Con dudas sobre empleados e instituciones incluidas, reforma a empleo público llegará al Plenario

Con una serie de dudas todavía por resolver, el proyecto de empleo público se aproxima a su dictamen y, con él, a la fase final de su discusión en el Plenario legislativo. Allí, los diputados tendrán sus dos últimas oportunidades para proponer cambios y consensos en relación con el texto, si desean aprobar la reforma antes de dejar sus curules en abril de 2022.

El proyecto se tendrá que dictaminar a más tardar entre el 20 y el 21 de octubre en la Comisión de Gobierno y Administración, que ha tramitado ya todas sus audiencias sobre el tema y que ahora deberá remitir su informe final al resto del Congreso.

En el Plenario legislativo se abrirá el espacio para su discusión final, su análisis de mociones y su votación por parte de los 57 diputados en pleno. Este proceso incluye dos días no consecutivos para presentar las últimas propuestas de cambios al proyecto, así como un día adicional para reiterar aquellas propuestas que sean rechazadas.

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Las dudas sobre la redacción del proyecto siguen siendo muchas; sin embargo, destacan particularmente tres: no existe consenso todavía sobre el papel que debe asumir el Ministerio de Planificación (Mideplan) como rector de empleo público; existen distintas interpretaciones sobre si es o no constitucional incluir a instituciones como las universidades, el Poder Judicial o las empresas públicas en competencia como parte del texto; y tampoco hay claridad sobre la conveniencia de incluir o no a los funcionarios actuales bajo la cobija de la iniciativa de ley, que incluye una escala salarial única que será definida posteriormente.

El proyecto está listo para ser dictaminado tan pronto los legisladores regresen a trabajar, una vez que se concrete el traslado a su nuevo edificio, el 19 de octubre.

De hecho, los legisladores ya discutieron un texto sustitutivo consensuado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) que serviría como base para la discusión en el Plenario legislativo, aunque diputados de ambas partes reconocen que se trata de un texto perfectible, que requiere de modificaciones y nuevos análisis para generar consensos.

La redacción consensuada incluiría a toda la institucionalidad público bajo la rectoría del Mideplan, pero dejaría por fuera de la aplicación de sus escalas salariales a los empleados actuales.

Según el jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, el trámite en comisión permitió mejor "en mucho" el texto inicial; sin embargo, subrayó que "está sujeto a muchos cambios" que, desde su punto de vista, tendrán que "generarse en la corriente legislativa, en el plenario legislativo como tal". Así lo dijo en la última sesión del foro de Gobierno y Administración de esta semana.

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Por su parte, el diputado y exministro de la Presidencia oficialista, Víctor Morales Mora, afirmó que el texto actual es el resultado del trabajo conjunto entre Gobierno y diputados, y que ahora corresponderá continuar el trámite bajo el entendido de que existen deseos compartidos de reformar y modernizar el servicio público.

No obstante, la propuesta consensuada por el PLN y el PAC no contó con el respaldo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la comisión; quienes argumentaron que el proyecto debería incluir a todos los empleados públicos actuales. Esta tesis por ahora es descartada por el texto que tendría respaldo mayoritario en comisión, ante dudas sobre la legalidad y sobre la conveniencia económica de realizar dicha imposición.

¿Empleados actuales o no?

La disputa sobre si se debería incluir o no a los empleados actuales en la reforma es reconocida como uno de los mayores puntos de discusión por parte de los diputados de gobierno. El punto es relevante porque el texto incluye, entre otros detalles, la imposición de escalas salariales única con mínimas variaciones por condiciones especiales de cada puesto de servicio.

"Este es uno de los temas que más debate y más discusión ha tenido, que tiene que ver con el concepto del salario global. Inicialmente nos hemos inclinado por respaldar la propuesta original, en el sentido de que se aplique a los funcionarios de nueva contratación, sin incluir a los trabajadores que hoy ya están en la administración pública prestando sus servicios, por consideraciones de orden legal en el campo laboral", comentó el oficialista, Morales Mora.

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El diputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, sostiene que no incluir a todos los funcionarios actuales sería desperdiciar una oportunidad para poner mayor orden en las finanzas públicas y por eso impulsa otro texto para dictamen, con menos apoyo, que incluiría a los empleados actuales. Desde su punto de vista, esto no violaría ninguna norma si se analiza la contratación estatal como un contrato temporal.

Este no es el argumento hasta ahora expuesto por el Gobierno y la mayoría de legisladores, quienes consideran que un cambio de condiciones contractuales podría derivar en futuras demandas.

"Incluirlos costaría aproximadamente 3% del PIB; iría en demandas laborales e indemnizaciones porque esos pluses la jurisprudencia los ha interpretado como derechos adquiridos. Debemos ser responsables con la propuesta, analizando la parte legal, constitucional y financiera", explicó la diputada Zoila Volio.

El Gobierno también ha dicho que incluir a los funcionarios actuales podría representar mayores gastos para el Estado, producto de que la legislación no permite reducir salarios actuales pero si aumentar aquellos con ingresos más bajos.

No obstante, la discusión sigue abierta y así lo reconoce el oficialista Víctor Morales, quien afirma que "vendrá un proceso amplio en las próximas semanas de debate, en el marco del conocimiento de este expediente en el Plenario". Algo similar señala el diputado del PLN, David Gourzong, quien incluso subrayó que él mismo no aprobaría la redacción actual del texto consensuado si se tuviera que votar definitivamente. Ambos confían en la oportunidad de afinar el texto en sus etapas decisivas.

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