapacidad, ampliar la licencia de maternidad por motivos de fuerza mayor o acceder a una licencia de paternidad de hasta un mes.
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Los diputados rechazaron una propuesta similar del diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), que también permitía desplazar a las empresas públicas en competencia, pero que no incluía la eliminación de los permisos especiales. Estos permisos incluso se plantearon como facultades remuneradas en la primera versión del proyecto del Ejecutivo; sin embargo, luego no encontraron respaldo en el Congreso.
Una versión anterior del texto ya dejaba por fuera también a las entidad públicas en competencia, las cuales argumentaban que —por su naturaleza y sus medios de financiamiento— no debían quedar limitadas a escalas salariales y otras limitaciones, que les pondrían en desventaja competitiva.
No obstante, los legisladores del foro las agregaron por recomendación de la Contraloría General de la República, durante las primeras discusiones y previo al dictamen positivo del proyecto; pero ahora se retractan.
Entre las empresas públicas en competencia destacan los bancos estatales, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y al Instituto Nacional de Seguros (INS), que ahora se unirán a los entes públicos no estatales como las únicas excepciones de la norma. Se rechazó dejar por fuera a universidades y Poder Judicial, como pretendían varias de las mociones vistas esta tarde.
Los permisos
Junto con la medida de desligar a las empresas públicas en competencia, los permisos no remunerados que se eliminaron fueron tres específicamente:
- Una reducción de hasta un tercio de jornada laboral, por un año máximo, para cuidar a familiares con alguna enfermedad terminal, discapacidad o accidente.
- Dos meses de ampliación del período de maternidad por causas como nacimiento prematuro, nacimiento de niños con discapacidad o con enfermedades crónicas, y partos múltiples.
- Un permiso de paternidad de hasta un mes, posterior al nacimiento o la adopción.
Según el diputado Morales, el acuerdo para sacar a las empresas en competencia y eliminar los permisos se construyó por debate entre distintas fracciones. Dijo que se eliminaron los permisos porque, al ser "no remunerados", no generaban mayor garantía. "En algún momento se había hablado de licencias remuneradas y en ese proceso de discusión se pasó a licencias no remuneradas, entonces llegamos a un punto de la discusión en el que debimos decir que realmente no tenía ningún sentido y que para efectos de mejor claridad era mejor quedarnos en licencia como estábamos", comentó.
No obstante, esta explicación no convenció al frenteamplista Villalta, quien subrayó que si bien los permisos no iban a ser remunerados, sí iban a representar una buena garantía para acceder a ellos sin complicaciones, ni limitaciones.
Los diputados de Gobierno y Administración trabajarán toda esta semana para votar las mociones del proyecto de ley 21.336, Ley Marco de Empleo Público. El texto se encuentra en su etapa final en el Congreso, y aún quedan grandes interrogantes en materias de peso como salario global, salario escolar y convenciones colectivas. Asimismo, se debe definir la forma en que se introducirá a los empleados actuales en el nuevo sistema, un cambio del que depende gran parte del ahorro que generaría esta nueva norma para las finanzas públicas en los próximos años.
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