Primeros condenados por defraudación fiscal en Costa Rica: empresa familiar, supervisores y contador

La primera condena en firme a nivel nacional por delitos de defraudación fiscal ocurrió este 2020 en contra de un empresario dedicado a la venta de ropa y accesorios, sus dos hijas, dos supervisores y su contador. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda, tras un engorroso proceso que le tomó 16 años a la entidad para recuperar ¢349 millones y los costos adicionales del proceso.

El anuncio lo realizó el director general de Tributación, Carlos Vargas, en conferencia de prensa. El jerarca afirmó que la sentencia marca "un antes y un después" para la Hacienda Pública, ante "la consolidación de un proceso al que se le ha venido dando un seguimiento férreo e importante".

Hacienda señaló que la denuncia por este caso se impuso desde 2004, cuando la Dirección de Tributación determinó que la empresa familiar habría desarrollado "maniobras complejas" para dejar de pagar ¢149,7 millones en 2001 y ¢230,8 millones en 2002, por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

El grupo familiar utilizó una maraña de 53 personas jurídicas y 103 personas físicas, que operaban a través de establecimientos comerciales ubicados en diferentes zonas del país, para disimular su actividad como un solo grupo. De esta manera, todas estas personas físicas y jurídicas se encontraban inscritos ante la Administración Tributaria, de manera independiente y bajo el Régimen de Tributación Simplificada, con lo que pagaban menos impuestos.

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Así se determinó Hacienda después de constatar irregularidades en el procedimiento de inspección tributaria seguido contra las personas físicas y jurídicas, la cual implicó revisiones de los 156 casos distintos.

Las personas condenadas se identificaron con los apellidos Soto Mora (representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas), Soto Navarro (sus dos hijas, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos), Murillo Hernández (dos supervisores de zona) y Huertas Barboza (contador).

Hacienda indicó que el proceso requirió del levantamiento del secreto bancario, herramienta que permitió determinar que los ingresos producto de la actividad económica desarrollada por el grupo de referencia eran depositados en cuentas bancarias del señor Soto Mora, sus dos hijas y de los dos sujetos de apellidos Murillo Hernández.

"Producto del análisis y depuración de la información financiera, obtenida tras el levantamiento del secreto bancario, se evidenció que parte de los ingresos gravables obtenidos de la actividad comercial, no fueron declarados al Fisco", explicó Hacienda sobre sus maniobras.

Todas las personas condenadas recibieron penas de 10 años de prisión, por lo que no podrían acceder a ejecuciones condicionales y tendrán que ir a la cárcel. "Ha sido un proceso bastante largo. Las personas involucradas acudieron a todas las instancias judiciales que les permite la ley en defensa de sus derechos, pero se logró determinar su responsabilidad", indicó el director general Vargas.

21 procesos adicionales

El director general de Tributación explicó también aprovechó la conferencia de prensa para comunicar que Hacienda mantiene otros 21 procesos abiertos, similares a este, en el Ministerio Público. Todos ellos se desarrollan por un acumulado de ¢20.848 millones.

El jerarca subrayó que por eso anunciaron la condena como "un antes y un después" para la Hacienda Pública, en vista de la complejidad de estos procesos y la comprobación de que es posible llevarlos a buen puerto. "Por eso la relevancia del caso. Esperamos que así como se pudo avanzar en la tramitación de este caso de manera exitosa podamos avanzar igual con los casos que tenemos en trámite en este momento".

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Vargas además señaló que en los últimos cinco años se han presentado 25 denuncias penales por ¢12.254 millones, los cuales han ingresado al Estado por "reparación integral". Es decir, son recursos que se han recuperado luego de que las personas denunciadas accedieron a la resolución del conflicto, a través de la liquidación del principal, de los intereses, de la sanción y del daño social por sus conductas.

El director detalló que parte de los casos denunciados corresponden a personas que han declarado cero utilidades en los últimos años, los cuales "han dado lugar que se revisen algunos ajustes, bastantes ajustes, por diferencias de impuestos". Afirmó que algunos casos se han tramitado en sede administrativa porque no cumplen las condiciones para ser denunciados penalmente, pero que los que ha sido posible trasladar al Poder Judicial se han trasladado.

Los montos perseguidos son pequeños y los procesos abiertos apenas implican la búsqueda de 0,06% del PIB. Además, se trata de recursos que apenas se pueden recuperar tras complejos procesos legales, siempre y cuando sean confirmados en todas las instancias posibles y por los montos previstos.