Empleados públicos podrían negarse a participar en capacitaciones por sus convicciones religiosas

Los empleados públicos podrán negarse a participar en capacitaciones por objeciones de conciencia relacionadas con creencias religiosas, éticas o morales.

Así lo incluyeron ocho de los nueve diputados de la comisión de Gobierno y Administración, este miércoles, durante el segundo día de discusión de las 301 propuestas de modificaciones del primero de los dos últimos turnos que tendrán para realizar cambios al proyecto de reforma al empleo público —que ya se perfila hacia el Plenario legislativo.

Específicamente, el texto establece que los servidores públicos "podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de consciencia", cuando sientan que "se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras".

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La idea contó con el respaldo de los diputados Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN); Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y los independientes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu.

Únicamente fue rechazada por la también independiente Zoila Volio, quien afirmó que este portillo "no tienen fundamento técnico" y más bien podría abrir la puerta a manifestaciones de discriminación.

"A mí me preocupa muchísimo esta moción porque veo que se cruza una línea muy delicada entre la religión y las políticas públicas. Yo creo que la religión no debe mezclarse con las políticas públicas porque entonces habrá empleados que se nieguen a recibir capacitaciones en derechos humanos porque se va a tratar el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario (...) Los derechos humanos han evolucionado muchísimo, tenemos tratados internacionales y no se justifica, bajo ningún concepto, que un empleado deje de ejercer sus funciones o capacitarse simplemente por convicciones religiosas, porque estamos anteponiendo una religión ante un principio de servicio público", lamentó.

No obstante, la propuesta fue de acuerdo mayoritario y así lo defendió el proponente Jonathan Prendas, afín al bloque Nueva República; quien celebró la inclusión del texto que impulsó primero por cuenta propia, pero al que luego se unieron otras fracciones.

"Para construir la moción hemos hecho escucha de diferentes actores políticos y sectores sociales que han contribuido para que, en su concepción de lo que es la objeción de conciencia, quede claramente establecido en la moción y en el proyecto (...) esto viene a solventar un vacío que existe hoy en la administración pública, que es la objeción de conciencia", subrayó.

Los diputados de Gobierno y Administración actualmente analizan los últimos cambios que podrían hacer los diputados al proyecto de reforma fiscal. Tramitan más de 300 mociones del primero de dos turnos que tendrán para realizar sus cambios finales al proyecto de ley. Una vez que se agote ese trámite, el texto pasará al Plenario legislativo para su discusión final.

Aún quedan grandes interrogantes en materias de peso como salario global, salario escolar y convenciones colectivas. Asimismo, se debe definir la forma en que se introducirá a los empleados actuales en el nuevo sistema de salario único, un cambio del que depende gran parte del ahorro que generaría esta nueva norma para las finanzas públicas en los próximos años.

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No es aislado

El cambio impulsado como parte de la reforma al empleo público no es un tema aislado. Aparte de este nuevo artículo en el proyecto 21.336, el bloque Nueva República también impulsa, junto con otras fracciones, un proyecto de ley completo mucho más ampliopor separado para avanzar aún más en la misma dirección.

Se trata del expediente 22.006 "para Tutelar la de Objeción de Conciencia e Ideario", que se propone permitir a personas y organizaciones que brinden servicios públicos o privados negarse a realizar cualquier acción si consideran que va en contra de sus "principios y convicciones religiosas" o "sus creencias morales".

El texto fue dictaminado el 25 de noviembre pasado y ahora está en pausa, pues el Congreso se encuentra en etapa de sesiones extraordinarias, en las que el Poder Ejecutivo define la agenda legislativa

Para objetar razones de conciencia contra cualquier acto, cada persona únicamente tendría que realizar una solicitud por escrito a su jefatura, de modo que esta revise la razonabilidad de su planteamiento. En el caso de organizaciones, estas solo tendrían que establecer sus idearios como parte de sus estatutos.

El proyecto además establece que quien irrespete la norma sería penado por el delito de discriminación racial, contemplado en el artículo 380 del Código Penal, cuyos castigos pueden alcanzar hasta los 60 días multa, para todos los casos, y hasta otros 60 días de suspensión para cargos públicos, en casos de reincidencia.

Este proyecto avanza con fuerza en el Congreso y su discusión podría coincidir con la campaña electoral de 2022, pese a criterios negativos de entidades como el Colegio de Farmacéuticos, del Colegio de Trabajadores Sociales y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu); y observaciones negativas mayores el Colegio de Psicólogos, el de Criminología y el de Médicos y Cirujanos.

La objeción de conciencia por motivos religiosos también es impulsada como parte de otra iniciativa que ya fue dictaminada en comisión: el proyecto de Ley de "Libertad de Culto". Esa iniciativa también permitiría a iglesias acceder a donaciones estatales para sus "fines religiosos" y manejar de forma directa centros de restauración de adictos, comedores públicos, instituciones educativas y culturales, hogares, centros de salud, hospitales, medios de comunicación, editoriales e imprentas, o entidades de servicio comunitario.