Personas podrían negar servicios por sus "principios" o sus "creencias"; proyecto avanza en comisión

Personas y organizaciones que brinden servicios públicos o privados podrían negarse a realizar cualquier acción si consideran que va en contra de sus "principios y convicciones religiosas" o "sus creencias morales".

Esto dice el proyecto de ley "para Tutelar la de Objeción de Conciencia e Ideario", el cual se tramita bajo el expediente 22.006 desde el 28 de mayo pasado y esta tarde recibió la aprobación de un nuevo texto sustitutivo por parte de los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.

La iniciativa reabre el debate sobre la objeción de conciencia y sus posibles limitaciones, pues colegios profesionales y otras entidades alegan que podría servir como una excusa para discriminar o atentar contra la prestación de servicios básicos como la salud.

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Para objetar razones de conciencia contra cualquier acto, cada persona únicamente tendría que realizar una solicitud por escrito a su jefatura, de modo que esta revise la razonabilidad de su planteamiento. En el caso de organizaciones, estas solo tendrían que establecer sus idearios como parte de sus estatutos.

El proyecto además establece que quien irrespete la norma sería penado por el delito de discriminación racial, contemplado en el artículo 380 del Código Penal. Este contiene castigos de hasta 60 días multa, para todos los casos, y de hasta otros 60 días de suspensión en cargos públicos, para casos de reincidencia.

En el caso de servicios públicos esenciales, la versión más actualizada del proyecto —un texto sustitutivo sugerido en el informe de subcomisión— únicamente establece que las instituciones públicas tendrían que desarrollar "protocolos" para garantizar la prestación de los mismos, sin que se "vulnere el derecho fundamental de los objetores".

Según indica, las entidades deberán resguardar que el ejercicio de la objeción de conciencia "no afecte de forma alguna la prestación eficiente y eficaz" de servicios, sino "garantizar (...) la continuidad en la prestación inmediata, ininterrumpida, de calidad, y al precio legalmente establecido, de los servicios públicos esenciales que les compete".

Se desconocen los costos que tendrían estas indicaciones en términos administrativos, como contrataciones.

El texto lo presentó el independiente Jonathan Prendas, del bloque independiente autodenominado Nueva República (afín al excandidato Fabricio Alvarado), desde el 28 de mayo pasado. Junto con él, firmaron el texto los también independientes Erick Rodríguez, Dragos Dolanescu, Carmen Chan, Ignacio Alpízar, Marulin Azofeifa, Harllan Hoepelman y Nidia Céspdedes; así como Rodolfo Peña, Shirley Diaz, María Inés Solís y Aracelly Salas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).

El texto sustitutivo se aprobó con cuatro votos a favor y tres en contra en Gobierno y Administración. A favor votaron los firmantes del proyecto Jonathan Prendas, David Gurzong, Aracelly Salas y Dragos Dolanescu y; en contra lo hicieron el oficialista Víctor Morales, la independiente Zoila Volio y el liberacionista Jorge Fonseca.

Morales aseguró que permitir objeciones religiosas e ideológicas podía llevar a incertezas jurídicas inconvenientes; sin embargo, Prendas aseguró que la objeción de conciencia ya es reconocida como un derecho y que esta norma busca aclarar sus formas de aplicación. El liberacionista Gourzong inicialmente dijo que no podía darle su visto bueno al proyecto tal como estaba redactado; sin embargo, finalmente aprobó el informe de subcomisión.

Los diputados ahora realizarán una nueva ronda de consultas a ministerios de Gobierno, instituciones estatales, asociaciones y representantes religiosos. Entre tanto, el texto seguirá su camino. Luego se encargarán de dictaminarlo positiva o negativamente.

La objeción de conciencia por motivos religiosos también es impulsada desde distintos flancos por parte de estos y otros diputados. De hecho, varios de ellos la impulsan como parte de otra iniciativa (de "Libertad de Culto"). Esa iniciativa también permitiría a iglesias acceder a donaciones estatales para sus "fines religiosos" y manejar de forma directa centros de restauración de adictos, comedores públicos, instituciones educativas y culturales, hogares, centros de salud, hospitales, medios de comunicación, editoriales e imprentas, o entidades de servicio comunitario.

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Criterios en contra

Según el informe de subcomisión del proyecto de objeción de conciencia, la iniciativa contó con criterios negativos del Colegio de Farmacéuticos, del Colegio de Trabajadores Sociales y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Asimismo, realizaron observaciones negativas mayores el Colegio de Psicólogos, el de Criminología y el de Médicos y Cirujanos.

El Colegio de Trabajadores Sociales incluso señaló que el texto es un "retroceso" y que "atenta contra las conquistas derivadas de luchas sociales, bajo un supuesto argumento de protección de principios, creencias y convicciones individuales, que minimiza el modelo de inclusión social y de Derechos Humanos".

Por su parte, el Colegio de Cirujanos afirmó que se estarían violando los derechos de igualdad y de no discriminación, y agregó preocupaciones por la confusa y laxa redacción de la iniciativa.

AmeliaRueda.com intentó contactar al diputado Prendas para consultar su posición ante estos y otros criterios; sin embargo, no respondió a los mensajes de texto que se le enviaron ni a las llamadas que se le realizaron hasta el cierre de este trabajo.

Aclaración: Esta nota inicialmente consignó por error que el proyecto también se había dictaminado.