Empleados públicos podrán rechazar capacitaciones por motivos religiosos sin ninguna restricción

Los empleados del sector público podrán negarse, sin restricción alguna, a recibir capacitaciones por cuestiones relacionadas con sus creencias religiosas, éticas o morales.

Así lo decidieron los diputados de la comisión de Gobierno y Administración —que tramita el proyecto de reforma al empleo público—, quienes rechazaron ocho mociones entre la noche de este miércoles y la mañana de este jueves que proponía el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), para resguardar los procesos de instrucción a empleados en materia de derechos humanos y apoyo a minorías.

Los legisladores también rechazaron una moción suscrita por las diputadas oficialistas Paola Vega y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes pedían eliminar por completo la facultad de "objeción de conciencia" para capacitaciones que se estableció vía moción desde el 17 de enero pasado en la iniciativa de ley.

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El texto incluido en la reforma de empleo público (expediente 21.336) establece que los trabajadores "podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de consciencia", cuando sientan que "se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación".

Ante ello, el frenteamplista Villalta planteó garantizar excepciones a ese derecho de objeción cuando se trata de capacitaciones en materia de derechos humanos; mientras que las oficialistas Vega e Hidalgo propusieron eliminar completamente la facultad establecida en el inciso "g" del artículo 23 de la eventual nueva norma.

No obstante, ninguna de las nueve mociones logró su aprobación. Todas fueron rechazadas en distintas votaciones.

En la línea de mantener la norma sin restricciones votaron Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN); Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República; y el independiente Dragos Dolanescu; mientras que para imponer límites lo hicieron la independiente Zoila Volio y el frenteamplista Villalta.

Entre las restricciones que propuso Villalta estaba que se entendiera que las capacitaciones serían siempre obligatorias cuando estas fueran tendientes a "garantizar los Derechos Humanos de todas las personas, en especial de los grupos más vulnerables".

También se rechazó la moción que pretendía eliminar completamente la capacidad de objeción, la cual únicamente contó con el apoyo del frenteamplista Villalta, pero no así de la independiente Volio.

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"Negociaciones espurias"

Las discusión de las mociones provocó fuertes encontronazos entre los diputados que participaron en el debate. El independiente Jonathan Prendas defendió la redacción original y abierta de la "objeción"; mientras que Paola Vega y José María Villalta fueron quienes defendieron con mayor ahínco las solicitudes de cambio finalmente rechazadas.

El más incisivo fue el frenteamplista, quien recordó que existen capacitaciones que nunca deberían quedar sujetas a interpretaciones de nadie, por ejemplo, aquellas para una correcta atención policial o sanitaria a personas trans, mujeres o personas con discapacidad intelectual, entre otras.

Villalta recriminó a las distintas fracciones representadas en la comisión, y especialmente a la del gobierno, por supuestamente acometer "negociaciones espurias" con el independiente Prendas y su bloque Nueva República —que ha discriminado a personas diversas, según el legislador— con tal de garantizar su respaldo en una eventual votación final del proyecto de reforma al empleo público.

Ante eso, el oficialista Víctor Morales, que casi no participó en la discusión, acusó al frenteamplista de realizar las acusaciones con fines electorales. También lo llamó "demagogo" e "irresponsable", al insinuar que el PAC estaba "vendiendo su compromiso con los Derechos Humanos".

El diputado Prendas, por su parte, únicamente subrayó una y otra vez que, desde su punto de vista, la objeción de conciencia para participar en procesos de capacitación por motivos religiosos y morales solo sería una garantía adicional para los empleados públicos.

Además, el fabricista afirmó que para la atención de casos especiales ya existen protocolos que garantizan la continuidad de servicios, pese a la aplicación de objeciones; los cuales Villalta afirmó que no pueden aplicarse correctamente sin capacitaciones.

Los diputados de la comisión de Asuntos de Gobierno y Administración actualmente analizan las últimas propuestas de modificación que podrá recibir el proyecto de reforma al empleo público en su fase regular. Más tarde, una vez que el texto pase a su discusión en primero y segundo debate en el Plenario legislativo, podrán abrir espacios extraordinarios para realizar correcciones que se estimen pendientes.

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