Diputados cuestionan a defensora por "discordancia" en salida de proyecto de prevención del VIH

Cuatro diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) cuestionaron a Catalina Crespo Sancho la "discordancia" en las justificaciones por las cuales la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) dio por concluida su participación en una iniciativa de prevención y atención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que provoca el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Mediante el oficio PAC-JF-066-20/21, del 23 de febrero, los congresistas del oficialismo pidieron a la jerarca del órgano auxiliar a la Asamblea Legislativa aclarar los motivos por los cuales abandonó "Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico", toda vez que adujo posiciones distintas en dos pronunciamientos distintos.

Por un lado, Crespo Sancho argumentó el 11 de febrero una "precariedad de la situación presupuestaria" al comunicarle oficialmente la decisión al Ministerio de Salud y a la organización no gubernamental Hivos -que funge como receptor de los recursos asignados a Costa Rica por el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria para la iniciativa- que se acogía a la cláusula de vigencia establecida en un convenio suscrito con la última de las partes, la cual señala que "(...) se renovará automáticamente en tanto exista disponibilidad presupuestaria y alguna de las partes no exprese por escrito su deseo de darlo por terminado".

Mientras que, por el otro, el 23 de febrero y en respuesta a una revelación del podcast "Positivxs" -que trata sobre el VIH desde la experiencia diaria-, la Defensoría emitió un comunicado en el que razonó que su salida del proyecto obedecía a "inconvenientes de naturaleza legales y jurídicos" en el rol que mantenía en este. No obstante, ese razonamiento no fue incluido en la misiva DH-0199-2021, de 12 días antes.

"¿A qué se debe tal discordancia entre ambos pronunciamientos?", preguntaron a la defensora los parlamentarios.

La carta -de la que AmeliaRueda.com tiene copia- la firman el jefe de la fracción de gobierno, Enrique Sánchez Carballo, así como sus compañeras de bancada Carolina Hidalgo Herrera, Paola Vega Rodríguez y Laura Guido Pérez.

También, los diputados le pidieron a Crespo Sancho indicar si los criterios del Departamento Legal de la Defensoría, sobre la inconveniencia de la "administración activa" de la institución en el proyecto se arrastran desde 2016 -cuando el ente auxiliar del Congreso empezó a participar en la iniciativa- o si ella en algún momento desde que asumió el cargo en 2018 expuso esa preocupación a las otras partes del proyecto.

De igual manera los oficialistas le hicieron ver a la defensora que entre las atribuciones generales dispuestas en el artículo 1 de la ley que crea a la institución señalan que esta "deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes" y no solo funciones "fiscalizadoras y no ejecutoras de actos propios de la administración activa", como lo señala la nota de prensa del 23 de febrero.

Sumado a lo anterior menciona que el Reglamento de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República en su ordinal 6 de atribuciones generales se establece el desarrollo programas para la promoción y divulgación de los derechos, mientras que en el 7, inciso h), se indica como "otras atribuciones" el "realizar estudios, investigaciones, preparar informes, publicaciones y campañas" para hacer conciencia estos en la población.

"Ante esto, ¿por qué considera usted que las tareas que desarrollaba la DHR en el marco del convenio con Hivos no están dentro de lo estipulado como responsabilidad de la institución en la normativa? El criterio externado en forma escueta en el pronunciamiento del 23 de febrero de 2021, ¿no sería contradictorio con las labores que se asignan a la Defensoría en la Ley y el Reglamento anteriormente citados?", cuestiona el oficio.

Los congresistas además solicitaron a la defensora hacer un desglose de los ¢31,6 millones que reportó como gasto institucional en 2019 en temas de VIH -según la misiva enviada a Salud e Hivos- y le piden explicar cuál es "el aporte real de dicha medida (la salida) a la solvencia financiera de la institución", ya que esta representa un 0,5% de los ¢6.202 millones asignados al ente en 2021.

Por ello le consultan además cómo justifica la conclusión de participación en el proyecto cuando el convenio le otorgaba a la Defensoría la posibilidad de acceder a fondos por unos ¢97,9 millones para la ejecución de iniciativas a favor de la población con VIH.

