Director del OIJ: Necesitamos más recursos y personal para implementar Ley de Bienestar Animal​

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita contratar especialistas y adaptar sus laboratorios forenses para poder aplicar la nueva Ley de Bienestar Animal aprobada por la Asamblea Legislativa. Así lo señaló el director de ese cuerpo policial, Wálter Espinoza, en el programa Nuestra Voz, la mañana de este viernes.

El jerarca de OIJ aseguró que están a favor de la nueva ley y de que se impongan sanciones contras las personas que lastimen o violenten la integridad de los animales.

La legislación recién aprobada crea dos nuevos artículos en el Código Penal que le dan la responsabilidad al OIJ de recibir animales para pruebas químicas, de sangre, análisis de laboratorios y procesos de autopsias en la Medicatura Forense para entregar pruebas a los jueces que permitan determinar si una persona agredió o abusó sexualmente de un animal.

"De cara a la aplicabilidad de la ley, nosotros volvemos los ojos hacia el OIJ y nos percatamos que toda la estructura de trabajo fue diseñada para seres humanos, las áreas de atención médica, las áreas de autopsias, las áreas de atención de pacientes vivos, las áreas de análisis forense en general, en materia de pericias o experticias, y cuando nos damos cuenta que hay dos artículos nuevos en el Código Penal que implican la necesidad de eventual de realizar acciones dirigidas a examinar los cuerpos de los animales que están protegidos por la disposición normativa, pues nos quedamos realmente preocupados porque no tenemos en este momento donde hacerlo", aseveró Espinoza.

El presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, señaló el pasado miércoles que el OIJ necesita ¢4.500 millones para implementar la Ley de Bienestar Animal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones que establece la nueva normativa.

Chinchilla comentó el tema en una conferencia de prensa luego de reunirse por una hora con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien tomó nota de la necesidad de recursos que tiene el OIJ para ejecutar acciones que permitan una correcta defensa de los animales.

Espinoza agregó que de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), solo en 2016 se registraron más de 6.000 casos de crueldad contra los animales, y muchas de estas incidencias podrían trasladarse a al OIJ para que haga las investigaciones pertinentes y emita prueba que permita a los jueces tomar una decisión.

"Nosotros solo tenemos un conglomerado de personas que se dedican a atender a humanos, pues nos quedamos con un pasmo de narices, porque eso significa que vamos a tener que reagruparnos. Capacitar a nuestros mismos expertos para que asuman esta normativa, en las condiciones que en las que sea posible", aseveró el jerarca del OIJ.

La Ley de Bienestar Animal que será firmada por el presidente Solís en un acto público en Paseo Colón este domingo 11 de junio, impone prisión de tres meses a un año para las personas que causen daño, debilitamiento, pérdida de un sentido, sufrimiento o agonía a un animal doméstico o domesticado.

"A nosotros nos interesa mucho que la ley se aplique, que la ley funcione, que sea práctica y que provoque un cambio en el sistema social. Sin embargo, si nosotros no recibimos un espaldarazo o un empujón de naturaleza presupuestaria y eventualmente que exista un transitorio que nos permita acomodarnos, la ley no va a dejar de ser un símbolo, una señal de buenas intenciones, pero no va a tener aplicabilidad práctica, ni buenos resultados", recalcó Espinoza.

El Director del OIJ subrayó que es un buen momento para discutir cuál es el camino que debe seguir la policía de investigación en Costa Rica ya que se le están recargando múltiples obligaciones sin asignar más recursos, situación que le resta eficiencia al trabajo de la institución.

"Nosotros pensamos y hemos planteado que debe haber una toma de decisión estatal, de gobierno, de país, dirigida a determinar y decidir de manera clara, precisa y contundente, qué es lo que la sociedad quiere que el OIJ investigue. Ya sea investigar tráfico de drogas, sicariatos, lavado de dinero, fraudes, venta de armas o bienestar animal", sentenció Espinoza.

El jerarca de la policía de investigación judicial señaló que en unos meses si se aprueba el proyecto de ley de extinción de dominio, también se le recargarán nuevas responsabilidades a esa institución.