Préstamo para tren eléctrico ya se mueve en el Congreso: Gobierno, BCIE e Incofer irán a audiencia

Representantes del Gobierno, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) tendrán que justificar, en audiencias legislativas, la importancia de que se apruebe el empréstito por $550 millones para financiar el tren eléctrico de pasajeros que impulsa el Poder Ejecutivo.

Los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura arrancaron, este martes, con el trámite de la iniciativa; que pretende financiar la tercera parte del proyecto —correspondiente a la contrapartida del Estado costarricense en el proceso de concesión.

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Los legisladores aprobaron las audiencias apenas en su primera sesión de esta legislatura, en la que se estudió el texto que incluye cinco visitas.

Los llamados por el Ejecutivo son la primera dama, Claudia Dobles; el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves; y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez. Por parte del Incofer, llamaron a la presidenta ejecutiva, Elizabeth Briceño; y por parte del BCIE a los representantes Álvaro Alfaro y Mauricio Chacón.

En total, el Gobierno estima que la inversión total del proyecto sería de $1.550 millones entre el diseño, la construcción, la implementación y los costos indirectos de la obra. Según sus estudios previos, el tren tendría una capacidad de transportar a 200.000 personas por día en viajes de 600 pasajeros por turno, con impacto asegurado para todo la Gran Área Metropolitana (GAM).

Para ello, se plantea la construcción de cinco líneas y 56 estaciones, diez de ellas "intermodales", con acceso a buses, taxis y otras formas de transporte adicionales. Según la primera dama Dobles, la idea es reducir las pérdidas del país por las deficiencias de su sistema de transporte público, que se han estimado en un 3,8% del PIB.

El crédito

Hasta ahora, el Ejecutivo ha defendido la activación del crédito por sus condiciones blandas y porque, a partir de sus cálculos, asegura que tendría un impacto apenas marginal sobre el acumulado de la deuda pública del país (1% del total estimado).

El empréstito propone una tasa libor a seis meses, más un margen fijo de hasta un 2,90% (para un 3,78%, con las cifras actuales).

Asimismo, el Ejecutivo sostiene que el crédito no implica una mayor erogación de recursos en el corto plazo, pues se contempla un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización extenso, de 20 años posteriores.

El BCIE también ha defendido la inversión y ha señalado que la oferta crediticia "contempla las necesidades fiscales inmediatas de Costa Rica", pues "se desembolsará según los hitos constructivos y operativos que cumpla el concesionario".

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No obstante, políticos de oposición han manifestado dudas en relación con la iniciativa, pues consideran que los costos podrían ser demasiado altos en medio de la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19). Asimismo, han manifestado su deseo de revisar las estimaciones del Ejecutivo y del BCIE antes de dar un visto bueno definitivo.

Este debate ha generado reacciones de distintos sectores y tendrá su mayor fuerza en el Congreso, donde el crédito requerirá del apoyo definitivo de al menos 38 diputados para su aprobación. Así lo establece la Constitución Política para todas las operaciones crediticia internacionales de endeudamiento que gestione el país.