32 diputados aprueban en primer debate reforma al empleo público
Entre otros aspectos, el texto elimina la posibilidad de establecer pluses salariales e impone una escala salarial única a todo el sector público, en lugar de los sistemas actuales compuestos
17/06/21 | 17:16pm
Con 32 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de Ley Marco de Empleo Público la tarde de este 17 de junio.
La iniciativa fue apoyada por 12 diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), 8 de Acción Ciudadana (PAC), 1 de la Unidad Social Cristiana (PUSC), 5 de Restauración Nacional (PRN) y 6 independientes. En contra se manifestaron:
- Franggi Nicolás Solano, Liberación Nacional.
- David Gourzong Cerdas, Liberación Nacional.
- Daniel Ulate Valenciano, Liberación Nacional.
- Paola Vega Rodríguez, Acción Ciudadana.
- Welmer Ramos González, Acción Ciudadana.
- Pedro Muñoz Fonseca, Unidad Social Cristiana.
- Pablo Heriberto Abarca Mora, Unidad Social Cristiana.
- Shirley Díaz Mejías, Unidad Social Cristiana.
- Aracelly Salas Eduarte, Unidad Social Cristiana.
- Óscar Cascante Cascante, Unidad Social Cristiana.
- María Inés Solís Quirós, Unidad Social Cristiana.
- Floria Segreda Sagot, Restauración Nacional.
- Wálter Muñoz Céspedes, Integración Nacional.
- Patricia Villegas Álvarez, Integración Nacional.
- José María Villalta Flórez-Estrada, Frente Amplio.
La presidenta legislativa, Silvia Hernández Sánchez, fijó el 24 de junio para el segundo debate. Sin embargo, la propuesta afrontará antes una prueba de fuego, pues pasará a estudio de la Sala Constitucional mediante una o más consultas facultativas, que son un documento razonado que señala los elementos que a criterio de -al menos- 10 legisladores representan un vicio en el fondo del expediente 21.336 o su trámite.
Recién el 24 de mayo anterior, el Plenario culminó la discusión de 352 mociones de reiteración y 188 revisiones, lo que marcó un avance importante de la iniciativa clave en el acuerdo alcanzado por el Gobierno de la República para el acceso a un crédito de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que pretende dar estabilidad a las finanzas públicas tras la profundización de su crisis ocasionada por el estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus.
En ese momento, el plan se remitió a una serie de instituciones públicas para conocer su posición sobre el fondo del texto ahora votado. Una de las respuestas de mayor trascendencia fue la dada por la Corte Plena, que determinó que la iniciativa afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
De acuerdo con el informe del magistrado Jorge Olaso Álvarez -apoyado por los 17 magistrados que conocieron el tema- en el proyecto de ley hay una "clara afectación a la independencia de poderes" en razón de que establece una "Gobernanza de Sistema General de Empleo Público" que recae sobre el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
El Ejecutivo puja con fuerza para la aprobación de esta propuesta, que todo apunta a que requerirá el visto bueno de al menos 38 legisladores en su segundo debate para convertirse en Ley de la República, aunque la decisión final la tendrá el tribunal constitucional.
La misma fue elaborada por la administración de Carlos Alvarado Quesada con el objetivo de disminuir su gasto y afinar sus cuentas fiscales en el mediano plazo, de cara al pacto de financiamiento con el organismo multilateral.
Entre otros aspectos, el texto elimina la posibilidad de establecer pluses salariales e impone una escala salarial única a todo el sector público, en lugar de los sistemas actuales compuestos (de salarios más incentivos económicos). Solo quedaron fuera de estas nuevas reglas las empresas públicas en competencia.
Además de ratificar la rectoría política del Ministerio de Planificación sobre el empleo público -así dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- la propuesta señala responsabilidades técnicas del tema a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
Estimaciones de la cartera apuntan que esta reforma ahorraría al Estado por año hasta un 1,8% del producto interno bruto (PIB).
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