Diputados acuerdan investigar posible infiltración del narco en partidos políticos y municipalidades

La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este 15 de abril instalar una comisión especial que investigue la posible infiltración del narco en partidos políticos y municipalidades.

Esta propuesta fue aprobada por los 49 diputados presentes al momento de su discusión y fue presentada por el congresista Luis Ramón Carranza Cascante en el marco de las revelaciones de la última semana, que arrojaron un aparente nexo del parlamentario Gustavo Viales Villegas con el líder de una banda que trasegaba cocaína a nivel nacional e internacional.

La moción interpuesta por el legislador del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) -quien insistió que no se trata de un ataque al Partido Liberación Nacional (PLN), al que pertenece Viales Villegas- apunta a la conformación de:

"Una comisión especial con el objeto de investigar las denuncias sobre la posible penetración de organizaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado en los territorios y municipalidades de la Zona Sur y otras regiones del país, y sobre sus posibles vínculos con el financiamiento de partidos políticos, y cualquier otro relacionamiento orientado a buscar favorecerse de la gestión de las autoridades públicas o acceder a recursos públicos para beneficios particulares".

El foro deberá rendir al Plenario un informe con conclusiones, hallazgos y recomendaciones de reformas legales para "blindar a la institucionalidad democrática de estos peligros".

Asimismo, en la moción establece que la comisión será integrada por siete congresistas distribuidos de la siguiente manera:

• 2 diputados del Partido Liberación Nacional.
• 1 diputado del Partido Acción Ciudadana.
• 1 diputado del Partido Unidad Social Cristiana.
• 1 diputado del Partido Restauración Nacional.
• 1 diputado de las fracciones minoritarias.
• 1 diputado independiente.

El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank Smith, será el encargado de designar a los integrantes del foro indagador previa consulta con las jefaturas de bancada.

De hecho, posterior a la discusión de la propuesta de Carranza Cascante, se hizo la consulta en la sesión y solo los independientes anunciaron a su representante: Zoila Volio Pacheco.

En la moción se establece que el informe de la comisión deberá ser emitido a más tardar abril de 2022, "sin perjuicio de las prórrogas que este Plenario pueda otorgar".

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Visita a cabecilla

Darwin González Hernández en la casa 16-C del condomio Andres, en San Joaquín de Flores, Heredia, el 6 de abril de 2021. (Organismo de Investigación Judicial | Cortesía)

El diputado Gustavo Viales Villegas admitió el 13 de abril que visitó la vivienda del líder de una banda narco desintegrada la semana pasada, pero aseguró que esta se debió a que pasó a recoger unos documentos que le fueron remitidos por el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández.

Durante una conferencia de prensa, el legislador rechazó cualquier vínculo suyo o de su familia en actividades de índole criminal y dijo desconocer al propietario de presunto narcotraficante llamado Darwin González Hernández, propietario de la casa situada en un residencial en San Joaquín de Flores, Heredia. Además, señaló que no fue él quien le entregó los documentos, según las fotos que pudo observar en medios.

"Ingresé una sola vez. El ingreso no pudo durar más de cinco minutos. Esto evidentemente puede ser constatado en la bitácora de ingreso y en los videos; yo no tengo acceso ni existe forma de que pueda tener acceso a esta información, pero es absolutamente constatable que el ingreso no fue mayor a cinco minutos", aseguró el parlamentario.

Sobre su visita, Viales Villegas aseveró que esta se dio la noche del 30 de marzo y se debió a que Chavarría Hernández le envió a ese lugar una serie de archivos de un "seguimiento" que realiza a los servicios de los hospitales de Ciudad Neily, en Corredores, y Tomás Casas Casajús, de Ciudad Cortés en Osa.

El congresista afirmó que Chavarría Hernández -a quien dice conocer desde su elección como regidor en 2016 y de quien negó vínculos fuera de la política- recabó información, declaraciones, firmas, videos y fotografías que, debido a que el diputado "tenía días" de no visitar la Zona Sur, decidió remitirlos a la vivienda del aparente criminal.

"Ingresé al lugar para poder recoger la información y poder analizarla debido a que no tenía previsto ir a la Zona Sur incluso hasta hace poco. Es constatable que nunca en mi vida he ingresado a esa propiedad, que nunca en mi vida había podido conocer el lugar y tan es así que evidentemente si supiera de previo lo que ya sabemos de los inquilinos, nunca hubiera ingresado ni hubiese dejado mi cédula ni hubiese durado cinco minutos porque ni siquiera ingresé a la caja, sino que una persona me entregó los documentos, persona que desconozco y que por lo que pude observar en las publicaciones de prensa, no figura dentro de las personas que se encuentran involucradas en esto", aseveró.

Asimismo, Viales Villegas adicionó que su entrada al complejo habitacional lo hizo en el vehículo de su hermano, pues vendió hace mes y medio su Kia Sportage 2013, y para movilizarse le pidió prestado un Audi A4 2016, el cual no ha sido completamente cancelado, por lo que permanece registrado bajo el modelo de leasing.

"No tengo ninguna duda de que no se va a demostrar ningún vínculo mío ni de mi familia, no solamente con el hecho que se está investigando, sino con cualquier hecho ilícito en la Zona Sur o en el país", manifestó el legislador.

Como medidas para despejar dudas y facilitar las pesquisas en su contra, Viales Villegas anunció:

• Renuncia al fuero especial que lo protege en caso de una investigación penal.
• Separación de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) desde el 14 de abril y hasta el 30 de junio de 2021.
• Separación como secretario general del Partido Liberación Nacional desde el 14 de abril y hasta el 30 de junio de 2021.
• Renuncia a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
• Puesta a disposición ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional.

"He tomado estas decisiones confiando en Dios y en mi inocencia con relación a lo que se está planteando", agregó el diputado.

La visita de Viales Villegas a la vivienda de González Hernández la dio a conocer el 10 de abril anterior el Diario Extra, que informó que en las bitácoras de visitas al residencial constaba la visita de un legislador, sin que se dijera directamente que se trataba del verdiblanco.

Esos documentos están en poder del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que el 6 de abril anterior allanó la vivienda como uno de 25 puntos de un operativo en el que se permitió la detención de 10 personas, sospechosas de integrar una agrupación criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de cocaína, así como al blanqueo de capitales.

Dentro de los aprehendidos están González Hernández y su esposa, de apellidos Jiménez Araya, quienes se encontraban en el inmueble en San Joaquín de Flores. Pero también fueron capturados por vínculos con el caso el regidor Chavarría Hernández, además de dos agentes de la Policía Judicial de apellidos Campos Jiménez y Concepción Quiel.

A raíz de la publicación, el 12 de abril anterior, la Fiscalía General recibió una denuncia penal contra Viales Villegas que tres días después permanece bajo análisis para la eventual apertura de una causa contra el diputado, confirmó a AmeliaRueda.com la oficina de prensa del Ministerio Público.

También, este este 15 de abril, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción anunció la apertura del expediente 21-0000007-1775-PE por una denuncia anónima por el supuesto uso de maquinaria de la Municipalidad de Corredores -cuyo alcalde es Carlos Viales Fallas, padre de Viales Villegas- para construir un puente dentro de una de las propiedades privadas de González Hernández.

En ese caso se investigan los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. Esos delitos son castigados con entre dos y ocho años de cárcel, además de entre 10 y 15 años de inhabilitación, según lo estipulado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública así como en el ordinal 348 del Código Penal.

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Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a las 5:40 p.m. del 15 de abril de 2021.