Diputados planean restringir convenciones colectivas para evitar que generen más gastos al Estado

Los diputados de la Comisión de de Gobierno y Administración anunciaron que trabajarán en la construcción de una moción de consenso, como parte del proyecto de reforma al empleo público, para restringir la negociación de convenciones colectivas a cuestiones que no impliquen aumentar el gasto público o propiciar nuevas erogaciones.

También anunciaron que trabajarán en nuevas propuestas para que los procesos de negociación colectiva sean más transparentes, después de que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se negó a brindar los detalles sobre el texto que acordó este martes con sus empleados y aseguró que los revelará hasta que el documento se homologue y entre en vigencia.

Los diputados tenían pendiente de votación de cinco mociones en esta línea. Sin embargo, las rechazaron todas para dedicarse a construir una nueva propuesta conjunta, de cara al segundo y último día de propuestas que tendrán los legisladores como parte del expediente 21.336.

Así lo anunciaron varios diputados proponentes de esas propuestas, incluidos Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República; Wagner Jiménez y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN). También lo hizo el oficialista Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Todos; sin embargo, subrayaron que aún nada está escrito y que corresponderá buscar acuerdos en una misma línea.

El oficialista Morales explicó que cualquier propuesta que se concrete buscará reforzar las indicaciones que ya se realizaron en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de diciembre de 2018; la cual ya estableció limitaciones para nuevos incentivos y los definió como "reserva de ley".

"Me parece que estamos sintonizados todos en que no se trata de avanzar hacia la prohibición de las convenciones colectivas, sino de regularlas y establecer los límites, dentro del marco normativo costarricense y la jurisprudencia que tenemos, para que sean un instrumento de diálogo social en aquellos aspectos en que sea posible sin afectar las finanzas de un Estado que pagamos toda y todos", comentó.

El socialcristiano Abarca agregó que —desde su punto de vista— la propuesta que finalmente se realice deberá dirigirse exclusivamente a funcionionarios no administrativos, un criterio que defienden también diputados del PLN.

"Todos rechazamos el tema de privilegios odiosos y gollerías, pero también entendemos que la convención colectiva es un derecho fundamental y que no podemos prohibirlo. También entendemos que las negociaciones colectivas son para funcionarios que tienen necesidades particulares para ejercer su labor, no aumentos solapados, ni privilegios que están más allá de la razonabilidad para ejercer su labor. Tenemos claro que los que ejercen labor administrativa no pueden tener acceso a una negociación colectiva; es decir, los que están sentados en un escritorio y no requieren particularidades", puntualizó.

Por su parte, el independiente Prendas comentó que la nueva propuesta que se realice "no solo deberá recoger lo más importante de las presentadas hasta el momento", sino agregar cuestiones como "la privacidad de las negociaciones, para que en el momento en que se firman deban ser total y absolutamente públicas". "Lo que ha estado pasando con Recope, de decir que hasta en tres meses eso va a ser de conocimiento popular es inaudito e inaceptable", subrayó.

La mayoría de las mociones propuestas hasta el momento prohibían que las negociaciones colectivas incluyeran variantes en salarias o remuneraciones, incentivos o compensaciones, normas de carácter prohibitivo, a creaciones de plazas. También limitaban estos acuerdos a trabajadores no administrativos.

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A denunciar convenciones

Los diputados también aprobaron una moción del socialcristiano Abarca para obligar a todas las instituciones con convenciones colectivas vigentes a denunciarlas tan pronto se venzan, de modo que tengan que ajustarse "en todos sus extremos" a lo establecido en la reforma al empleo público.

El diputado Luis Fernando Chacón, jefe del PLN, aseguró que las convenciones son "contratos valiosos" para garantizar condiciones laborales a los trabajadores; sin embargo, concluyó que "fueron distorsionados con una serie de pluses y de prerrogativas, que no solo marcaron diferencias entre unos costarricenses y otros, sino que también generaron un problema de estabilidad fiscal del país". "Es importante destacar eso porque estoy en la misma línea de construir en el segundo día de mociones 137 una que venga a subrayar aquellas condiciones que no son de recibo en ningún convención colectiva", concluyó.

En esa línea, el diputado Jiménez, del PLN, recordó datos de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las erogaciones nacionales en incentivos a empleados públicos. Señaló que superan los ¢700 mil millones (2% del PIB).

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