Si diputados rechazan presupuesto, trámite arrancaría con 'borrón y cuenta nueva' en Plenario

Los diputados de oposición de la Asamblea Legislativa se encaminan a aprobar un dictamen negativo de mayoría que implicaría rechazar el presupuesto nacional para el año 2020. Si esto ocurre, el pleno de los legisladores tendría que reiniciar y emprender un "borrón y cuenta nueva" en el trámite del proyecto, con el objetivo de aplicar cualquier recorte que consideren pertinente en el propio Plenario legislativo.

Esta es la conclusión del dictamen AL-DEST-CJU-062 del Departamento de Servicios Técnicos, una aclaración que solicitó el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, ante el inminente rechazo que ocurrirá en los próximos días.

El "rechazo" del presupuesto se trata de la posible aprobación de un dictamen de mayoría escrito por los nueve diputados de oposición de la Comisión de Asuntos Hacendarios que tramitó la iniciativa hasta finales de octubre pasado; el cual solicita rechazar el expediente que contiene del plan de gastos por ¢11,4 billones para el próximo año.

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No obstante, este movimiento únicamente tiene implicaciones políticas porque los diputados tendrán que aprobar alguna versión del plan de gastos antes de finalizar este mes por mandatos reglamentarios y constitucionales.

Los legisladores de oposición asumieron la postura de "rechazar" el presupuesto ante la decisión que tomó la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC) de impedir la votación de propuestas de recorte, elaboradas principalmente por el Partido Liberación Nacional (PLN) y por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); las cuales, según argumentaron los oficialistas y una gran cantidad de instituciones públicas, hubiesen implicado serios debilitamientos y hasta cierres técnicos de funciones cruciales para el Estado.

El texto para el "rechazo" del presupuesto ya fue defendido por diputados del PLN, del PUSC y del bloque independiente Nueva República en el Plenario y se espera que la tendencia continúe con este y otros grupos en los próximos días. Ante esa situación, Cruickshank afirmó que seguiría la recomendación de Servicios Técnicos; es decir, que luego pondrá sobre la mesa el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, sin recortes adicionales, y luego correspondería a los diputados buscar nuevos acuerdos que permitan alcanzar nuevos recortes a través de mociones que se discutan de manera expedita.

Así lo indicó el Departamento de Servicios Técnicos en su criterio, en el cual recordó que es imposible que los diputados rechacen de forma definitiva el plan de gastos del Estado, como indicó la Sala Constitucional en 2015.

Consensuan recortes

El Ministerio de Hacienda intentó resolver las disputas entre el oficialismo y la mayor parte de la oposición legislativa presentando un dictamen de minoría, a través de las diputadas del PAC en el Congreso, con una propuesta de reducción por ¢150.000 millones (incluso por encima de las consensuadas por la oposición al cierre de las discusiones en la Comisión de Hacendarios).

No obstante, el plan de recorte finalmente presentado por el Gobierno disgustó a los diputados de oposición, particularmente del PLN, quienes manifestaron estar en desacuerdo con la propuesta porque una buena parte del impacto recaería sobre gastos de capital, los cuales implican construcción de obra pública y, por ende, fuentes de empleo y reactivación económica.

La intención de los diputados es que el Ejecutivo reemplace esos recortes con otros en transferencias corrientes, en compras de bienes o servicios.

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Ante esta situación, Hacienda sostiene reuniones con legisladores y busca soluciones con sus equipos técnicos, con la intención de tener una propuesta que satisfaga las solicitudes de disminución de gasto de la mayor parte de oposición legislativa. Para ello, buscan redactar posibles mociones de consenso que puedan discutirse cuando se concrete el rechazo del presupuesto y, por ende, quede enterrada la opción de minoría que presentó inicialmente.

El rechazo se tiene previsto para finales de esta semana o principios de la próxima y, una vez que se concrete, arrancaría un período de tres semanas máximo para acordar cambios antes de que sea obligatorio aprobar el proyecto en primer debate, el 27 de noviembre, como urgen el Reglamento de la Asamblea Legislativa y la Constitución Política.

El rechazo también implicaría enterrar los recortes ya hechos por los diputados de oposición, por ¢7.108 millones al presupuesto de entidades como Cultura y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).