Otro aspecto por el que preguntaron los parlamentarios es si se estudió o no el adendum del convenio sobre resolución de conflictos, que plantea la conformación de una comisión tripartita con un representante neutral, uno de Hivos y uno de la Defensoría, para atender las diferencias entre las partes.

Finalmente se cuestiona de qué manera se abordarán las acciones que la institución llevaba adelante en el marco del proyecto -como procesos de diálogo, claridad técnica, capacitación a proveedores de servicios y apoyo jurídico a poblaciones vulnerabilizadas, planes de incidencia política y comunicación, entre otros- o si estas dejarán de ser atendidas.

Paralelo al oficio de los cuatro miembros de la bancada de gobierno, el diputado del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta Flórez-Estrada, anunció que también pedirá explicaciones a Crespo Sancho sobre la decisión, ya que, a su criterio, "no existe justificación para que una institución encargada de velar por las poblaciones en vulnerabilidad abandone un proyecto fundamental como VIH Costa Rica".

Reconsideración y continuidad

El 17 de febrero, mediante el oficio MS-DM-1609-2021 -en poder de este medio-, la viceministra de Salud, Alejandra Acuña Navarro, le externó a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Navarro, la posibilidad de destinar recursos subvencionados por el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria con tal de frustrar la salida de la iniciativa por parte del órgano auxiliar de la Asamblea .

"Le solicito considerar la posibilidad de continuar con el apoyo de la Defensoría en el proyecto país, de forma tal que reciba el soporte financiero para sufragar gastos que se han visto afectados por el recorte al presupuesto ordinario 2021, y así, se pueda continuar con el apoyo de la institución hasta el año 2024 en favor de los derechos de las personas que viven con VIH y poblaciones claves", expresa la misiva.

Durante una entrevista telefónica con AmeliaRueda.com, realizada este 23 de febrero, la también presidenta del Consejo Nacional de la Atención Integral del VIH-SIDA (Conasida) reiteró su posición y se mostró extrañada sobre los "inconvenientes de naturaleza legales y jurídicos" aducidos por la Defensoría en su comunicado.

"Sí sigo lamentándolo porque la Defensoría es la que nos puede apoyar y puede apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las poblaciones en la defensa de sus derechos. Yo tengo la duda de si la Defensoría va a seguir atendiendo la parte del convenio jurídico, va a seguir atendiendo el tema de las denuncias y si siempre las vamos a atender a través de la Defensoría", mencionó Acuña Navarro.

Hivos, a través de la directora de la iniciativa, Laura Sánchez Calvo, destacó la importancia de la participación del ente auxiliar del Congreso y mostró su deseo que este continúe con su rol.

"Tal como lo expresó Hivos, en su nota de respuesta a la defensora, la participación de esta institución en el proyecto ha sido muy estratégica y nos encantaría poder seguir contando con su participación. Sin embargo, respetamos la decisión y la autonomía de la Defensoría de terminar el convenio que tienen con Hivos", indicó por escrito la vocera a este medio.

Asimismo, en la misma línea en la que se pronunció Crespo Sancho, Sánchez Calvo aclaró que la decisión de la institución no afecta la continuidad de la iniciativa.

"Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico" tiene como objetivo asegurar el incremento de recursos locales y la sostenibilidad de un modelo de prevención del VIH en poblaciones vulnerables como los hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y mujeres.

Lo anterior mediante aumentos en el financiamiento destinado a la sociedad civil y poblaciones clave, la consolidación de mecanismos de protección, cumplimiento y respeto de los derechos humanos de personas con VIH.

Para tal fin, el Fondo Mundial realizó al país dos desembolsos por $4,8 millones en 2015 (primera fase, del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2018) y $2,1 en 2018 (1° de julio de 2018 al 30 de junio de 2021); además tiene programado realizar un último giro a medidos de 2021, para la última fase de la iniciativa que se extenderá hasta el 2024.

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