Directora jurídica de la Corte suspendida tres meses e investigada por peculado
Fiscalía indaga si funcionaria utilizó subalternos para diligencias personales
20/11/17 | 16:49pm
La directora de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, Karol Monge Molina, fue suspendida por tres meses con goce de salario mientras es investigada penalmente por el presunto delito de peculado, el cual se da por el mal manejo de fondos públicos.
La decisión la tomó el Tribunal de la Inspección Judicial la tarde de este lunes y fue comunicada a la Corte Plena y el Consejo Superior del Poder Judicial. Este último conocerá la medida cautelar en la sesión de este martes y puede decidir ratificarla o variarla.
La oficina de Monge fue allanada este lunes por personeros de la Fiscalía Anticorrupción, quienes ingresaron al despacho a las 11:20 a. m. y culminaron con la diligencia a las 4:30 p. m.
"La diligencia, solicitada por la FAPTA, se realiza con orden de un juez, con el fin de recolectar pruebas para confirmar o descartar supuestos actos ilícitos denunciados, por el presunto delito de peculado. En términos generales, existen denuncias que señalan un manejo inadecuado tanto de los activos asignados a la oficina como de los servicios que presta el personal de la Dirección", informó la oficina de prensa de la Fiscalía por medio de un comunicado.
Según supo AmeliaRueda.com, Monge es investigada por una denuncia en la cual se señala que ella, supuestamente, disponía de subalternos para que le realizaran sus trabajos universitarios, así como diligencias personales.
En el allanamiento se decomisó equipo de cómputo, el cual tendrá que ser inspeccionado, posteriormente, por peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Dirección Jurídica del Poder Judicial fue creada como un órgano asesor técnico de la Corte Suprema de Justicia el 28 de abril del 2014. Su función es evacuar dudas de la Corte en procesos administrativos.
Monge laboraba como jueza tramitadora de pensiones alimentarias antes de ser designada en este cargo.
El peculado es un delito que se castiga con una pena de prisión que va desde los tres a los 12 años de prisión, según el Código Penal de Costa Rica.