Reforma a empleo público avanza a Plenario, diputados dictaminan proyecto
La iniciativa busca detener el alto crecimiento sostenido del gasto público por remuneraciones en el Estado.
10/11/20 | 14:26pm
La reforma al empleo público por fin llegará a su etapa final de discusión en el Plenario legislativo, en donde los 57 legisladores que lo componen tendrán sus últimas dos oportunidades para presentar propuestas de modificación y buscar los consensos necesarios sobre la iniciativa —si quieren aprobarla antes de dejar sus curules en abril de 2022.
A favor del dictamen votaron Luis Fernando Chacón, David Gourzong y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y la independiente Zoila Volio.
En contra votaron el socialcristiano Pedro Muñoz y el fabricista Jonathan Prendas, quienes alegaron diferencias de fondo con la redacción de la iniciativa, su viabilidad constitucional y la participación del Ministerio de Planificación (Mideplan) como rector de la contratación pública.
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Los legisladores de la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración del Congreso dictaminaron el texto la tarde de este martes, cuyo factor más llamativo sería la aplicación de una nueva escala salarial única para los mismos puestos de ocho "familias" laborales distintas, a las cuales se les aplicaría leves variantes por factores como "peligrosidad" o "disponibilidad".
Las "familias" serían de servidores públicos en general, funcionarios de la salud, policías, educadores de primera y segunda enseñanza, docentes y académicos de educación superior, administradores de justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), diplomáticos y empleados de confianza.
El dictamen del texto había quedado pendiente desde inicios de octubre pasado. Primero lo había detenido el traslado de despachos legislativos al nuevo edificio del Congreso, que concluyó hasta el 19 de octubre pasado; y luego lo pausó un brote del nuevo coronavirus en el departamento de Comisiones, que mantuvo suspendidos dichos foros desde el 20 de octubre hasta la semana pasada.
La ley cubriría a todos los trabajadores del sector público, incluidos los actuales (por una moción que se votó de última hora), en todas las instituciones del sector público: Poderes de la República, entidades centralizadas y descentralizadas, y empresas públicas en competencia.
Los nuevos salarios se establecerían a partir de parámetros generales de suficiencia y eficiencia escritos en la iniciativa de ley; sin embargo, aún se desconocen los montos que serían los finales.
El texto también establece un Sistema General de Empleo Público compuesto por el Ministerio de Planificación (Mideplan), como rector en la materia; la Dirección General del Servicio Civil y las oficinas de Recursos Humanos de las entidades correspondientes.
La rectoría del empleo público quedaría en manos del Mideplan, como ya estableció en su momento la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en 2018; entidad que se encargaría de dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas en la materia y emitir disposiciones de alcance general, lineamientos y principios generales sobre la aplicación de las normas, en coordinación con otras oficinas como la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
El texto además crearía una plataforma integrada de empleo público, la cual serviría como un registro de información estadística para caracterizar al sector y un mejor seguimiento de los puestos públicos.
¿Empleados actuales?
Parte de los conflictos legislativos actuales sobre este proyecto que deberán resolverse en el Plenario legislativo se refieren directamente a la inclusión o no de los actuales funcionarios públicos en la reforma propuesta. La semana anterior, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron una moción del diputado socialcristiano Pablo Abarca, la cual permitiría que entren en los nuevos esquemas de empleo público sin que se les reduzca su salario base.
La moción modificó el artículo 34 para especificar que "todas las personas servidoras públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales"; e incluyó un nuevo transitorio, para atender el caso de servidores públicos actuales con salarios mayores a los que eventualmente se les apruebe.
Ellos continuarían bajo el sistema de salario compuesto (con pluses) y únicamente recibirían aumentos por costo de vida sobre su salario base, de modo que cuando alcancen el máximo de su categoría puedan trasladarse al nuevo sistema de empleo inmediatamente.
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También agregó que, "en el caso de personas servidoras públicas que posean incentivos, sobresueldo, plus o remuneración adicional, producto de una negociación colectiva o de contratos particulares, estos se respetarán hasta la finalización del plazo de dichas convenciones o contratos" y luego deberán ajustarse a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como ya indicaba esa norma aprobada en diciembre de 2018.
"La administración publica tendrá un plazo de 12 meses contados a partir de la publicación de la presente ley, para ajustar los plazos de los contratos que otorguen incentivos, sobresueldo, plus o remuneración, según lo establecido en la Ley N°.9635".
El acuerdo para el proyecto todavía es débil. Así lo manifestaron incluso los diputados que aprobaron que el texto pase al Plenario, quienes manifestaron que la intención del dictamen es permitir que la iniciativa avance y mejorarlo en las siguientes etapas para conseguir una solución consensuada.
De hecho, el socialcristiano Pablo Abarca dijo que presentará su propia propuesta de dictamen de minoría, también afirmativo, como el de mayoría, pero con algunas propuestas de modificación.
Otras indicaciones
La iniciativa —tal como está redactada hasta el momento— también incluye medidas en materia de pluses salariales, evaluación de desempeño y movilidad laboral. Por ejemplo, establece que las personas nombradas en puestos directivos tendría un período de prueba de seis meses y que sus contrataciones se harían por un máximo de seis años, con la posibilidad de acceder a prórrogas anuales, susceptibles a evaluación.
En términos generales, todos los funcionarios estarían sujetos a movilidad intra e interinstitucional; así como a la evaluación de su desempeño y posibles despidos cuando reciban dos calificaciones negativas (menores a 70%) en años consecutivos.
Esta evaluación, dice el proyecto, "se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados, vinculados a los procesos y los proyectos que realice la dependencia a la que pertenece, y la del cuerpo de los niveles directivos en todos sus niveles para el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales".
También se incluye una mayor flexibilidad para el cese de funciones de los trabajadores cuando exista carencia de fondos o para aumentar la eficiencia institucional, siempre que este proceso afecte al menos a un 60% de la planilla de la dependencia en cuestión. Estos casos tendrían que ser ser justificados técnicamente y dependerían del pago de prestaciones legales.
Además, para nuevos funcionarios, la iniciativa establece que en los procesos de reclutamiento y selección se tendrían que seguir postulados rectores como la total transparencia de los procesos, la base en el mérito de cada postulante, la igualdad de oportunidades, la comprobación de conocimientos y competencias, entre otras ideas generales.
Por último, el proyecto también abre la posibilidad de que se incluyan "incentivos no monetarios" para aquellos funcionarios con una calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente numérico, a diferencia de los que se entregan hoy día, con pagos indiscriminados de pluses sobre el salario base, en la mayoría de entidades públicas.
Asimismo, incluye otros incentivos como la posibilidad de que nuevos padres accedan a permisos sin goce de salario de hasta un mes, entre otros.
El proyecto ahora fue enviado a consulta de distintas instituciones. El Gobierno había realizado estimaciones preliminares sobre el ahorro con la aplicación de la iniciativa; sin embargo, no contemplaban la aplicación a funcionarios actuales. Esto implicaría gastos mayores de arranque por la utilización de bases salariales más altas que las actuales, que se aplicarían también a los funcionarios de nuevo ingreso (con salarios menores a los que eventualmente se fijarían).
Todo sobre el proyecto:
- Gobierno presenta nueva versión de reforma al empleo público: estima ahorro de 7% del PIB en 10 años
- Contralora a diputados: Reforma al empleo público debería incluir a instituciones en competencia
- Hacienda: Reforma al empleo público debería flexibilizar despidos de funcionarios ineficientes
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