Diputados tienen en sus manos posibilidad de triplicar efecto fiscal de reforma a empleo público

Los diputados de la Asamblea Legislativa tienen en sus manos una decisión que implicaría triplicar o no el efecto fiscal de la reforma al empleo público en los próximos 30 años. Así lo estimó el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), en un reciente informe de escenarios sobre la apertura o cierre de un portillo para que funcionarios actuales con salarios más bajos puedan recibir un aumento inmediato o no con la aplicación de la nueva norma.

El texto de ley dictaminado hasta el momento permitiría que funcionarios públicos actuales se trasladen inmediatamente a la nueva escala de salario global que propone la iniciativa de ley, incluso si ahora mismo tienen salarios inferiores a los nuevos que establecería la nueva escala. Cerrar ese portillo permitiría duplicar el efecto fiscal de la reforma en los próximos 10 años y triplicarlo por los siguientes 20 años, según el informe de Mideplan.

De no cerrarse el portillo, el Gobierno estima que unos 28.600 funcionarios aumentarían su salario inmediatamente con la aprobación de la nueva reforma, lo cual implicaría un golpe de ¢32.200 millones para las finanzas públicas solo durante el primer año.

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Si se permite el traslado inmediato, el Gobierno estima que la reforma al empleo público tendría un rendimiento de ahorro del 0,66% del PIB anual en los primeros 10 años de aplicación, del 0,67% del PIB en los siguientes 10 y del 0,43% del PIB en un tercer decenio (aplicando la regla fiscal); mientras que, si se impide esta maniobra, se estiman rendimientos de un 1,37% del PIB, del 1,81% del PIB y del 1,51% del PIB para los mismos períodos.

Por esto, Mideplan sugiere que los funcionarios con salarios más bajos de los nuevos establecidos se mantengan con sus remuneraciones actuales y sus incentivos monetarios hasta alcanzar el monto que cobrarían con su nuevo salario global, de modo que el traslado al nuevo sistema se realice de manera gradual y no inmediatamente, sin obligar al Estado a realizar gastos abruptos de arranque.

Una de las ideas prioritarias de la reforma al empleo público es precisamente establecer un salario global en el sector público, que permita aplicar salarios más competitivos para todas las personas que se desempeñen en un mismo tipo de trabajo; al mismo tiempo que se eliminan incentivos monetarios, como las anualidades, que implican cargas insostenibles para el Gobierno y la masa de remuneraciones que paga año con año.

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Existen mociones

AmeliaRueda.com logró determinar que se presentaron al menos cinco mociones que buscan cerrar este portillo, como parte del primero de dos turnos que tendrán los diputados para proponer sus últimas modificaciones al texto de ley. Según indicó el Mideplan en su informe, de no corregirse el posible traslado inmediato de funcionarios, los recursos adicionales en materia de aumentos tendrían que salir del Presupuesto Nacional; es decir, tendrían que financiarse con más deuda o con nuevos ingresos extraordinarios.

No obstante, también existen dos mociones del diputado Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pujan por mantener la redacción actual, con el objetivo de que todos los empleados públicos con salarios bajos puedan optar por el aumento inmediato, a pesar de los costos iniciales que implicaría legislar de esa manera.

Sobre ambos escenarios, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, indicó en una carta enviada recientemente a las jefaturas de fracción legislativas que su cartera considera más conveniente evitar la erogación inicial de recursos y priorizar un traslado gradual de estos funcionarios, ante los inconvenientes que conllevaría adquirir endeudamiento o buscar nuevos recursos para hacer frente a los aumentos inmediatos.

Según les redactó, cerrar el portillo al traslado inmediato de trabajadores con salarios más bajos lograría evitar "un costo financiero adicional", permitiría avanzar " sin crear nuevos gastos, de golpe" y priorizaría un traslado "gradual, año a año, a medida que se vayan pagando las anualidades".

Asimismo, indicó que evitar los aumentos inmediatos "favorecería la sostenibilidad de las finanzas públicas, en una coyuntura donde esto es clave para la estabilidad macroeconómica" y que, por tanto, "el Poder Ejecutivo considera que esta es la alternativa correcta y la más responsable desde la perspectiva fiscal".

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración conocerán las mociones para corregir o dejar en firme el traslado de funcionarios al nuevo esquema de salario global a partir de la próxima semana, ya concluido el plazo de recepción de propuestas el 20 de enero anterior.

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