Diputados pedirán cuentas a presidenta del ICE por concurso de ¢311 millones para mascarillas
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó una moción de forma unánime para exigir una audiencia con la funcionaria.
19/11/20 | 16:21pm
La presidenta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas, deberá rendir cuentas ante los diputados de la Asamblea Legislativa por la licitación para la compra de 250 mil mascarillas de tela, por ¢311 millones, que realizó la institución a través de un concurso en el cual ya tenía a la empresa ganadora.
Así lo decidieron los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la tarde de este jueves, al aprobar una moción de audiencia presentada por el congresista de Restauración Nacional (PRN), Melvin Núñez.
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El ICE abrió un concurso para la compra de las mascarillas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el pasado 10 de noviembre; sin embargo, no permitió la postulación de oferentes porque ya contaba con una empresa ganadora de previo.
La información la publicó este miércoles AmeliaRueda.com.
Este medio además publicó que la empresa contratada era Industrias MH, propiedad de Manfred Haehner, consuegro del ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier.
La audiencia de Cañas se aprobó de forma unánime por los diputados del foro, que ahora citarán a la funcionaria pública para que aclare aspectos sobre el proceso.
El diputado Núñez aseguró que su moción pretende esclarecer el proceso de contratación y determinar si existió tráfico de influencias, por tratarse de un proceso que incluyó a una persona relacionada con un integrante del gabinete de Gobierno.
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El ICE argumentó, a través de su oficina de prensa, que no recibieron ofertas a través de Sicop porque antes habían realizado un análisis de mercado, en el cual se invitó a nueve proveedores.
Asimismo, Haehner aseguró que su empresa es totalmente independiente a Garnier y negó cualquier conflicto de intereses.
Ante la publicación de este medio, el ICE solicitó a la empresa una ampliación de su declaración jurada para el proceso de compra, y anunció que realizará un "análisis de la aptitud y la capacidad legal del oferente" para determinar si existe alguna prohibición por parentesco familiar entre el ministro y el empresario oferente.